El Consejo de Ministros de la semana pasada decidió suspender la emisión de autorizaciones para el ejercicio de la medicina y paramedicina por parte de funcionarios públicos con clientela privada. Los permisos que estaban en progreso de ser autorizados serán revocados hasta nuevo aviso.
El Consejo de Ministros ha observado que el personal del hospital o de la universidad del hospital pasa más tiempo con pacientes en sus prácticas de atención privada que con pacientes de los hospitales públicos, y sin embargo es el Estado el que les paga por atender a los pacientes de la salud pública. Este estado de cosas tiene un impacto negativo en la calidad de la atención a nivel de los centros de salud pública. Los pacientes están obligados a recurrir a las consultas privadas de estos mismos médicos que practican y ejercen en la salud pública.
El Consejo de Ministros ha dado a estos profesionales de la salud hasta el 30 de agosto para elegir uno de los 2 campos en el que ejercerán la medicina: o se dedican a sus actividades en el sector privado o permanecen al servicio del Estado. A partir del 1 de septiembre de 2018, el Gobierno comenzará a realizar controles en todo el territorio nacional.
Rufin Patinvoh
Fuente: La Nouvelle Tribune
[Fundación Sur]
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