La República Democrática del Congo, con una población superior a los 60 millones de habitantes y unos 500 grupos étnicos, es uno de los Estados africanos con mayor diversidad de poblaciones. La mayoría de los grupos humanos de esta población desbordan los límites geográficos del Estado. Por otra parte, una buena parte de los habitantes de la RDC son descendientes de inmigrantes de la época colonial o resultado de la integración o instalación de refugiados que han llegado desde países vecinos desde los años 1960; personas, casi siempre pertenecientes a grupos étnicos ya existentes en el Congo. La cuestión de saber qué comunidades o personas deben ser consideradas como componentes de lo que ha venido a resultar ser la nación congoleña constituye una de las cuestiones más controvertidas desde la independencia. Las respuestas dubitativas o parciales a esta cuestión han amenazado los cimientos mismos de la nación y han generado reacciones violentas con consecuencias negativas para la paz y seguridad.
Inmigraciones sucesivas y criterios fluctuantes de naturalización
El hecho de basar la ciudadanía congoleña en el principio del ius sanguinis (derecho de sangre o nacionalidad por filiación) ha sumido a cientos de miles de personas en la incertidumbre sobre sus derechos. Esta incertidumbre ha servido de justificación o pretexto para empuñar las armas. Como se sabe, los litigios sobre el estatus jurídico de las poblaciones ruandófonas (hablantes del kinyarwanda) del Norte y Sur Kivu ha estado en el corazón mismo de los conflictos que han asolado la región. La cuestión de saber quiénes son originarios del Congo y cuándo esos ruandófonos han llegado al territorio nacional congoleño está en gran manera en la raíz de los conflictos armados de 1996-1997 y de 1998-2003.
Según los vaivenes de la política, leyes sucesivas han ido estableciendo la fecha/punto de partida para que una persona sea considerada congoleña con nacionalidad de origen: 1885, 1908, 1960. Los debates para saber qué personas deben considerarse como “autóctonas” y sobre la fecha de su llegada al Congo han protagonizado las tensiones locales y controversias sobre la posesión de la tierra y de los recursos naturales, así como las guerras regionales.
En los Kivus, escenario especialmente turbulento en los 15 últimos años, los grupos mayoritarios “autóctonos” son los Nande (Kivu Norte), los Bashi y Barega (Kivu Sur) con otras minorías también autóctonas y numerosos grupos de ruandófonos, designados genéricamente como Banyarwanda, principalmente hutu con una minoría tutsi. Es el estatus de estos banyarwanda el que ha sido y sigue siendo contestado. Como en numerosas regiones africanas, los litigios sobre la propiedad de la tierra, tanto para el cultivo como para el pastoreo, han sido el elemento desencadenante de conflictos de mayor amplitud.
Los orígenes de los Banyarwanda en RDC son objeto de controversia. Algunos niegan que haya en el Congo banyarwanda autóctonos. Parece sin embargo que antes de la colonización había zonas poblabas por ruandófonos sometidos a la autoridad de la monarquía ruandesa. Estas poblaciones se convirtieron de facto en ciudadanos congoleños en febrero de 1885, cuando se reconoció en Berlín el Estado Independiente del Congo (EIC) del rey de los belgas Leopoldo II. En 1910 hubo un acuerdo entre Alemania, Bélgica y Gran Bretaña; se establecieron nuevas fronteras y algunas partes del EIC pasaron bajo el dominio alemán (Ruanda). Ruanda y Burundi pasaron bajo control belga tras la primera guerra mundial. La administración colonial belga puso en marcha una política de transplante de poblaciones hutu y tutsi ruandesas hacia el Congo (sobre todo hacia Masisi, Kivu Norte), a causa de la superpoblación y de las hambrunas. Estos “transplantados” constituían una mano de obra (a veces forzosa) para las plantaciones agrícolas y para las minas. Hubo también migraciones de ruandeses al margen del programa del colonizador belga.
Uno de los sub-grupos de Banyarwanda instalados en RDC lo constituyen los descendientes de poblaciones pastoriles tutsi, que emigraron desde Ruanda y Burundi a la altiplanicie de Mulenge, Kivu Sur, en el siglo XIX, o incluso antes, como sostienen algunos. A partir de los años 1970, este grupo comenzó a autodenominarse “Banyamulenge” (gentes de Mulenge), lo que expresaba su deseo de afirmarse con una identidad separada del resto de grupos étnicos del Kivu Sur y del resto de banyarwanda, en una pugna por aumentar su influencia en las políticas provinciales y/o nacionales. A partir de los años 1990, Banyamulenge ha venido a designar a los tutsi congoleños en general.
