La nueva ministra de Agricultura de Suráfrica, Tina Joemat-Pettersson, ha asegurado que Suráfrica, el mayor productor de maíz del continente, no expropiará las tierras a los agricultores blancos para redistribuirlas entre los surafricanos negros, ya que esto perjudicaría la economía del país.
“Con nuestra política de comprador dispuesto – vendedor dispuesto hay veces que la tierra se convierte en demasiado cara para que el estado pueda adquirirla, y si enfrentamos un programa de expropiación, eso desestabilizará la economía de la industria de la agricultura”, declaró en una conferencia de empresas agrícolas, de Ciudad del Cabo.
Después de la caída del apartheid, en 1994, el Congreso Nacional Africano, ANC se propuso una meta a sí mismo: la de dar el 30 % del total de la tierra cultivable a la mayoría negra, para 2014.
Pero el progreso hacia ese objetivo ha sido muy lento, y sólo un 4 % de la tierra ha sido adquirida a los propietarios privados, con muchos problemas de financiación, que el gobierno considera que pueden dificultar el logro de sus objetivos al gobierno.
La reforma agraria, o de la tierra, es un tema delicado en la mayor economía de África, donde los críticos aseguran que el programa ha perjudicado la inversión en el sector de la agricultura comercial y ha reducido drásticamente la tierra disponible para la agricultura comercial.
Duras críticas
Mientras tanto, los países africanos pueden necesitar poner en marcha un código de conducta para gobernar las adquisiciones de tierra de cultivo por parte de extranjeros, según se alertó en la conferencia de empresas agrarias, el día 15 de junio.
En un intento de superar la dependencia de las importaciones de alimentos, países de Asia, y del Golfo, han empezado a comprar o arrendar tierra para cultivos en el continente más pobre del mundo, donde millones de personas sobreviven gracias a la agricultura de subsistencia.
Pero estas llamadas “adquisiciones de tierra” han atraído fuertes críticas por parte de los activistas de la tierra, que plantean su preocupación por la posible explotación, así como algunas agencias de donantes internacionales, la Unión Africana y la Unión Europea.
Marilou Uy, la directora del Departamento de Desarrollo del Banco Mundial para el Sector Privado y Financiero de África, asegura que los estados africanos necesitarían establecer las reglas para gobernar las adquisiciones de tierras de cultivo, para protegerse a sí mismos de una posible explotación.
“Es bastante evidente el aumento del interés, especialmente entre los inversores extranjeros y empresas a gran escala, en la adquisición de tierra, necesitan un código de conducta”, añade Uy.
“Este código de conducta debería traer una comprensión clara de la amplia variedad de asuntos de la política de la tierra, desarrollo social… gobernación y transparencia”, añade.
Idit Miller, vicepresidente y director general del Centro Europeo de Investigaciones de Mercado, asegura que el código de conductas probablemente la única manera de asegurar que el beneficio de los acuerdos sobre la tierra, sea mutuo tanto para el gobierno como para los inversores.
“Empieza con los gobiernos y una vez que dicen “están son las condiciones de nuestras tierras”, entonces los inversores extranjeros no tendrán más remedio de prestar atención”, señaló.
Grupos de presión han pedido con urgencia más precaución por parte de los gobiernos que venden tierras de cultivo a los extranjeros, advirtiendo que algunos de los acuerdos pueden llevar a inestabilidad social.
La Alianza para la Revolución Verde en África, AGRA, liderada por el anterior jefe de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo la semana pasada que los gobierno necesitan hacer consultas generalizadas, sobre todo a los agricultores a pequeña escala, antes de firmar acuerdos que podrían aumentar la pobreza.
Las agencias internacionales informan de que desde 2004, se han gastado alrededor de 920 millones de dólares para comprar o arrendar casi 2.5 millones de hectáreas de tierra cultivable en cinco países del África Subsahariana.
(Mail & Guardian, Suráfrica, 16-06-09)
