Desde la distancia parece que son espantapájaros los que peinan las montañas de basura en busca de botellas de plástico. Las ropas andrajosas cuelgan de los cuerpos delgados y en sus rostros, demacrados y consumidos, se adivinan las drogas consumidas al amanecer.
Es difícil imaginar que estos chicos sean “niños brujos”. Y, sin embargo, este es el motivo por el que cientos skolombo, o niños callejeros, viven hoy en el vertedero de Lemma, a las afueras de la ciudad de Calabar, en el sudeste de Nigeria.
“Mi abuela enfermó y se le inflamó mucho una de las piernas”, cuenta Godbless. “Dijo que era mi culpa, que yo era brujo”. El niño de 14 años está sentado en un refugio provisional de Lemma al que ahora llama hogar. Comparte esta sofocante casucha de madera con otra media docena de niños que se encuentran fuera fumando el cannabis que les ayudará a sobrellevar el día que tienen por delante.
La familia de Godbless le llevó a la iglesia local, donde el pastor confirmó las sospechas de su abuela. El pastor aseguró que, en efecto, era brujo. Sus familiares le pidieron que se fuera de casa, pero él se negó. Godbless se remanga la tela del pantalón corto para descubrir una larga cicatriz en la parte superior del muslo. “Esto es lo que me hizo mi tía cuando me negué a irme de casa”, susurra. “Calentó un cuchillo en el fuego y me lo puso en la pierna”.
Dos años después de huir, Godbless y su banda de niños callejeros se ganan la vida reciclando botellas de plástico y latas de refresco. Luego las pesan y con algo de suerte, dice, consigue un par de dólares a la semana para comprar comida, ropa y medicinas.
“Cuando una familia deja a estos niños en la calle, es como si les matara”, dice Adek Bassey. Bassey es un estudiante que colabora con Today for Tomorrow (Hoy para mañana), una pequeña organización nigeriana de voluntarios que, una vez a la semana, se encuentran con los niños cerca del vertedero para darles comida y atender a sus problemas de salud.
Esta estudiante protesta ante la inacción del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Bienestar Social del estado de Cross River, que al parecer dispone de un bote de dinero para hacer frente al problema de los skolombo.“No hay nadie del gobierno estatal que venga a alimentar a estos niños, nadie que se ocupe de su escolarización, nadie que les enseñe un oficio.” “No sé si se trata de corrupción o de negligencia intencionada”, se queja. “O si sencillamente han tirado la toalla con estos niños callejeros, si creen que no tiene solución”.
Bassey dice haber recibido llamadas anónimas desde que un colega colgó fotos del trabajo que realizan en Lemma en su perfil Facebook. “Alguien me llamó y me dijo: ¿Quién te ha dado permiso para entrar en ese sitio?” recuerda. “Más te vale salir de ahí antes de que te metas en un lío”. “Otra persona llegó a decirme que podían arrestarme por tráfico de menores”. Su madre le ha rogado a Bassey que abandone su labor con los niños, pero ella se niega. “Pueden lincharme o matarme”, dice. “Pero no voy a parar”.
Manipulando miedos
En el delta del Níger, donde una forma de extremismo cristiano se ha asentado y mezclado con las creencias indígenas, un número alarmante de niños han sido acusados de practicar brujería con intenciones mezquinas.
Estas acusaciones han conseguido crear una generación de marginados que viven a merced de un sistema incapaz de protegerlos. El fenómeno es relativamente reciente en la región. Explotó en la década de los 90 impulsado, en parte, por películas populares y profetas autoproclamados que manipulaban los miedos de la gente para conseguir dinero fácil.
El epicentro de las acusaciones de brujería a niños y niñas se encuentra en los estados de Akwa Ibom y Cross River, en el sudeste del país. Un estudio de 2015 estimaba que 15 000 niños habían sido señalados como practicantes de brujería. Y, aunque no existe una cifra definitiva para el número de skolombo que hay en Calabar, según un estudio de 2010, el 85% de los niños callejeros como Godbless han sido acusados de brujería.
Las consecuencias para muchos de estos niños son devastadoras. Muchos de los niños e incluso bebés acusados de brujería son encadenados, obligados a pasar hambre, golpeados, e incluso ha habido casos en los que se les ha prendido fuego. También se han denunciado casos de padres que han intentado cortar la cabeza de sus “hijos brujos” con sierras.
Los motivos para acusar a estos niños son tan sorprendentes como su castigo. Desde mala conducta, absentismo escolar, una mala cosecha o el mal funcionamiento de la moto familiar, todas estas son razones suficientes para acusar a un niño de brujería.
“Tenemos leyes para lidiar con las acusaciones de brujería” dice el abogado nigeriano James Ibor. “El problema no es la ley, el problema es su aplicación”. “Hasta que no empecemos a aplicar las leyes, nuestros niños no estarán a salvo”. Ibor, que dirige la organización local Basic Rights Counsel Initiative (BRCI) en Calabar, dice que tanto el código penal como la ley de 2003 de los Derechos del Niño prohíbe, no solo el trato denigrante, sino la acusación de brujería.
Solo tres cuartos de los estados de Nigeria han integrado la versión federal de la Ley de los Derechos del Niño en sus legislaciones, y hasta el momento, solamente el estado de Akwa Ibom ha incluido cláusulas específicas para lidiar con los abusos a menores acusados de brujería. La ley estatal de 2008 convirtió las acusaciones de brujería en hechos punibles con hasta 10 años de privación de libertad. Sin embargo, 10 años más tarde, sigue sin haber un solo acusado cumpliendo sentencia.
Ibor resalta el hecho de que su estado, Cross River, aún no ha modificado su versión estatal de la Ley sobre los Derechos del Niño para condenar las acusaciones de brujería de forma explícita. Pero Oliver Orok, Ministro de Desarrollo Sostenible y Bienestar Social, asegura que su ministerio está colaborando con UNICEF para abordar estas deficiencias legales.
“Se trata de prácticas presentes en este país desde hace mucho tiempo y que están muy ligadas a las costumbres locales; como saben acabar con las viejas costumbres lleva tiempo”, justifica el ministro. “Se han tomado numerosas medidas en el marco de los presupuestos de 2018 para construir un centro para menores en riesgo y para aquellos que tengan problemas con la ley”, añade Orok.
El abogado, originario de Calabar, encuentra que la situación precaria en la que se hayan estos niños se debe, en gran medida, a una falta de voluntad política, pero admite que se trata sobre todo de una falta de recursos. “La policía dispone de pocos recursos económicos y técnicos para llevar a cabo este tipo de investigaciones”, recalca Ibor. “A menudo, hay que presionar para que se investiguen estas cuestiones, y a veces la única forma de conseguirlo es pagando a la policía para que puedan pagar la gasolina para desplazarse y recolectar pruebas”. Añade que, “Tampoco disponen de los medios para llevar a cabo análisis forenses, por lo que la mayoría de veces los costes corren a cargo de uno mismo”. “Aunque tuviera los medios, no podría hacerlo. La fiscalía argumentaría que he pagado para alterar los resultados forenses.”, concluye Ibor.
Marc Ellison
Los nombres de los niños han sido modificados para proteger sus identidades.
Fuente: Aljazeera
[Fundación Sur]
[Traducción y edición, Mariana Entrecanales]
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