La Fundación Sur saluda con mucho agrado la resolución emitida por el juez español Sr. Fernando Andreu en fecha del 06.02., dictando orden de arresto internacional contra 40 personas, que forman, o han formado parte de la cúpula político militar del Ejército Patriótico Ruandés y del Frente Patriótico Ruandés que, desde mediados de 1994, ocupa el poder en Ruanda. Los cargos que se les imputan fueron cometidos entre los años 1990 y 2000 son extremadamente graves. Entre ellos se incluyen los sufridos por 9 víctimas españolas, entre misioneros y cooperantes, y los cometidos de manera selectiva y masiva contra civiles y religiosos ruandeses y congoleses. En ellos se incluyen así mismo crímenes de pillaje de recursos naturales en el Congo RD. La acusación del Juez español pone de manifiesto que la responsabilidad de estos crímenes cometidos durante ese largo período va más allá de la única versión reconocida por la Resolución ad hoc del Consejo de Seguridad de la ONU.
Nuestra satisfacción es grande, porque esta resolución judicial abre una brecha de mucho calado en las mentiras vertidas por el Gobierno ruandés sobre lo acontecido en Ruanda durante este período de diez años, manipulando los datos y justificando su intervención militar. Todo el mundo conoce la eficacia manipuladora del lobby ruandés. Aún así el éxito obtenido por la versión oficial no explica la aceptación de la misma por parte de la prensa ni la ligereza de la ONU condenando unilateralmente a los hutus ni la insensatez del ACNUR obligando a los refugiados hutus en el Este del Congo a volver a su tierra. Ha habido y continúa habiendo complicidades por parte de los Gobiernos occidentales con Ruanda. Han preferido cerrar los ojos y hacer los oídos sordos a las injusticias que se cometieron y continúan cometiéndose allí. Nos gustaría que esta resolución sirviera para que se reconozca la verdad de los hechos y se haga justicia a todas las víctimas.
Así mismo, nos congratulamos con las organizaciones de derechos humanos tanto españolas como extranjeras lideradas por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos y aquellas personalidades relevantes, como Juan Carrero, Presidente de la Fundación S´Olivar de Mallorca y el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra-Umoya y un grupo de ayuntamientos y familiares ligados a las 9 víctimas españolas, por la querella criminal que presentaron contra la cúpula militar de Ruanda, incluido su presidente, Paul Kagame y cuyos esfuerzos por esclarecer la verdad, se ven ahora recompensados.
Queremos , por último, expresar nuestro deseo de que esta resolución judicial encuentre eco en las instancias políticas de nuestro país y repercuta también en una información más adecuada de los hechos que tuvieron lugar en Ruanda, antes, durante y después de lo que se ha denominado genocidio ruandés.
