El Gobierno se niega a dar a los inmigrantes irregulares que no puede expulsar un documento que regularice su situación hasta que los echen. El Defensor del Pueblo y el Senado pidieron a la Secretaría de Estado de Inmigración que otorgase un permiso de trabajo temporal a los extranjeros, cuyo origen no puede precisar, y que no tiene más remedio que poner en libertad, tras la estancia de 40 días en los centros de Internamiento para Extranjeros. A partir de este momento los extranjeros quedan en un limbo jurídico, son pasto de la explotación laboral, los trabajos ilegales y la marginalidad, porque no pueden ni trabajar ni regularizarse de ninguna manera.
El ejecutivo ha rechazado de pleno la propuesta y replica que ese documento estimularía a las mafias que trafican con personas y convertiría a esos extranjeros en “residentes”, a continuación de los cual detalla en una lista los mecanismos legales por los que un extranjero puede regularizar su situación en España.
El Defensor cree que el Gobierno se equivoca y pide que “evalúe de nuevo el problema” y lo reconsidere. Esta institución considera que lo que se pretende es “salvaguardar la dignidad de las personas” y que la propuesta ha sido mal interpretada por el Gobierno, ya que lo único que pretende es sacar de la marginalidad a esas personas inmigrantes. Ya en 2006 el Ministro de Trabajo se comprometió a poner en marcha medidas que afrontasen esta situación, pero parece ser que no ha encontrado ninguna válida.
(El País, 24-09-07)
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