Un nuevo golpe militar ha vuelto a sumir a Sudán en el caos, interrumpiendo el curso de la transición democrática iniciada tras el levantamiento popular de abril de 2019, que derrocó la larga dictadura de Omar al-Bashir. Todo comenzó en la madrugada del lunes 25 de octubre, cuando, tras bloquear todas las rutas de acceso a la capital, Jartum, las fuerzas armadas entraron en el nuevo palacio presidencial.
Los militares, encabezados por el general Abdel Fattah al-Burhan, disolvieron el gobierno compuesto por militares y civiles, arrestaron al primer ministro Abdalla Hamdok y su esposa, así como a los ministros de Industria, Ibrahim al Sheikh, y de Información, Hamza Baloul; así como varios funcionarios gubernamentales y miembros de movimientos de la sociedad civil. Después del golpe, los militares suspendieron la Constitución, declararon el estado de emergencia, bloquearon Internet y cerraron el aeropuerto de Jartum.
Las fuerzas de seguridad también utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma (y también reales) para reprimir las manifestaciones organizadas por los movimientos prodemocráticos sudaneses, que el sábado pasado vieron a decenas de miles de personas tomar las calles en diferentes zonas de Jartum y en la ciudad hermana de Omdurman, así como en la ciudad de Nyala. Las protestas masivas pidiendo el restablecimiento del gobierno civil se repitieron en todo el país, desde El-Obeid hasta Atbara y Port Sudan, a pesar de la campaña de detenciones y el cierre de las redes de telefonía móvil.
Los grupos a favor de la democracia rechazan enérgicamente la posibilidad de reconocer o negociar con un gobierno militar y, en cambio, piden la liberación de todos los líderes civiles, incluido el primer ministro Abdalla Hamdok, que en el momento de escribir esta crónica se hallaba bajo arresto domiciliario.
Las marchas de los manifestantes representan el desafío más grave a la toma del poder por parte de los militares, que para dispersar las marchas hasta ahora han causado al menos 11 muertos y más de 170 heridos. Un homenaje sangriento que suscitó un coro de reacciones condenatorias de la comunidad internacional y de Amnistía Internacional, que ha invitado a los generales sudaneses a investigar los homicidios de manifestantes y enjuiciar a las personas implicadas.
Las manifestaciones se produjeron cuando el general al-Burhan ha anunciado que, para ocupar el puesto de primer ministro, nombraría a un técnico que gobernaría junto a los generales. Burhan insistió en que la toma del poder por parte del ejército «no es un golpe de Estado«, sino una iniciativa tomada con el único propósito de «cambiar el curso de la transición sudanesa«.
Las protestas fueron legitimadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien en un tuit advirtió a las fuerzas de seguridad de Sudán que respetaran los derechos humanos, agregando que cualquier violencia contra manifestantes pacíficos sería «inaceptable» y que Estados Unidos seguía apoyando al pueblo de Sudán en su lucha no violenta por la democracia.
Haciéndose eco de Blinken, el enviado especial británico para Sudán y Sudán del Sur, Robert Fairweather, con un tuit instó a las fuerzas de seguridad sudanesas a «respetar la libertad y el derecho de expresión» de los manifestantes, destacando que «la protesta pacífica es un derecho democrático fundamental y los servicios de seguridad y sus líderes se responsabilizarán de cualquier violencia contra los manifestantes”.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue reconociendo al gobierno del depuesto primer ministro, Abdalla Hamdok, como legítimo, mientras que Estados Unidos y el Banco Mundial han recortado la ayuda exterior esencial para el país que atraviesa graves dificultades económicas.
Sin embargo, los militares no parecen tomar todo esto en consideración y continúan reprimiendo las protestas abriendo fuego contra la multitud, derribando las barricadas de neumáticos y piedras que bloquean las carreteras y poniendo a miles de personas bajo custodia.
El golpe militar se produjo después de semanas de tensiones crecientes entre líderes militares y civiles. A pesar de los esfuerzos de diálogo y aparente conciliación entre civiles y militares, estos últimos siempre han tratado de mantener las riendas del poder, dejando espacio solo para concesiones puramente simbólicas.
Las Fuerzas Armadas siempre han percibido como una amenaza el intento de liberación y supremacía de los componentes civiles del Consejo Soberano de Transición, que se habría fortalecido aún más a través de la legitimidad derivada de las elecciones previstas para 2023.
La misma decisión de derribar a al-Bashir en abril de hace dos años debe interpretarse con el fin de ofrecer al pueblo sudanés un chivo expiatorio y salvaguardar la imagen de las fuerzas armadas, que apoyaron el golpe de 2019 e implementaron el del pasado 25 de octubre a pesar de ser una parte integral del sistema de poder que controló Sudán durante treinta años.
Por esta razón, las recientes iniciativas del Comité creado para recuperar fondos públicos de los leales a al-Bashir y los recientes movimientos para entregar al-Bashir a la Corte Penal Internacional en La Haya han sido vistos como una caza de brujas por los militares y muchos funcionarios públicos que han permanecido leales al dictador.
Además, no hay indicios de que las fuerzas armadas hayan planeado entregar el poder a los líderes civiles, como lo demuestra la forma en que las fuerzas armadas negociaron el proceso de transición desde el principio, alimentando las tensiones a medida que el país se acercaba a la fecha límite para ceder el control del Consejo Soberano de Transición a los civiles.
Sin embargo, el liderazgo civil no está exento de culpa. Debido a problemas sistémicos profundamente arraigados y la lenta implementación de un apoyo internacional adecuado, la situación económica no ha mejorado rápidamente, mientras que varias figuras prominentes de la sociedad civil han sido absorbidas por luchas de poder inútiles y contraproducentes.
La contigüidad entre el antiguo régimen y el actual liderazgo militar también se manifiesta en los roles de liderazgo que algunos altos oficiales de la era al-Bashir aún continúan teniendo en el país. Entre todos surge la figura del vicepresidente del depuesto Consejo Soberano de Transición, Mohamed Hamdan Dagalo “Hemeti”, un poderoso general sudanés del clan Mahariya, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF); una unidad mercenaria, contratada por el gobierno de Jartum, que durante la guerra en Darfur fue responsable de crímenes de guerra y de una violencia sin precedentes contra miembros de los grupos étnicos no árabes fur, maasalit y zaghawa.
En el confuso clima posterior al golpe en Sudán, Hemeti emergió como la eminencia gris del sistema de poder sudanés, jugando un papel primordial en la caída del Consejo Soberano de Transición y que continúa tejiendo las tramas de la junta golpista dirigida por el general al- Burhan.
En la actualidad, es difícil predecir cuáles podrían ser los desarrollos de la crisis sudanesa, en la que las fuerzas armadas controlan la situación en la capital, Jartum, y en los principales centros urbanos. Mientras que una parte del pueblo sudanés y la sociedad civil se han declarado dispuestos a restaurar el Consejo Soberano de Transición, incluso con formas de movilización violenta.
Una oposición que podría conducir a una mayor radicalización del enfrentamiento entre las partes y determinar un conflicto interno a gran escala, con todas las dramáticas consecuencias que se derivarían.
Marco Cochi
Original en: Afrofocus @afrofocus
*Artículo publicado en: Eastwest.eu
