Violencia preelectoral en el régimen de Kagame
Miembros del Pacto en Defensa del Pueblo (PDP-IMANZI), de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU-Inkingi) y del Partido Demócrata Verde de Ruanda (DGPR) – partidos de la oposición críticos con las políticas del Gobierno de Paul Kagame- están siendo objeto de ataques y amenazas por parte de instituciones y personas próximas al Frente Patriótico Ruandés (FPR).
Así lo han denunciado diversos organismos de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth (consultor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas). Estas organizaciones destacan que las violaciones de derechos humanos en Ruanda se han incrementado con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en agosto próximo.
El régimen de Kigali acusa arbitrariamente a los opositores de “traidores” y “negacionistas” (del genocidio tutsi de 1994), señalan, y se escuda en esas acusaciones para “frenar la libertad de expresión”. “Ruanda tiene la obligación de prohibir los discursos que constituyan una incitación a la discriminación, la hostilidad, o la violencia. Pero en Ruanda las leyes sobre la ideología genocida combinan demasiado a menudo la disidencia política con dicha incitación”, apuntan AI. Desde HRW advierten que “esta multiplicación de ataques contra los miembros de los partidos de oposición no presagia nada bueno cara a la elección”.
Ataques a opositores
El caso de Déogratias Mushayidi, presidente del PDP-IMANZI, es uno de los más destacados. El 5 de marzo se encontraba en Burundi, desde donde tenía previsto entrar a Ruanda para inscribir a su partido de cara a presentarse a las elecciones, cuando fue detenido y llevado a Ruanda. El fiscal general de Ruanda, Mr Martin Ngoga, manifestó públicamente ese mismo día que la policía ruandesa le había detenido.
Déogratias Mushayidi fue alto representante del FPR en Suiza hasta 1994. Posteriormente se desvinculó del Frente Patriótico. A pesar de que todos sus parientes próximos murieron de forma violenta durante la revolución de 1959 y el genocidio de 1994, él ha trabajado activamente los últimos años en favor del Diálogo Interruandés y de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación. El Gobierno le acusa ahora de ser responsable de los ataques con granada recientemente ocurridos en Kigali en donde 16 personas resultaron heridas.
Otro de los opositores ruandeses que ha denunciado agresiones es Victoire Ingabire, presidenta de FDU-Inkingi. Ingabire fue agredida y despojada de sus documentos de identidad por un grupo de jóvenes el pasado febrero cuando tramitaba el registro de su partido político. Además, ha sido acusada de actividades ilegales (hacer campaña de su partido cuando éste no tiene el registro totalmente formalizado), su madre condenada a 30 años de cárcel de una manera que considera arbitraria y el gobierno la ha tildado de “genocida” y de colaboradora el grupo armado FDLR (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda). Ingabire había pedido públicamente, a su regreso del exilio en enero de 2010, que se persigan también los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra los Hutu por el FPR y el ejército ruandés, y los responsables de los mismos sean llevados ante la justicia.
Por su parte, Frank Habineza, líder del Partido Verde (DGPR), hizo pública el 8 de marzo una carta enviada al Presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, en la que denunciaba las numerosas trabas para registrar su partido y las amenazas de muerte recibidas por miembros de su formación política.
Denuncias al Gobierno
En este sentido, la CHRI, HRW y AI han mostrado su honda preocupación por las continuas restricciones y amenazas a la oposición en el periodo previo a las elecciones en Ruanda. Recuerdan, además, que constituyen una violación de los principios fundamentales de la Commonwealth y piden que se respete el derecho de los partidos de la oposición a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. .“Los opositores y detractores del gobierno no cesan de estar confrontados a amenazas y a obstáculos para realizar su legítima actividad en Ruanda”, sentencia AI.
Ante estos hechos, la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra-Umoya solicita al señor José Luis Rodríguez Zapatero, por recaer en España actualmente la presidencia de turno de la U.E. y al señor José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, exijan al Gobierno ruandés:
– que cese de intimidar a los miembros de los partidos políticos de la oposición y deje de poner trabas administrativas a aquellos partidos que quieren inscribirse y presentar una candidatura a las elecciones,
– que ponga en libertad a todos los presos políticos,
– y que, vistos los acontecimientos presentes, manifieste públicamente qué garantías va a dar para que sea creíble que las próximas elecciones presidenciales van a ser limpias, transparentes, libres de coacción a la población y que su resultado no va a ser manipulado por el Gobierno.
Federación de Comités de Solidaridad con África Negra-Umoya
