En los 20 años de existencia del TPIR (Tribunal penal internacional para Ruanda), el trabajo de búsqueda de la verdad y el de impartir justicia han avanzado paralelamente para ilustrar y comprender las muy concretas “políticas del genocidio”. No se trataba de poner en cuestión el “porqué” de este genocidio, sobre el que tantas conferencias y coloquios exponían sus presuntos fundamentos, sino de responden al “cómo”.
Cómo, cuándo, quién decidió, puso en marcha, alimentó durante tres meses el genocidio de los ruandeses tutsi en la primavera de 1994. Esta historia factual de la realización de las masacres ha tratado de establecer lo más objetivamente posible cómo “sucedieron las cosas” en las diferentes prefecturas, según los grupos de actores y los individuos.
La impresionante documentación y los saberes acumulados gracias a las investigaciones y encuestas hechas sobre el terreno practicadas por el TPIR constituyen un depósito insoslayable.
La historia de la guerra desencadenada por la rebelión del Frente patriótico ruandés (FPR) en octubre de 1990 y del genocidio de 1994 es una historia compleja. Aclara los procesos de decisión en las altas esferas, las estrategias de exacerbación de la división étnica por parte de los bloques armados – fuerzas regulares y rebeldes – y las que trataban de ahogar las aspiraciones y las fuerzas democráticas; proyecta luz también sobre la voluntad por parte de los dos bloques armados de batirse a partir del 6 de abril, tras el atentado contra el avión presidencial.
Esta historia se esfuerza por reconstituir la puesta en pie del gobierno del genocidio y su toma de control del aparato del Estado. Las investigaciones restituyen las ambiciones, los cálculos y las acciones de los protagonistas de las masacres, pero también las resistencias a las órdenes de matar y las acciones de salvamento de tutsi y de opositores en peligro de muerte.
Los resultados de estas investigaciones han sido objeto de declaraciones contradictorias ante las salas del TPIR y han alimentado numerosos juicios. Así, en nombre de los hechos examinados, los jueces de todas las salas han rehusado confirmar una historia intencionalista del genocidio de los tutsi que afirmaría que el genocidio había sido preparado desde 1990 al inicio de la guerra desencadena por el FPR, o, incluso, desde la proclamación de la República “hutu” en 1959, según la actual vulgata oficial repetida.
Se comprende, por lo tanto, la animosidad de las autoridades ruandeses suscitada concretamente por las sentencias más importantes y recientes del TPIR que afectan a los acusados considerados como los cerebros del genocidio; sentencias que han rechazado sistemáticamente confirmar los postulados de la historiografía oficial, según la cual los diferentes componentes del Estado ruandés lo eran también de organizaciones criminales.
El gobierno que existía el 6 de abril de 1994 no era genocida. Su Primer ministro (asesinada el 7 de abril) y el Alto mando militar no eran genocidas. El genocidio es la culminación de una estrategia política puesta en pie el 7 de abril por grupos político-militares extremistas hutu; por aquellos que más tenían que perder si no se imponían y juzgaron que tras el atentado e inevitable relanzamiento de la guerra había llegado el momento de dirimir por las armas el conflicto con el FPR y de acabar con las fuerzas políticas que lo apoyaban en el interior. El gobierno interino constituido entonces erigió el genocidio de los tutsi en “política pública”.
Este resultado final no era ni fatal ni anticipado; a lo largo de los días y semanas, las lógicas de confrontación paroxística no pudieron ser impulsadas tan lejos más que porque los protagonistas rechazaron cualquier otra salida al conflicto, más que por el hecho de que los costos humanos consecuentes les parecieron aceptables frente a los objetivos perseguidos. El resultado no se deriva de ninguna maldición o atavismo propio a un continente, a un pueblo, a una etnia; no es el fruto de una conspiración internacional; es la obra de individuos y grupos claramente identificados, cuyas estratagemas pueden describirse; estratagemas a las que recurrieron para desencadenar este cataclismo, y mantener durante tres meses la mecánica de las masacres. La mayoría de ellos han sido juzgados y condenados.
Otros, concretamente los responsables del FPR, a los que el TPIR ha acordado una completa inmunidad, lo serán necesariamente, ya que los crímenes ligados al genocidio, a los crímenes de guerra y contra la humanidad son imprescriptibles. Sin embargo, muchos episodios permanecen todavía desconocidos y es importante colmar el espacio entre la abundancia de los datos relativos al genocidio y al régimen de Habyarimana y la indigencia de informaciones relativas a la estrategia y objetivos de guerra del campo vencedor y de sus apoyos extranjeros; una guerra de la que tomaron y mantuvieron la iniciativa durante cuatro años.
Efectivamente, la verdad judicial es una verdad sometida a normas específicas; está ligada también a los saberes disponibles en el momento de los procedimientos judiciales y a los elementos de prueba sometidos a los jueces del TPIR por las partes. Hoy día, ninguna otra instancia ha movilizado tantos medios para establecerlos ni dispone de elementos que habrían podido ser tenidos en cuenta. Sobre todos los informes, las autoridades ruandesas han podido suministrar los testigos y pruebas para acreditar sus tesis. En este contexto, que estas autoridades acusen de prejuicio político a los jueces ante decisiones que no les agradan pone de manifiesto un enfoque que poco tiene que ver con la verdad y la justicia. A la vista de las pruebas disponibles y de los hechos establecidos, este cuestionamiento expresa una pura estrategia de negación en provecho de una historia oficial.
André Guichaoua (Profesor universitario, sociólogo)
