El domingo 16 de junio, el ex presidente de Sudán, Omar al-Bashir, fue acusado de delitos relacionados con la corrupción, apareciendo en público por primera vez desde que fue derrocado y detenido en abril.
Con el mismo aspecto que antes de que lo detuvieran los militares, lo llevaron a la oficina del fiscal en Jartum. Fue acusado de posesión ilícita de moneda extranjera y de aceptar regalos de manera no oficial, declaró a los medios el fiscal Alaa al-Din Abdallah, y agregó que Bashir tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones.
Su juicio será una prueba de cuán serio será el consejo militar de transición del país para tratar de borrar el legado de su gobierno autocrático de 30 años, marcado por la violencia generalizada, el colapso económico y la secesión de Sudán del Sur.
El mes pasado, Bashir fue acusado de incitación y participación en el asesinato de manifestantes, y los fiscales también quieren que se lo interrogue por sospechas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. El fiscal principal de Sudán declaró el sábado 15 de junio que 41 ex funcionarios de la administración de Bashir estaban siendo investigados por sospecha de corrupción.
Parálisis política
Los militares derrocaron y detuvieron a Bashir el 11 de abril después de 16 semanas de protestas callejeras contra su gobierno. Pero a pesar de su destitución, Sudán sigue paralizado por un enfrentamiento político entre un consejo militar de transición y una coalición de manifestantes y partidos de oposición que exigen una administración dirigida por civiles durante una transición planificada a la democracia.
Las conversaciones sobre un acuerdo para compartir el poder se han derrumbado, y las tensiones se dispararon el 3 de junio cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en un campamento de protesta en Jartum que se mantiene como una forma de presionar a los gobernantes militares para que entreguen el poder. Los manifestantes pusieron el número de muertos por la incursión en 128, y el ministerio de salud en 61.
Investigadores militares afirmaron el sábado que se encontró que oficiales del gobierno de varios rangos habían sido responsables de la dispersión del campamento sin la aprobación oficial. El dirigente adjunto del consejo militar, quien se dirigió a los simpatizantes del palacio presidencial, declaró el domingo que estaba listo para aceptar nombramientos para los cargos gubernamentales más importantes propuestos por la coalición.
«En realidad no estamos en disputa y somos socios en esta gloriosa revolución», declaró el general Mohamed Hamdan Dagalo. “hablan de un gobierno tecnocrático y estamos listos».
Fuente: News 18
[Fundación Sur]
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