Después de la independencia, los Kivus han ido absorbiendo otros inmigrantes económicos, así como refugiados provenientes de Ruanda y Burundi que huían de las violencias sucesivas. En 1959 llegaron miles de tutsi debido a la revolución hutu y abolición de la monarquía tutsi ruandesa.
Respuestas legislativas parciales e inadecuadas
La primera ley reguladora de la nacionalidad congoleña data de 1892; otorgaba la nacionalidad congoleña a “todo hijo nacido de padres congoleños”. Cuando el EIC se convirtió en Congo belga, en 1908, todos los congoleños se convirtieron en súbditos belgas, aunque sin derechos cívicos y políticos.
Ya en el año 1960, momentos antes de la independencia, el estatuto de los ruandófonos de los Kivus suscitaba controversias. Se recordará que la “Table ronde” de Bruselas, preparatoria de la independencia congoleña, se celebró meses después de la masiva entrada en el Congo de tutsi ruandeses que huían de la revolución hutu de 1959. Tanto estos refugiados como los transplantados de los años anteriores eran decisivos para asentar el poder en algunas zonas y su presencia modificaba la correlación de fuerzas sobre bases étnicas. Hubo fuertes resistencias a otorgarles la ciudadanía y la “Table Ronde” estipuló que sólo podían votar y ser elegidos en las elecciones de 1960 los que eran ciudadanos según el decreto de 1882; se autorizaba votar a los transplantados y refugiados pero no ser candidatos a ocupar un puesto.
La ley fundamental de mayo de 1960 nada dijo sobre la nacionalidad. La Constitución de Luluabourg de 1964, en su artículo 6 declaraba que “era congoleña toda persona, que el 30 de junio de 1960, cuyos ancestros eran o habían sido miembros de o formado parte de una tribu instalada en el Congo antes de 1908” fecha de la creación del Congo belga. En consecuencia, los banyarwanda que habían emigrado después de 1908 no eran ciudadanos congoleños, más bien apátridas. El hecho de que hubiera ruandófonos instalados en el Congo antes de 1908 no fue argumento suficiente para considerar al conjunto de ellos como ciudadanos congoleños.
Tras la independencia hubo violencias en un Estado todavía muy frágil. Se produjeron intentos secesionistas en Katanga y los Kasaï, y hasta el golpe de Estado de Mobutu se vivió un periodo de gran inestabilidad. En este periodo los “autóctonos” del Kivu Norte movilizaron a sus partidarios contra los banyarwanda considerándolos extranjeros, incluso a los que podían demostrar su instalación en el Congo antes de 1908. Fue la llamada “guerra de kanyarwanda” que enfrentó a banyarwanda, hutu y tutsi, a comunidades nande, hunde y nyanga; cada grupo reivindicaba el control territorial de determinadas zonas. El epicentro de esta guerra fue Masisi (algo muy significativo), donde los transplantados ruandófonos eran muy numerosos.
En 1967 se adoptó una nueva Constitución que mantuvo la reglamentación sobre la nacionalidad y las revisiones de 1974 y 1978 no modificaron estas disposiciones. Sin embargo, a causa de la influencia de Barthélémy Bisengimana, un tutsi de Kivu Norte, jefe de gabinete del presidente Mobutu, se adoptaron leyes muy favorables a los Banyarwanda. Un decreto-ley, ya en 1971, estableció que ruandeses y burundeses llegados al Congo antes del 30 de junio de 1960 eran ciudadanos congoleños. Lo mismo se reconoció en 1972 en una ley general promulgada después del cambio de nombre del país, que se llamó Zaire. Estas leyes, muy controvertidas, otorgaban la ciudadanía por filiación a los banyarwanda llegados al país después de 1908. Por otra parte, Basengimana, favoreció a su grupo étnico con nombramientos oficiales y por medio de una ley sobre propiedad de la tierra que favorecía a las elites tutsi (en este periodo de “zairización” de la economía la mayoría de las plantaciones de la época colonial en los Kivus pasaron a manos de banyarwanda, especialmente tutsi). De esta época data ya la acusación de los “autóctonos” contra los tutsi de arrogancia y pretensiones hegemónicas. En consecuencia, la cuestión del estatus de los banyarwanda en general y de los tutsi en particular pasó de constituir un problema regional a convertirse en un problema de amplitud nacional. Cuando Bisengimana cayó en desgracia en 1977, la cuestión de la nacionalidad volvió a ponerse inmediatamente sobre la mesa.
