Este es un anuncio que puede sonar como un trueno en un entorno donde las multinacionales están acostumbradas a una relativa impunidad. La Fiscal general del Trunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, dijo el jueves, en un documento de política sobre «la selección y priorización de los temas a tratar», que la destrucción del medio ambiente y el acaparamiento de tierras serán, desde ahora, tratados como delitos contra la humanidad.
Según Bensouda «Mi oficina prestará especial atención a los delitos que implican o causan estragos ecológicos, la explotación ilícita de los recursos naturales o la expropiación ilegal de tierras”. Helen Brady de la oficina del fiscal explicó que “No se trata de añadir nuevos delitos a los ya incluidos en el tratado fundacional del TPI, el Estatuto de Roma. Lo que reconocemos es un nuevo énfasis en estos crímenes. Esta decisión transforma al TPI en un verdadero tribunal internacional del siglo XXI. Envía un mensaje poderoso que podrá ser entendido por los que se sientan tentados por estos delitos».
Si esta decisión puede parecer sorprendente, recibe sin embargo el acuerdo de muchas organizaciones de defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos autóctonos. «El acaparamiento de tierras no es menos dañino que la guerra en términos de impacto negativo sobre la población civil. El anuncio del TPI debe ser una señal para los ejecutivos de negocios e inversores que no pueden considerar el medio ambiente como un coto de caza” lo ha expresado con alegría en L’Express Alice Harrison, de la ONG Global Witness. La directora de esta ONG, Gillian Caldwell, considera que este anuncio tendrá al menos el mérito de la disuasión. «La decisión de la procuradora muestra que la era de la impunidad ha terminado. Según su análisis los presidentes generales y políticos cómplices de los acaparamientos violentos de tierras, la destrucción de los bosques tropicales y el envenenamiento de fuentes de agua potable podrían terminar en La Haya en compañía de criminales de guerra y de dictadores”.
A menudo acusada de parcialidad y falta de eficacia, el TPI, con sede en La Haya, que hasta el presente solamente ha perseguido a responsables (en su mayoría africanos) de genocidio y crímenes de guerra, espera redorar su blasón en el altar de la causa del medio ambiente. Algunos abogados han enviado ya un informe a la Fiscal para pedirle que investigue las cesiones de tierras en Camboya
Souha Touré
Agence Ecofin – Seneweb
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[Fundación Sur]
