Según un reciente informe de Amnistía Internacional, los distintos gobiernos de África Subsahariana condenaron al menos a 1083 personas a muerte tan sólo 2016, más del doble de condenas de este mismo tipo emitidas en 2015 (443).
La investigación demuestra que el aumento exponencial de este tipo de condenas en la región se debe, en gran medida, a la proliferación de este tipo de juicios en Nigeria, que en 2016 condenó a casi 500 personas.
Si bien el número de sentencias se duplicó, las ejecuciones que finalmente se consuman han disminuido hasta los 22 casos. Las ejecuciones se produjeron principalmente en Somalia, Sudán y Botsuana.
Según el asesor sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional, Oluwatosin Popoola, «Los países del África Subsahariana que continúan aferrados a la pena de muerte demuestran un total desprecio por el derecho a la vida de las personas y están en el bando equivocado de la historia».
La última encuesta mundial de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, que se publicó en abril, muestra que cada vez son menos los países que siguen utilizando esta sentencia. También recoge que durante el 2016 se ejecutaron a menos personas que el año anterior, pero advierte de que las tasas de condenas y ejecuciones no son del todo fiable ya que son muchos los gobiernos que no hacen públicas las mismas.
Botsuana realizó la primera ejecución de 2016, la primera que se consumaba en el país desde el año 2013. «El retroceso de Botsuana no debe repetirse en ningún otro lugar de la región», advierte en el informe Deprose Muchiena, director de Amnistía Internacional en África Meridional. Unas 300 personas alrededor de toda África Meridional, fueron sentenciadas a muerte en 2016. La inmensa mayoría de estas condenas se produjeron en Zambia (157) Y Zimbabue (97).
«Los países africanos que aún utilizan la pena de muerte, pueden reducir la ejecuciones aboliendo las penas de muerte obligatorias, reduciendo el número de delitos castigables con ella y limitando su imposición a los delitos más graves», propone Popoola, aunque reitera que estas restricciones deben estar encaminadas a la abolición total de la pena de muerte.
El informe no investiga directamente los efectos de la pena de muerte en las familias de los condenados en el corredor de la muerte, pero hace referencia a como esto prolonga el sufrimiento de las familias y de los propios condenados.
En un sentido más práctico, Popoola argumenta que «la pena de muerte desvía fondos, recursos y energías que podrían utilizarse para combatir la delincuencia y ayudar a los afectados por ella». «La pena de muerte es un síntoma de la cultura de la violencia, no su solución», sentencia.
Fuente: Bhekisisa
[Traducción y edición, Sarai de la Mata]
[Fundación Sur]
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