El gobierno de Uganda ha sido obligado a pagar 37.000 millones de chelines [13 millones y medio de euros] a una compañía francesa, Basir Read Bouygues, por haber roto un contrato. En febrero de 2004, la compañía obtuvo el contrato de 85.000 millones de chelines para rehabilitar la carretera de Jinja a Bugiri, de 73 kilómetros, financiado por la Unión Europea.
El ministro de Justicia, Khiddu Makubuya, dijo que el dinero le fue otorgado a la compañía después de que un tribunal de arbitraje en Francia y Suráfrica dictaminase que no era correcto que el gobierno modificase el contrato después de un cambio de la ley de impuesto del valor añadido, IVA.
El tribunal también dictaminó que el gobierno no notificó los cambios en la especificación de asfalto a la compañía en un periodo de tiempo razonable.
Makubuya explicó que después de las negociaciones llevadas a cabo en París, en junio de 2009, el gobierno acordó pagar a la compañía 13 millones de euros, para el 31 de octubre de 2009.
“El 21 de octubre, el procurador general aprobó que el gobierno pagase 13 millones de euros, como la mejor opción que tenía, y se concluyó un acuerdo de liquidación”, señaló cuando respondía a las preguntas planteadas por el comité de asuntos legales y parlamentarios, sobre gastos suplementarios. Makubuya quiere que los fondos sean provistos mediante un presupuesto suplementario.
En febrero de 2005, los contratistas terminaron el contrato alegando que el gobierno de Uganda había retrasado los pagos del IVA y la toma de una decisión con respecto a la modificación de las especificaciones para el asfalto.
Otras razones que se apuntaron son que el gobierno no reformó el contrato para dar la compensación a la compañía, por las modificaciones en la ley del IVA.
La compañía francesa dijo que el gobierno de Uganda no tomó las medidas apropiadas para mitigar los inesperados efectos de los cables y instalaciones de servicios públicos en el lugar del proyecto, y no dio un borrador del proyecto original ni datos del diseño en el plazo establecido.
Pero el gobierno consideró la terminación como inválida y declaró que las cuestiones planteadas por el contratista estaban siendo examinadas con el fin de dar a la compañía una compensación y una ampliación de plazo.
Makubuya explicó que cuando las dos partes no llegaron a una resolución amistosa, la compañía trasladó el caso para su arbitraje a Londres, pidiendo 18 millones de euros “Apelamos a las garantías de pago anticipado que habían emitido bancos de Francia y de Suráfrica, pero de nuevo la empresa francesa impugnó las apelaciones en los tribunales de estos dos países.”
De las cinco causas presentadas por la compañía, el tribunal sólo admitió dos, ahorrando al gobierno unos 9.7 millones de euros. “La implicación de esta sentencia era que aunque el gobierno tuvo éxito al recurrir las otras tres causas, las dos ganadas por la compañía francesa significan que su periodo de terminación era válido”, señaló el ministro.
Examinando el presupuesto suplementario el día 25 de febrero, los ministros se quedaron atónitos al averiguar que a pesar de que el ministro les aseguró que el gobierno ganaría el caso, el ministerio está buscando fondos para compensar a la firma francesa. “El ministro nos dijo que este era un buen caso, pero nunca volvió a informarnos de que habíamos perdido dicho caso”, señala uno, mientras otro se pregunta por qué el ministerio retrasó un pago que a la vez incluyó en el presupuesto suplementario.
Mary Karugaba and Milton Olupot
(New Vision, Uganda, 26-02-10)
