El presidente en funciones del grupo legislativo de Unity Party (UP) en la Cámara de Representantes, Hanson Kiazolu, ha dado la voz de alarma sobre los planes del gobierno de recortar el salario de los funcionarios en el presupuesto público para el curso 2019/2020. Estas propuestas aparecen en el marco de las medidas de austeridad promovidas desde el ejecutivo actual y que, según Kiazolu, sentarían un peligroso precedente que podría derivar en malestar social de los más de 65.000 trabajadores públicos del país.
Por supuesto, este representante ha confirmado la oposición de su grupo a esta propuesta, ya que considera que un plan de recuperación económica basado en recortes de este tipo no contribuye a satisfacer los intereses del estado, ya que el poder de adquisición de los ciudadanos afectados se vería drásticamente reducido, poniendo en riesgo la capacidad de crear una economía fluida con hábitos de trabajo eficientes.
Desde Unity Party afirman que el gobierno tiene las capacidades de satisfacer los salarios de los funcionarios con la recaudación de ingresos nacionales, y ponen como ejemplo la gestión del expresidente Ellen Johnson Sirleaf.
El principal argumento de Kiazolu para defender su postura contra los recortes en los sueldos de estos trabajadores es la perturbación del orden social en un contexto en el que la economía ya está lo suficientemente dañada. Por ello, las medidas deberían apuntar hacia la inversión como fuente de impulso para obtener mayores ingresos.
El representante de UP urge al gobierno a promover otros procedimientos que, si bien enmarcados en las políticas de austeridad, no comprometan las condiciones de vida de un colectivo tan numeroso. Además, considera que el desarrollo de políticas contra la corrupción en las instituciones públicas debería ser desarrollado.
Kiazolu entiende que el presupuesto presentado por el gobierno no solo no muestra una situación realista en cuanto a las proyecciones de ingresos nacionales, sino que además omite la relevancia de las fuentes externas y extranjeras en las que, dice, el crecimiento económico debería apoyarse.
El Institute for Research and Democratic Development (IREDD) también ha instado al Gobierno a promover una reforma estructural de los presupuestos, ya que la línea continuista presentada no haría sino consolidar el deficiente estado actual del presupuesto público, que conlleva pobreza y perjudica al desarrollo y el cumplimiento de los objetivos marcados por la Pro-Poor Agenda for Prosperity and Development (PAPD).
Fuente: Daily Observer
[Traducción y edición: Álvaro García López]
[Fundación Sur]
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