Recientemente, una joven de 17 años, embarazada, acudió a una comisaría de policía de Ruanda para informar de que su marido la había echado de su hogar. Pero, contrariamente a lo que pudiera esperarse, la policía abrió un caso de corrupción.
Según los oficiales, lo que estaba detrás de este caso era que, si no hubiera habido malentendidos entre la pareja, la chica nunca habría acudido a comisaría y no habrían sabido que se trataba de un caso de matrimonio forzado que involucraba a una joven menor de edad. Y este es el gran obstáculo en la lucha contra los matrimonios forzados y con adolescentes, que las víctimas conviven con los “infractores” hasta que llegan los malentendidos.
Belina Mukamana, de la sección de la Policía Nacional de Ruanda contra la violencia de género y la protección de niños, se lamenta por estos sucesos: “No podemos saberlo de ninguna manera, de ahí viene el reto”. Añade que algunos de estos casos son reportados a la policía todos los meses, mostrando que los matrimonios forzados y con adolescentes siguen siendo frecuentes, especialmente en áreas rurales.
Pero, ¿por qué iba un padre a casar a su hija adolescente a cambio de un saco de casava? O, peor, ¿por qué iba alguien a forzar a su hija a casarse con un hombre que bien podría ser su padre, por unas pocas monedas? Estas preguntas se repiten cada vez que se debate sobre los matrimonios forzados en las conferencias.
Investigaciones realizadas por expertos en género indican que los matrimonios forzosos siguen siendo comunes, sobre todo en África sub-sahariana.
En la inauguración oficial de la conferencia sobre matrimonios prematuros y forzados celebrada la semana pasada en Kigali, el problema de estos matrimonios era citado como algo que aún existe, también en Ruanda.
De acuerdo con un informe de UNICEF de 2014, al menos setecientas millones de niñas menores de dieciocho años se enfrentan a la injusticia de ser forzadas a casarse. Yvette Muteteri, que trabaja para el Consejo Nacional de Mujeres, explicó que estos casos se repiten, sobre todo, en las zonas rurales de Ruanda por causas de pobreza: “A veces, la pobreza fuerza a las padres a obligar a las hijas al matrimonio a cambio de pequeños regalos”, contaba. Sin embargo, ha observado que éste es el último recurso, después de proveer a las hijas de recursos básicos como la educación. “Ellos, al ver que sus hijas podrían verse envueltas en comportamientos sexuales arriesgados, prefieren casarlas y asentarlas en un hogar marital”, continúa explicando.
Muteteli alega que los matrimonios forzados con chicas menores de edad son ilegales. “La ley permite el matrimonio a partir de los 21 años”, añade, y además defiende que el matrimonio no es sólo cuestión de edad, sino de estar preparado para ello y, sobre todo, de estar dispuesto.
Otra trabajadora del Consejo Nacional de Mujeres, Marguerite Uwamahoro, refleja un punto de vista similar a su compañera, diciendo que una chica debe casarse en el momento preciso y bajo su propio consentimiento. Atribuye los matrimonios forzados a padres codiciosos que esperan sacar beneficio de estas uniones, así que acaban por dar a sus hijas a un hombre que les dobla la edad, todo en nombre de la riqueza. También puntualiza que muchas de las chicas son huérfanas de quienes sus tutores, generalmente familiares, sacan ventaja.
Madeline Ninere, presidente de la Comisión Nacional para Derechos Humanos, contó a The New Times que, aunque no haya estadísticas, los matrimonios forzados siguen siendo una amenaza en Ruanda. Insiste en que la comunidad internacional debe esforzarse para analizar esta amenaza y poder así luchar contra ella.
Otros defensores de la causa explican que la idea del matrimonio forzado nunca puede ser una opción, aunque a veces la práctica se encuentra apegada a las creencias de algunas sociedades.
De cualquier manera, los matrimonios en los que haya una chica menor de 21 años son ilegales, y el marido podría enfrentarse a penas de hasta cadena perpetua. El marido de la chica de 17 años de la que se habla al principio, se encuentra actualmente en prisión; pero lo cierto es que si él no la hubiera echado de casa, ella no habría acudido a la policía y nunca se habría dado noticia del delito.
Urge la necesidad de hacer públicos estos casos para encontrar la forma de luchar contra estas prácticas.
Donah Mbabazi
The New Times – Fundación Sur