En 1981, el parlamento anuló lo establecido en los años 1970 y adoptó un nuevo código sobre nacionalidad; instauró reglas muy excluyentes que arrebataban de hecho la nacionalidad a amplias capas de población banyarwanda. Se otorgaba la nacionalidad únicamente “a toda persona cuyo uno de sus ancestros fuera miembro de una de las tribus instaladas en el territorio de la República de Zaire, tal y como estaban definidas sus fronteras en 1885”, fecha en que se reconocieron las fronteras del EIC. Nunca se habían retrasado tanto la fecha. Se suprimían los certificados de nacionalidad dados en virtud de la ley de 1972, con lo que estas personas se convertían en apátridas, salvo si solicitaban la naturalización. Aunque ciertos banyarwanda habrían sido capaces de demostrar que sus ancestros residían en territorio zaireño antes de 1885, el hecho es que, dada la dificultad para probarlo, en la práctica el conjunto de ruandófonos fue considerado como no autóctono, como una comunidad de personas privadas de la nacionalidad congoleña, sin derecho a presentarse a las elecciones. Pero, al mismo tiempo, una elite banyarwanda conservaba el control de riquezas y de tierras amasadas en los años 1970; esto es, poseían un dominio económico que seguía alimentado el resentimiento de los que se consideraban “autóctonos”.
A principios de los años 1990, Mobutu se vio obligado a abrir el régimen hacia la democracia. La perspectiva de posibles elecciones impulsó la movilización étnica como instrumento de control de los poderes locales. En 1991 la elaboración de un nuevo censo contribuyó a reavivar las tensiones entre los considerados “autóctonos” y los banyarwanda, ya que el potencial electoral de estos, caso de que se reconociera su nacionalidad congoleña, tendría un gran impacto en el control del poder territorial. Los banyarwanda fueron excluidos de los trabajos de la Conferencia Nacional Soberana, ya que los delegados a esta conferencia – pieza maestra para regular la transición – debían ser representantes de poblaciones “autóctonas”. Una subcomisión de la Conferencia propuso que se establecieran 4 categorías de banyarwanda: los autóctonos (anteriores a 1885), los transplantados en la época colonial, los refugiados y los clandestinos; únicamente los del primer grupo tendrían derecho a la nacionalidad de origen.
Mientras estas cuestiones se debatían en Kinshasa, en Ruanda y Burundi se producían acontecimientos que igualmente tuvieron efectos negativos sobre la situación del este del Zaire. El Frente Patriótico Ruandés (FPR) invadía desde Uganda el norte de Ruanda y reclutó como soldados de su ejército a tutsi congoleños, incluidos los banyamulenge, con lo que se acuñó y extendió la consideración de que todos los tutsi “eran de nacionalidad dudosa”, ya que intervenían en asuntos de otro Estado apoyando a sus “hermanos” tutsi ruandeses; el poder ruandés (hutu) a su vez estableció alianzas con hutu congoleños. En octubre de 1993, un golpe de Estado dirigido por tutsi en Burundi provocó masacres y huída masiva de refugiados hutu burundeses hacia el Zaire.
En marzo de 1993 explotó la violencia en el Kivu Norte. La aritmética electoral y litigios sobre posesión de las tierras concluyeron con la creación de una coalición entre los grupos “autóctonos” (dirigidos por el grupo mayoritario de los Nande) y los Tutsi contra los Hutu en Masisi, donde estos hutu eran mayoritarios. Fue la “guerra de Masisi”, y el inicio de una “limpieza étnica” (que de algún modo perdura aún hoy), convirtiendo comunidades antaño mixtas en exclusivamente Hutu, Nande, Hunde, Nyanga, Tutsi, etc. En este contexto y cuando se iniciaban esfuerzos de mediación y negociación de paz, estalla la guerra civil en Ruanda en abril de 1994, el genocidio de los tutsi, las masacres generalizadas en las zonas ocupadas por el FPR, la masiva huída de hutu ruandeses y su instalación en los campos de refugiados en los Kivus. Las milicias Hutu (no era fácil distinguir siempre si se trataba de ruandeses o congoleños) atacaron a los tutsi y se enfrentaron a “los autóctonos”; a veces milicias hunde, nande y nyanga, se aliaron con los hutu contra los tutsi. Las fuerzas armadas zaireñas a veces permanecieron pasivas y otras apoyaron a unos o a otros. Entre finales de 1994 y 1995, miles de tutsi se desplazaron del este del Zaire a Ruanda.
