El presidente de Guinea Bissau, José Mario Vaz, puede ser destituido por fuerza de la ley que impera hoy en el país si desacata la decisión judicial sobre el nombramiento del primer ministro.
Así lo aseguró el dirigente del Partido de la Convergencia Democrática (PCD) Víctor Mandinga tras arribar a Bissau y hacer un balance de la misión que organizaciones políticas guineanas realizaron en Dakar, Senegal, tras contactos con líderes de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao).
Según el otrora ministro de Finanzas, el foro de Dakar «fue claro» con Vaz sobre la necesidad de cumplir la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le ordenó la devolución del poder al gobernante Partido Africano para Independencia de Guinea y Cabo Verde (Paigc) y este sea quien indique el nombre del futuro jefe de gobierno.
Después del fallo del Supremo, «el PCD piensa que no hay otra interpretación», dijo el diputado Mandinga, quien alertó que otras disquisiciones conducirán a la violencia, a desacatos e infelizmente a la intervención de los militares.
«Todo presidente que en ejercicio cometa un delito contra la ley debe ser inmediatamente destituido mediante un proceso penal», subrayó Mandinga, quien aconseja a Vaz que acate la decisión judicial y solicite al Paig el nombre del futuro primer ministro.
La incertidumbre azota desde el miércoles de la pasada semana a Guinea Bissau después que en esa jornada el Supremo declarara inconstitucional el decreto presidencial que nombró a un nuevo jefe de gobierno.
De acuerdo con la Corte, resulta ilegal «en forma y en la materia» la disposición de nombrar a Baciero Djá como nuevo primer ministro el 20 de agosto.
Por ese dictamen, Djá decidió dimitir del cargo. Su gobierno cayó en menos de 48 horas y a casi un mes de que Vaz cesara al otrora jefe de gobierno Domingos Simões Pereira, líder del Paig.
El pedido de verificación de la constitucionalidad del decreto presidencial fue presentado por la Asamblea Nacional y organizaciones de la sociedad civil.
Una larga crisis institucional sirvió de pretexto para que Vaz cesara el 12 de agosto al Ejecutivo y argumentara que resultaban excesivos los enfrentamientos con Simões Pereira a quien acusó junto a su administración de nepotismo, corrupción y falta de transparencia en la gestión pública.
El gobernante afirmó ahora que aceptaba la decisión del Supremo y que escuchará a los partidos políticos, con asiento en el Parlamento, para formar a un nuevo gobierno.
