El DANE y las cifras: la otra cara del racismo y genocidio estadístico en Colombia

Autora: Glenda Palacios

Los censos nacionales de población y vivienda representan la operación estadística de mayor envergadura de un país, dado que son la fuente primaria de información. Sus resultados son base para el diseño e implementación de políticas y programas públicos, para las decisiones de inversión y estudios privados (Tacla, 2006).

Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia publicó el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. En este ejercicio se implementó, supuestamente, el enfoque diferencial étnico, como una herramienta metodológica y de análisis con pueblos étnicos con el objetivo de generar inclusión y evitar sesgos en los estimativos. Cabe resaltar que, en los censos anteriores se evidenció el subregistro de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera y la falta de estadísticas desagregadas que permitieran hacer análisis diferenciales.

En términos generales, el gobierno colombiano gastó $18.565.277.600 pesos para garantizar la calidad de los datos generados por el censo de la población afrocolombiana. Ese valor, en términos per cápita, fue aproximadamente de 3.891 pesos[1] por cada habitante negro, afrocolombiano, raizal o palenquero en el país. En efecto, es una inversión baja si se piensa en los retos del enfoque étnico, el cual busca abarcar dinámicas y territorios no explorados. Sin embargo, esa inversión podría haber sido costo-eficiente en caso de haber trabajado, de manera articulada, con la población objeto de análisis y demás instituciones con experiencia en la materia.

Según el CNPV 2018, del total de los 48.258.494 habitantes de Colombia, sólo el 6,18% se autorreconoce como negro, afrocolombiano, mulato o afrodescendiente. Este resultado ha sido motivo de debate por cuatro razones principales. La primera es por la fuerte caída de la población negra tanto en términos absolutos como relativos. Dicho grupo étnico pasó de ser 4.711.659 habitantes en el 2005 a 2.982.234 en el 2018, es decir, un subregistro de al menos 1.729.425 habitantes. Este valor no es nada despreciable cuando notamos que la población de Quito, la capital de Ecuador, es de 1.619.000 habitantes. De esta forma, la población negra de Colombia disminuyó su participación en más de 5 puntos porcentuales, pasando del 11%, en 2005, a 6,18%, en el 2018.

Esta disminución, según los expertos en demografía del país, no puede ser explicada por razones migratorias porque no ha sido un fenómeno reciente en Colombia. Desde la visión de los líderes étnicos y las comunidades, esa pérdida poblacional no tiene sentido frente a la fuerte movilización y masivas campañas por el autorreconocimiento que vienen realizándose desde el año 2000. Para el DANE, la culpa es de la gente que no se quiso autorreconocer. Mientras que las fuentes históricas evidencian que la reducción de la población negra en el país obedece a leyes antiquísimas de “mejorar” la nación, aplicando así políticas de blanqueamiento y poniendo a la población negra como el blanco militar. En cualquier caso, dicho resultado tiene altas y negativas implicaciones en la construcción de una nación pluricultural y multiétnica. La continuidad sistemática de la invisibilidad estadística de una población víctima del racismo, violencia e inequidad, agrava sus situaciones de vida y aumenta la desconfianza y la baja credibilidad en las entidades gubernamentales. Estos resultados tienen implicaciones cruciales en las inversiones gubernamentales dado que estas ponderan la cantidad de los recursos asignados a partir del tamaño poblacional.
Segundo, se observa una diferencia
significativa entre la población étnica estimada por el CNPV (1.729.425 habitantes) con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) (4.671.160 habitantes) realizados por la misma institución. Esto indica que los estimativos dependen de quién y cómo los haga, más que de condiciones objetivas como es la población asentada. Lo que llama primordialmente la atención, es que el censo por su naturaleza -encuesta a todos los individuos de un área seleccionada-, debería arrojar datos más confiables y precisos que la ECV puesto que esta última se basa en un muestreo por hogares, es decir, selecciona ciertos individuos de un área y no a todos. Así que, a diferencia de lo que dijo el director del DANE, el dato de la ECV no soluciona el subregistro, porque las cifras oficiales de población son las del CNPV y constituyen la fuente principal que usan las instituciones para tomar decisiones de política pública.

