El presidente keniata promulgó, el viernes, una nueva y polémica ley de seguridad, que fue aprobada en un ambiente caótico, garantizando que no viola los derechos fundamentales de los keniatas, como afirman sus detractores.
Kenyatta criticó la actitud «deplorable» de los diputados de la oposición que intentaron el jueves oponerse al voto de la Asamblea sobre esta ley, aprobada en medio de gritos, abucheos, lanzamiento de objetos diversos, enfrentamientos y hasta una pelea a puñetazos.
«Las preocupaciones planteadas por las diversas partes fueron tenidas en cuenta por las comisiones parlamentarias competentes», declaro el Sr. Kenyatta a la prensa después de firmar la ley.
De acuerdo con el Jefe de Estado las diversas enmiendas aprobadas por la Comisión velarán para que la ley no viole ninguna disposición de la «Declaración de Derechos» contenida en la Constitución de 2010. El presidente exhortó a los keniatas a leer la nueva ley para quedar convencidos.
Esta ley no tiene más que un objetivo: proteger las vidas y las propiedades de todos los ciudadanos de esta república, ya que el gobierno está siendo criticado duramente por su incapacidad para frenar la amenaza de los islamistas somalíes shebab que han multiplicado en los últimos meses sus incursiones mortales en Kenia.
Acusó a los miembros de la oposición de no ser conscientes de las amenazas que, en este momento, se ciernen sobre Kenia y agradeció a los de la mayoría haber tenido la «presencia de ánimo» suficiente para aprobar la ley.
El país es el objetivo de ataques y bombardeos por parte del shebab, desde que el presidente envió, en octubre de 2011, a su ejército para combatir a los islamistas en el sur de Somalia. Toda una serie de ataques del shebab en el norte del país y en la costa han causado 160 muertes desde junio.
La oposición había anunciado el jueves su intención de impugnar la validez de la ley en la corte, diciendo que su contenido es inconstitucional e impugnar también la validez de los votos de la Asamblea.
La nueva ley, por ejemplo, aumenta de 90 a 360 días, el período de detención policial para los sospechosos de «actos terroristas», alarga las penas de prisión y facilita las escuchas telefónicas.
A los periodistas que «entorpezcan las investigaciones o las operaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo» se les castigará con tres años de prisión, al igual que a aquellos que publiquen imágenes de las «víctimas de los ataques terroristas» sin el permiso de la policía .
[Fuente: afriqueexpansionmagazine-Fundación Sur]
