En Zimbabue continúa la persecución de los agricultores blancos

28/05/2009 | Crónicas y reportajes

El polémico “programa de reforma agraria” del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha tomado un nuevo giro el día 27 de mayo, cuando un tribunal ha ordenado el desahucio de un hombre, que no es agricultor.
Ian Campbell Morrison, de 46 años, vive en las montañas de Vumba, al este de Zimbabue, cerca del hotel donde es el encargado del mantenimiento de los jardines. Él y su mujer viven en una casa con jardín, no mucho más grande que un jardín suburbano, donde ellas siembra flores.

Los Campbell solían cultivar tabaco, pero en gobierno les expropió sus tierras y la granja y se lo dieron a un oficial del gobierno, dejándoles a ellos sólo con la casita y el jardín de alrededor de la misma, según cuenta el director del sindicato de los Agricultores Comerciales, CFU, compuesto mayoritariamente por los 350 granjeros blancos que quedan en el país.

Un magistrado de la ciudad cercana de Mutare, sin embargo ha sentenciado que los Campbell deben pagar una multa de 800 dólares por “ocupar ilegalmente terrenos del estado”, y ha ordenado a la pareja que esté fuera de la propiedad para el día 30 de mayo.

Los Campbell son una de las 140 familias de agricultores blancos que se enfrentan al desalojo de sus tierras con las últimas tácticas de la violenta e ilegal campaña de Mugabe, que comenzó en el año 2000, para forzar a los propietarios blancos, que son unos 5.000, a salir de sus tierras.

Esta medida, lejos de haber redistribuido la tierra entre los zimbabuenses negros, como declaraba, ha dejado a un millón de antiguos agricultores en la calle y ha sido una de las causas principales del derrumbamiento de la economía del país.

Mugabe ha declarado que la tierra en manos de los blancos será propiedad del estado, y ha prohibido a los agricultores demandar al gobierno ante los tribuales.

Los desahucios y la violencia han continuado a pesar del establecimiento, en febrero de este año de un gobierno de reparto de poder entre Mugabe y el antiguo partido de oposición, el de Morgan Tsvangirai, con el compromiso de reinstaurar el estado de derecho y asegurar la propiedad de todos los que poseen tierras.

Tsvangirai, ahora primer ministro, empezó prometiendo terminar con el caos legal, y asegurando que ningún crimen, de los invasores, quedará impune”, pero la policía, bajo el control del partido de Mugabe, sigue negándose a actuar contra los muy bien acomodados leales a Mugabe, que son la mayoría de los que se apropian de las tierras productivas, vendiendo sus cosechas.

Los gobiernos occidentales se han negado a dar ayuda financiera para la recuperación de la economía del país, hasta que se den “claras muestras de reformas”, en el restablecimiento del estado de derecho, de la paz y la seguridad, como condición imprescindible.

Pero ha producido un asombro generalizado esta semana, cuando Tsvangirai se refería en una entrevista a los “incidentes aislados, llamados invasiones de granjas, que han sido sacados de contexto y proporción”. Un diplomático occidental ha asegurado tras conocer estas declaraciones que “ya habla como Mugabe”.

El día 26 de mayo por la noche, el propietario de la granja “mount Carmel”, en el distrito de Chegutu, Ben Freeth, y su familia fueron aterrorizados por los “invasores” que les rodearon blandiendo neumáticos ardiendo sobre el tejado de paja de su casa.

El pasado fin de semana, una mujer de 80 años, fue asaltada por la policía, que se llevaba a su hijo de su granja. El día anterior, otro granjero fue apaleado por un seguidor de Mugabe.

“No se ha producido en absoluto ni una resolución, ni siquiera un reconocimiento de que hay un problema”, asegura el presidente del CFU, que intenta detener a los funcionarios de gobierno para que no corten lo que le queda de su plantación de madera, y está vendiendo al gobierno de la vecina Zambia, para postes de teléfono. Él también debe comparecer ante los tribunales por “ocupar ilegalmente la tierra del estado”.

“Esto es lo que está pasando en el país más dependiente del mundo de la ayuda externa, para su alimentación”, lamenta, “hasta que el gobierno no respete los derechos de sus propios ciudadanos y los acuerdos de inversión, nadie se molestará en mirar a este país”.

(Mail & Guardian, Suráfrica, 28-05-09)

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