Tercero, el DANE como entidad rectora de generar la principal información estadística del país no diseña métodos de recolección eficientes ni articulados como es el uso de registros administrativos. Países como Ecuador han resuelto sus problemas censales usando los registros administrativos, los cuales consisten en aprovechar información que se tiene de los individuos en otras fuentes de información como por ejemplo, el Sisben, el ICFES y los recibos de los servicios públicos. El DANE ya es conocedor de esta metodología desde hace más de 10 años, de manera que hubiese podido usar la información del Sisben, que además tiene medidas objetivas como es la foto de la cédula. Con ello no sólo se hubiesen ahorrado una cantidad importante de recursos, sino que se hubiese implementado un censo eficiente, de calidad y creíble, potenciando la articulación interinstitucional, implementando el enfoque étnico y generando credibilidad. No obstante, sería difícil de creer que una entidad como el DANE no supiera de esto. Como muestran los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en el libro Por qué fallan las Naciones,estos son casos adrede de corrupción y malversación de recursos, dado que aseguran mayores rentas y la continuidad de quienes históricamente han estado en el poder.

Cuarta y última, el DANE no evaluó lo inapropiado de agrupar a la mayoría de la población negra en una sola categoría: “pregunta 37: ¿De acuerdo con su cultura, pueblo, o rasgos físicos… es o se reconoce como: Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)?”. Para generar un mayor autorreconocimiento, esta entidad debería saber qué hay una diferencia importante entre reconocerse moreno, mulato, afrodescendiente o negro. De esto la literatura ofrece evidencia rigurosa (ver Hunter (2012), Vásquez (2019) y Viáfara (2017)). Se ha demostrado que en sociedades con efectos persistentes de la invasión blanco-europea, el blanqueamiento y los tonos de piel más claros generan privilegios bien sean simbólicos o materiales en comparación con las personas de tonos oscuros. En consecuencia, la desagrupación era necesaria, generando una categoría por cada uno (negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)).

Dado lo anterior, a continuación se detallan algunos de los problemas técnicos y operativos que tuvo el CNPV. Esto ayudaría a entender porque los resultados generados por el DANE no son confiables, ya que carecen de cobertura, calidad y representatividad. Estos puntos fueron construidos usando el Informe Comité de Expertos para la Evaluación del Censo Nacional de Población y Vivienda de Colombia 2018. Este comité está conformado por Carlos Ardila, Yolanda Bodnar, Carmen Elisa Flórez, Ciro Martínez, Álvaro Pachón, Magda Ruíz y Piedad Urdinola. Dicho informe fue financiado por el DANE.

1) Los principios rectores de un censo nacional de población y vivienda son universalidad, simultaneidad, periodicidad y enumeración individual. La universalidad indica que un censo debe incluir todos las personas que residen en el área a encuestar independiente de su tipo (nacionalidad, religión, grupo étnico, etc.). No obstante, el DANE tuvo una omisión censal

[2] muy importante en los departamentos no centrales de Colombia, o donde históricamente se ha asentado la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, tales como Valle del Cauca (15,3%), Archipiélago de San Andrés (21,2%), Nariño (18,1%), Chocó (14,5%) y Cauca (15,1%); mientras que en lugares como Bogotá, Caldas y Antioquia este porcentaje de omisión ni siquiera superó el 8%.Desde aquí se observa un error sistemático, que indica que la omisión no fue aleatoria sino que se concentra en los departamentos históricamente excluidos y con mayor población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera.
Con respecto a la simultaneidad, se afirma que todas las personas deben ser encuestadas en las fechas más cercanas posibles. Sin embargo, el DANE tomó diez meses en el proceso, a pesar de que la operación estaba planeada para hacerse en seis meses y la recomendación internacional propone tres meses de recolección como periodo máximo. Para dar claridad sobre los problemas que esto genera, pensemos en la temporada de café del eje cafetero donde llegan a la región más de 44.000 trabajadores de otras zonas del país en aras de aprovechar el boom agrícola. De esta forma, si el censo toma tiempo de hacerse en simultáneo, estos trabajadores que migran principalmente de lugares como el Tolima, Valle del Cauca y Chocó, no serán encuestados en su lugar de origen, ni en el lugar donde ahora residen de forma temporal. De manera que se reducen los tamaños poblaciones de esas ciudades o lugares de donde migran.

En relación con la periodicidad, se indica que un censo debe disponer de información comparable. En Colombia, dado que el último censo se realizó en el 2005, este exigía realizarse en el 2015, con el fin de disponer de información comparable sobre una secuencia fija. De acuerdo con los expertos nacionales Ardila, Bodnar, Flórez, Martínez, Pachón, Ruiz y Urdinola (2019), un periodo de recolección tan alto tiene efectos por la migración interna.

