La clase política holandesa ha reaccionado con estupor ante el registro efectuado el día 13 de diciembre en el domicilio de la opositora ruandesa, Victoire Ingabire, en su casa cerca de Rotterdam, en Holanda. Algunos partidos han pedido explicaciones al ministro holandés de Justicia.
Según Jeroen Recourt, parlamentario laborista y encargado de Justicia, “Esto ha suscitado numerosas preguntas. ¿Cómo es posible que la Justicia holandesa se atreva a efectuar un registro a demanda de Ruanda, mientras que los Países Bajos han expresado sus serias dudas sobre la imparcialidad del juicio contra Victoire Ingabire?, está claro que el ministerio de Justicia y de Exteriores no han sido consultados”.
“Evidentemente, los Países Bajos estudian las demandas de orden judicial provenientes del extranjero. Pero se trata de un asunto muy delicado. No queremos colaborar, en Países Bajos, con procesos de carácter político”, añadió Jeroen Recourt.
Victoire Ingabire, líder de las Fuerzas Democráticas Unidas, FDU, está actualmente en prisión en Kigali, la capital ruandesa, a la espera de su juicio. La justicia ruandesa la acusa de actividades terroristas y está en busca de pruebas para ello.
Después del genocidio de 1994, Victoire Ingabire se trasladó junto con su marido y sus hijos a los Países Bajos, donde han construido una nueva vida. El domicilio de la familia, ha sido objeto de un registro, el día 13 de diciembre, por parte de la policía holandesa.
Joel Voordewind, diputado miembro del partido Christen Unie, está indignado: “¿Por qué las autoridades holandesas deberían ejecutar las órdenes de Kigali, a la vez que estas mismas autoridades suspenden la ayuda directa al presupuesto de Ruanda, por las inquietudes que suscita la situación de los derechos humanos en el país?”.
Ruanda y Países Bajos no tienen ningún tratado de extradición, pero pueden darse asistencia mutua. “Una demanda de registro, puede ser una variante de ayuda judicial”, señala el abogado holandés y experto en derecho internacional, Gert Jan Knoops, “Todas las damandas requieren la autorización del ministro de Justicia”.
Otro diputado de Democracia Cristiana del CDA, Cortuz Cokun, está en contra de todo asunto legal relacionado con la política, y en el caso de Ingabire se muestra muy reservado: “Toda demanda venga de Ruanda o de China puede llevar a no hacer la investigación. Aunque el sospechoso pueda haber cometido crímenes horrendos. Porque usted no sabe, no más que yo, qué hay detrás de esa investigación”.
(Rwandinfo, 15-12-10)