El 28 de abril de 1995 se adoptó una “resolución sobre la nacionalidad” en virtud de la cual todos los banyarwanda eran considerados como extranjeros “que habían adquirido la nacionalidad zaireña de manera fraudulenta”. Se añadía una lista de nombres que había que detener y expulsar, se decretaba la anulación de todas las transacciones, la sustitución de las autoridades por nuevos funcionarios y el alejamiento de todos los tutsi que ocupaban puestos administrativos.
En Kivu Sur son los banyamulenge los inquietados. Ya en septiembre de 1995 se había ordenado un inventario de sus bienes y tierras. Las expulsiones se sucedieron. Los eslóganes “Operación de devolver los ruandeses a Ruanda” o “Bukavu y Uvira, ciudades limpias”, expresaron una política de los “autóctonos” de limpieza étnica. El 8 de septiembre de 1996 se decretó que los banyamulenge debían instalarse en campos provisionales de desplazados.
Los banyamulenge se organizaron y se armaron, apoyados por el nuevo Ruanda dirigido por los tutsi, contra el gobierno zaireño; se integraron en la Alianza Democrática de Fuerzas de Liberación /AFDL), que bajo la dirección de Laurent-Désiré Kabila, con los apoyos, primero de Ruanda y luego también de Angola, lanzaron desde el este su “liberación” a finales de octubre de 1996 y llegaron a Kinshasa en mayo de 1997, derrocando el régimen de Mobutu, e instalando a Kabila en el poder.
El apoyo de los banyamulenge a Kabila acabó cuando éste expulsó a los padrinos ruandés y ugandés que le habían ayudado a conquistar el poder. Estalló de nuevo en el este de la RDCongo una guerra que implicó a los banyamulenge. El Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Goma (RCD-Goma), creación ruandesa, se presentó como defensor de los tutsi congoleños amenazados, e incluso creó un territorio administrativo propio a los banyamulenge, Minembwe, para protegerlos. Kabila se apoyó en los Maï Maï y en los hutu para enfrentarse o defenderse de la RCD. La consecuencia para los banyamulenge fue que la población congoleña en general los consideró definitivamente como colaboradores y partidarios de los invasores ruandeses; el hecho de que los banyamulenge se refugiaran en Ruanda no hacía sino confirmar y reforzar esta consideración. Creció todavía más el resentimiento contra los “no-autóctonos” por su implicación en el pillaje o saqueo de los recursos naturales a favor de Ruanda y de Uganda y se multiplicaron los odios. El ministro de exteriores congoleño, Yerodia Abdulaiye Ndombasi, afirmó públicamente que los tutsi constituían una “chusma que había que eliminar”.
Tras el asesinato de Laurent-Désiré Kabila en enero de 2001 y su sustitución por su hijo Joseph se aceleraron los contactos y negociaciones entre beligerantes para lograr un acuerdo de paz que culminó en el AGI, Acuerdo Global Inclusivo, firmado en Sudáfrica el 17 de diciembre de 2002. Se formó un gobierno de transición y unas instituciones transitorias, se redactó una Constitución también transitoria y en julio de 2006 se celebraron las elecciones (primera vuelta de las presidenciales y legislativas). La Constitución de la Transición abordó la cuestión de la nacionalidad y trató de encontrar una solución a un conflicto permanente que había estado en gran parte en la base de las guerras recientes. Estableció que “todos los grupos étnicos y nacionalidades cuyos componentes y cuyo territorio constituían lo que vino a ser el Congo en el momento de la independencia deben ser beneficiarios de igualdad de derechos y de la protección en los términos establecidos por las leyes en cuanto que ciudadanos”. Sin embargo las violencias y enfrentamientos entre las poblaciones banyarwanda y los grupos “autóctonos” siguieron produciéndose en los Kivus.
