Algunas organizaciones de refugiados y de solicitantes de asilo ganaron recientemente una apelación contra el gobierno del Reino Unido, quien intentaba aprobar una política para deportar a Ruanda a los inmigrantes ilegales africanos que llegasen a sus costas. El Tribunal de Apelaciones de Londres ha anulado un fallo del Tribunal Superior, fechado en diciembre, que argumentaba que el plan era legal y que no violaba la Convención de Refugiados ni las leyes que defienden los derechos humanos.
Ian Burnett, Lord Presidente del Poder Judicial de Inglaterra y Gales, declaró que existen pruebas suficientes para afirmar que deportar a los inmigrantes a Ruanda supone ponerlos en grave peligro, pues es altamente probable que de allí sean enviados a sus países de origen, de donde están huyendo porque su seguridad se encuentra en riesgo.
Sin embargo, el gobierno británico se ha mantenido firme en su decisión y ha declarado que continuará defendiendo la política propuesta hasta superar todos los obstáculos legales.
Autora: Berna Namata
Fuente: The East African
[Traducción y edición, Itzá Camacho de Domingo]
[CIDAF-UCM]