Cuatro años después de la histórica victoria judicial por la que los bosquimanos del Kalahari obtuvieron el reconocimiento de su derecho a vivir en sus tierras ancestrales, el Gobierno de Botsuana ha emitido un comunicado en el que desacata abiertamente la sentencia.
En el año 2002 el Gobierno de Botsuana expulsó forzosamente a los bosquimanos de sus tierras, la Reserva de Caza del Kalahari Central. El 13 de diciembre de 2006, tras la batalla legal más larga y costosa de la historia del país, el Tribunal Supremo de Botsuana dictaminó que el Gobierno había expulsado forzosamente a los bosquimanos de sus tierras de forma ilegal e inconstitucional.
Sin embargo, desde la sentencia el Gobierno ha seguido impidiendo a los bosquimanos regresar a su hogar y ha emitido una declaración que desafía la decisión del Tribunal Supremo.
En el comunicado, el Gobierno asegura que «no fuerza [a los bosquimanos] a salir de la Reserva de Caza», y que los bosquimanos «han dado la bienvenida a los avances en sus nuevos asentamientos». Sin embargo, el tribunal falló que los bosquimanos «fueron desposeídos de la tierra que ocupaban de forma injusta, ilegal y sin su consentimiento».
El comunicado también argumenta que el Gobierno ha provisto a los bosquimanos con «avances en sus nuevos asentamientos, como el aprovisionamiento de instalaciones educativas y médicas y otras muchas oportunidades para mejorar su calidad de vida». Aún hoy, trece años después de que se crease el principal campo de reasentamiento, prácticamente ningún bosquimano ha encontrado trabajo estable y el alcoholismo y la enfermedad están muy extendidos. Tal y como expresó uno de los jueces: «[El Gobierno] debería considerar si la desaparición de un pueblo no supone un precio demasiado alto a pagar por ofrecer servicios en un lugar centralizado».
A pesar de que el tribunal falló que «el cese simultáneo del suministro de alimentos y de la emisión de licencias de caza [es] equivalente a condenar a los últimos residentes [de la reserva] a muerte por inanición», el Gobierno ha prohibido a los bosquimanos el acceso al agua o cazar para alimentarse. En el comunicado se acusa a los bosquimanos de cazar furtivamente en sus propias tierras y argumenta que esto ha provocado «un descenso de todas las especies de la reserva», aunque no existe ninguna evidencia sobre esto.
El comunicado del Gobierno también critica a Survival International, esgrimiendo que la organización «quiere que [los bosquimanos] vivan una vida de pobreza y enfermedad». Sin embargo, uno de los jueces elogió a Survival por dar «coraje y apoyo a un pueblo que históricamente ha sido demasiado débil económica y políticamente como para cuestionar decisiones que les afectan».
Según Stephen Corry, director de Survival: «El Gobierno de Botsuana está repitiendo ahora los mismos argumentos que esgrimió en 2002 y que, como ya se demostró, no son más que una absoluta fabricación. No fue sólo Survival quien dijo que el Gobierno se lo había inventado todo; también los innumerables periodistas independientes que visitaron la zona lo confirman. El Gobierno está intentando sacar a los bosquimanos de sus tierras para poder dar paso a la minería de diamantes y al turismo; es tan simple como esto. Lo ha estado intentando durante trece años y podría lograrlo. Survival intensificará su llamamiento para boicotear los diamantes y el turismo. Que sea el consumidor quien decida si quiere ser parte de la destrucción de los bosquimanos.»
(Survival, 13-12-10)