En noviembre de 2004 una nueva ley sobre ciudadanía, resultado de un agrio debate en el Parlamento de la transición, fijó la fecha de referencia para la nacionalidad en el año 1960, igual que en el decreto-ley de 1971. Pero esta ley fundamenta la nacionalidad congoleña en la pertenencia étnica y no en el nacimiento o residencia, otorgando la nacionalidad por filiación a “toda persona perteneciente a los grupos étnicos o nacionalidades cuyas personas y territorios constituían lo que ha venido a ser en la independencia el Congo (actualmente la República Democrática del Congo)”.
La ley nº 04/028 del 24 de diciembre de 2004 sobre enrolamiento electoral para poder aparecer en las listas electorales de una circunscripción exigía que el demandante fuera avalado por cinco testigos ya inscritos en dichas listas como prueba de que era ciudadano congoleño. Este procedimiento no definía la ciudadanía sobre la base de la pertenencia étnica, pero de hecho muchos interpretan que como los banyarwanda no tienen un territorio específico tribal en el Congo no están concernidos por la ley de 2004. Precisamente el rechazo del Estado congoleño a reconocer las reivindicaciones sobre la propiedad de la tierra de los banyarwanda sigue siendo una de las raíces del problema.
El artículo 10 de la Constitución de 2006 reconoce a los miembros de los grupos étnicos presentes en el territorio nacional en el momento de la independencia en 1960 como ciudadanos de la RDC por filiación. En teoría, la gran mayoría de las personas consideradas como banyarwanda deberían estar incluidas en esos grupos, pero la ley deja planear una peligrosa ambigüedad.
Dada la debilidad del Estado y la presencia de importantísimos recursos naturales en el este del país, la tentación de manipular las cuestiones étnicas y sobre la nacionalidad para fines políticos y económicos es evidente y en ella han caído las fuerzas o intereses diversos. En 2006, el vicepresidente de la transición Yerodia Abdulaye arremetió en Goma contra los tutsi, afirmando que deberían abandonar el Congo. Laurent Nkunda, un tutsi congoleño, muy ligado al poder de Ruanda, que rechazó desarmarse en 2004 e integrarse en el ejército oficial, se autoproclamó protector de los intereses políticos y económicos de los tutsi y fundó el grupo político-militar CNDP (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo), relanzado la guerra. En las negociaciones de enero de 2008 en Goma, el estatuto de los tutsi y el regreso de los refugiados tutsi desde Ruanda fueron las cuestiones más debatidas y difíciles de resolver: mientras los delegados tutsi denunciaban la discriminación persistente que pesaba sobre ellos, los grupos “autóctonos” siguieron manteniendo su posición tradicional, considerándolos como inmigrantes sin derecho a la tierra y como colaboradores y peones de una política expansionista de un gobierno extranjero, el gobierno ruandés.
Hay que poner de relieve, más allá de la problemática específica señalada anteriormente y que afecta sobre todo al este del país, que un número importante de residentes desde hace muchos años en el Congo están excluidos de la ciudadanía. Se trata también de muchos refugiados angoleños, ruandeses, centroafricanos que visiblemente no tienen la más mínima intención de regresar a sus países de origen y que están aceptablemente integrados en la sociedad congoleña. Las condiciones de adquisición de la nacionalidad congoleña por parte de extranjeros son especialmente difíciles. Quizás la condición más drástica es la que se deriva de la prohibición de detentar una doble nacionalidad, ya que según la ley “la nacionalidad congoleña es una y exclusiva y no puede ser detentada en concurrencia con otra nacionalidad”. Se estima que a pesar de la buena intención de combatir el apatridadismo, existen en el Congo 1,5 millones de personas concernidas por este problema de acceso a la nacionalidad y un gran número de ellas están instaladas en el este, en los dos Kivus principalmente.
• Este texto es en lo fundamental la traducción/resumen del capítulo 2 “Égalité des citoyens en R.D. Congo”, páginas 38 a 48, de la publicación «République Démocratique du Congo – Démocratie et participation à la vie politique: une évaluation des premiers pas dans la IIIième République – Novembre 2010 – Une étude de AfriMAP et de Open Society Initiative for Soutern Africa». Está inspirado a su vez en la obra de Bronwen Manby, «Les luttes pour la nationalité en Afrique». Cfr. la versión en inglés en http://www.afrimap.org/english/images/report/Struggles-for-citizenchip-Cht-print-pdf
Traducción y resumen de Ramón Arozarena.
