El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo llegó a Kenia el día 5 de noviembre para mantener conversaciones sobre los juicios de los responsables de la violencia postelectoral del año pasado, que se cobró 1.500 vidas.
Durante su visita de dos días de duración, Moreno Ocampo se reunirá con los rivales en las elecciones de diciembre de 2007, el presidente Mwai Kibaki y el primer ministro, Raila Odinga.
El TPI ha llevado a cabo unas investigaciones preliminares desde febrero de 2008, sobre la violencia que estalló durante el recuento de los votos y escaló en espiral hasta alcanzar los feudos tribales, que también dejó cientos de miles de desplazados.
El gobierno de Kenia todavía no ha tomado medidas ni ha actuado sobre las recomendaciones de su propia investigación, realizada hace un año, para que se estableciera un tribunal especial para juzgar a los sospechosos.
El Parlamento, a principios de este año, rechazó un proyecto de ley para crear el tribunal, argumentando que el tribunal sería propenso a interferencias políticas, pero los críticos han dicho que esta decisión se tomó por miedo a tener que sentarse ellos mismos en el banquillo.
La oficina de Moreno Ocampo declaró en septiembre que estaban decididos a juzgar a los “mayores responsables” por supuestos crímenes contra la humanidad. El mismo Ocampo declaró que haría del país del África Oriental un “ejemplo para el resto del mundo en cuanto a la actuación contra la violencia”.
Su visita a Kenia podría determinar si los jueces del TPI deciden iniciar los procesos con o sin luz verde por parte del ejecutivo de Kenia.
La lista de los principales sospechosos no ha sido hecha pública, pero se sabe que incluye a varios ministros y miembros del Parlamento.
El ex presidente de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que presentó la listas al Tribunal de La Haya, el TPI, el pasado mes de julio, advirtió el mes pasado del grave riesgo de resurgimiento de la violencia si Kenia no logra implantar reformas institucionales y legales.
Los gobiernos occidentales han aumentado la presión sobre el gobierno de unidad de Kenia en los últimos meses, para que acelere las reformas.
El día 4, el fiscal general de Kenia, Amos Wako, admitió durante una rueda de prensa que era el primer oficial que ha visto rechazado su visado para viajar a los Estados Unidos, como parte de las sanciones impuestas por Washington, sobre los oficiales acusados de estar involucrados en la violencia post electoral y de obstruir las reformas.
Annan ayudó a mediar para terminar con la violencia, construyendo un gobierno de reparto de poder en el que Kibaki seguiría siendo el presidente y Odinga sería el primer ministro.
La violencia surgió después de que Kibaki fuera declarado vencedor de las elecciones del 27 de diciembre de 2007, desatando acusaciones de Odinga de haber manipulado el proceso para lograr su reelección.
Lo que comenzó como violencia política pronto se tornó en asesinatos por represalias tribales, en las que intervenían la pobreza, el odio étnico desde hacía tiempo y las disputas sin resolver.
(IOL, 05-11-09)
