El jefe de estado de la República Centroafricana, CAR, François Bozize, ha promulgado una ley que otorga una amnistía general a personalidades, militares y líderes civiles de los grupos rebeldes.
La aprobación de Bozize se ha producido quince días después de que el parlamento de la CAR adoptase el proyecto de ley, el 29 de septiembre.
La ley de amnistía estipula el aplazamiento de los procesos legales contra líderes y activistas de grupos políticos y militares que viven en el país o en el exilio, por delitos contra la seguridad nacional y la defensa, así como los delitos relacionados con estos asuntos.
El documento que cubre el periodo desde el 15 de marzo de 2003, hasta la fecha de su promulgación, el 13 de octubre, se dirige al antiguo presidente de la república, Ange Felix Patasse, el líder rebeldes del APDR, Jean Jacques Demafouth, y a Martin Koultamadji, entre otros.
Además, concede amnistía general a los coautores y cómplices de desfalco de fondos públicos, asesinatos y participación en asesinato.
La amnistía, sin embargo, establece que “los casos objeto del Estatuto de Roma están excluidos, o sea, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro crimen bajo la autoridad del Tribunal Penal Internacional, ICC”.
El documento establece también que “en caso de un segundo delito, la amnistía será anulada e inválida automáticamente, y los culpables se arriesgan a ser acusados de estos antiguos cargos otra vez. Como resultado, los procesos iniciados antes se reabrirán. “Por miedo a la nulidad, los beneficiarios de la amnistía que directa o indirectamente sembraron la violencia o acciones de complot militar mediante grupos rebeldes deberán dar orden de que cese la violencia y hacer cumplir un alto inmediato al fuego sin condiciones”, establece el documento.
Además, bajo la misma ley, toda la gente implicada está obligada a entregar todas las armas pesadas, munición y maquinaria, y a desarmar, desmovilizar y reintegrar sus tropas en 60 días, a partir de la promulgación de esta ley. Los beneficiarios de la amnistía que mantengan relación con cualquier acción rebelde perderán el favor de la ley y será excluido de toda actividad política durante diez años de manera condicional, según el documento.
La adopción de esta ley de amnistía por parte del parlamento de la República Centroafricana ha levantado polémica y desacuerdo entre los protagonistas de la crisis del país.
(African Press Agency, 14-10-08)
