Han aumentado los asesinatos selectivos, más de 200 escuelas y recientemente un tribunal están cerrados por «razones de seguridad». Los analistas temen que el norte de Burkina Faso, acosado por ataques recurrentes yihadistas durante 3 años, está a punto de escapar al control del Estado.
Kouliga Nikiema, un responsable del partido de la oposición de la Unión para el Progreso y el Cambio, se pregunta: «Tras el cierre de escuelas y de ayuntamientos, es el turno del cierre del Palacio de Justicia. ¿Habremos perdido el norte y el Sahel de nuestro país?».
Unos 20.000 alumnos y 800 maestros se ven también privados de la escuela. A mediados de abril, un maestro fue secuestrado porque según el grupo yihadista del Estado Islámico del Sahara, autor de dicho secuestro, «hablaba en francés a los estudiantes».
El miércoles pasado, el tribunal de Djibo, capital de la provincia de Soum, frontera con Malí, fue cerrado «hasta nuevo aviso» por «razones de seguridad»; el personal teme represalias yihadistas.
Para Nikiema «Es obvio que la soberanía nacional está profundamente sacudida por este cierre. La población de Djibo puede ver en este cierre un abandono de la administración central».
Aunque no se han escatimado esfuerzos, Burkina Faso se enfrenta desde marzo de 2015 a ataques cada vez más frecuentes y mortales en la parte norte del país por grupos armados activos. Un registro oficial habla de 133 muertes en 80 ataques en esta región. A esto se suman 3 ataques yihadistas en la capital Ouagadougou, en 2 años, la última vez en marzo, lo que causó un total de casi 60 muertos.
Karamoko Traoré, experto en seguridad, opina que «Ya sea por secuestro de funcionarios o de funcionarios electos locales, por asesinatos selectivos, por el uso de explosivos y ataques yihadistas en las escuelas o en mercados, todo indica que la región del Sahel de Burkina Faso se encuentra seriamente amenazada».
En la primavera de 2017, el fortalecimiento de la presencia militar en operaciones del norte conjuntas con Malí y con las fuerzas francesas de la operación Barkhane, habían permitido que el ejército de Burkina Faso se recuperase y que tranquilizase a la gente. La semana pasada, las operaciones de redadas permitieron arrestar a 100 personas y neutralizar dispositivos explosivos, según el Estado Mayor.
Sin embargo, Traore subraya que «a pesar de los muchos esfuerzos, la falta de mano de obra, de efectivos y medios militares, conllevan un riesgo cada vez mayor de la pérdida de esta región, o de que se convirtiera en una tierra de nadie». Por su parte, Souleymane Ouedraogo, activista y analista político, señaló que «7 de los 9 departamentos de la provincia de Soum han sido afectados por ataques terroristas, obligando a la población de estas comunidades a huir».
Según la Cruz Roja, desde enero más de 5.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en la provincia de Soum para llegar a las comunidades más al sur. Una cifra «minimizada» según Ouedraogo, que estima el número de desplazados en «14.000 o 15.000. Los pueblos se están vaciando poco a poco y los que quedan están constantemente amenazados por los combatientes de Ansarul Islam, que se desplazan a Malí», país con el que Burkina comparte frontera de más de 1.000 kilómetros de longitud.
Fundado por Malam Dicko, el grupo islamista Ansarul Islam ha reivindicado numerosos ataques contra el ejército de Burkina Faso, el más sangriento de los cuales ha matado a 12 soldados en diciembre el 2016. A fines de febrero, Estados Unidos colocó a este grupo en su lista negra «terrorista».
«La policía parece indefensa frente a los combatientes listos para morir», dice Karamoko Traoré, citando el asesinato el pasado miércoles de 3 personas, incluyendo un líder tradicional. No obstante, a finales de 2017, el ministro de Defensa Jean-Claude Bouda, había prometido: «Burkina no cederá un solo centímetro de su territorio (…), vamos a defendernos con uñas y dientes para salvar nuestro país». La semana pasada, el gobierno de Burkina Faso prometió «movilizar más recursos para mejorar la seguridad y permitir una reapertura gradual de escuelas cerradas en la región», sin dar más detalles.
El gobierno ha puesto en marcha, en junio de 2017, un programa de emergencia durante 3 años con 455.000 millones de francos CFA (700 millones de euros) para mejorar la seguridad, la educación, salud y llegada de agua potable en la región del Sahel de Burkina.
Fuente: SlateAfrique
[Fundación Sur]
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