Hasta el momento se ha observado que el DANE ha violado los tres principios básicos y fundamentales para realizar un censo de calidad, como son universalidad, simultaneidad y periodicidad.

2) El informe de expertos muestra que el DANE tuvo un papel pasivo durante el operativo lo cual incidió en que no se alcanzara una alta cobertura. Por ejemplo, primaron contratos con horarios de oficina que impedían tiempos flexibles para encuestar durante fines de semana, días festivos y horas nocturnas. Este sistema de contratación no cobijaban las experiencias aprendidas en censos anteriores ni las recomendaciones internacionales.

3) El DANE no realizó una actualización cartográfica, lo que implicó un mayor número de visitas a las programadas, extendiendo de esta forma el tiempo del operativo censal.

4) El informe evidencia la debilidad en las pruebas pilotos y en la capacitación de las personas. Por ejemplo, sólo el 38,2% de los asistentes al proceso de aprendizaje aprobaron el requisito para encuestar (931 total de asistentes), lo que condujo a unos rendimientos bajos de los censistas y a extender una y otra vez el periodo de recolección.

5) Se presentaron problemas técnicos para la capacitación de las personas de pueblos étnicos, cómo fue el bajo acceso a internet, conexiones intermitentes, espacios reducidos para la capacitación, entre otros. Además de lo anterior, no se contrató el personal requerido, de 3.291 personas que se necesitaban para los pueblos indígenas sólo se contrataron 3.130 y en las comunidades negras de las 3.634 personas requeridas sólo se contrataron 3.494.

6) El informe destaca que en las cabeceras municipales, especialmente en las grandes ciudades o regiones como Bogotá, Barranquilla, Cesar, Valle y los Santanderes, no se hizo la pregunta de autorreconocimiento o solamente se aplicó según criterio del censista. Se resalta un caso en Cali en que el supervisor del CNPV, después de haber pasado 2 meses de recolección le dijo a los censistas que ahora sí preguntaran al censado si este pertenecía a alguna etnia.

7) Realizaron imputación[3] de los valores faltantes en variables determinantes como asistencia escolar, fecundidad y vivienda. Con respecto a las viviendas, el informe señala que en todos los casos la gran mayoría de viviendas imputadas se asignan a la categoría de mejor condición. Esto significa que a los hogares que no respondieron o no tenían información sobre sus viviendas, le pusieron la misma información de las viviendas con mejores techos, pisos y paredes. Este sesgo indica que hubo una sobre estimación de las condiciones de vida, atribuyendo mejores condiciones de las que realmente tienen. Esto por supuesto incide en las decisiones de política pública dado que artificialmente se podría estar considerando una disminución de los niveles de pobreza medido a través de las condiciones del hogar y el acceso a servicios públicos. En relación con la pregunta sobre fecundidad, la mayor concentración de respuestas ‘no informa’ sucedió en Vaupés y Chocó, con más del 30%.

Es importante resaltar entonces que los problemas no sólo recaen sobre la variable étnica, sino también que hay errores en otras variables fundamentales para el cálculo de pobreza, esperanza de vida y formación de capital humano.

El Director del DANE, sabiendo todo este panorama, afirma que la culpa es de la gente porque no se autorreconoció. En la presentación de los resultados, además exigió respeto cuando un líder afrodescendiente afirmó que dichos resultados eran un fracaso. En efecto, esos resultados son un acto de racismo contra de la población negra, que a pesar de tanto esfuerzo y movilización por generar un cambio, se evidenció negligencia y falta de rigurosidad en dicha entidad. Lo cierto es que esto no es un fenómeno nuevo, por el contrario es de vieja data y ha sido implementado por las élites blancas en todo el territorio nacional. El libro Rutas de Libertad (2010) nos enseña que en los tiempos de la Independencia una de las necesidades más urgentes era el control de la población afrodescendiente. Simón Bolívar afirmaba que “el territorio colombiano no sólo estaba conformado por los civilizados habitantes de Bogotá, Tunja y Pamplona, sino por las hordas salvajes de África y de América” (p.97). Esa población era la que había que diezmar de cualquier manera. Así que los enviaron a la guerra para que los matasen, en las haciendas eran ocultos por sus amos y en los palenques ellos corrían en busca de refugio y libertad. La actualidad es la misma, los siguen matando, los ocultan los amos del gobierno y no los cuentan porque están muy lejos, ubicados en palenques donde no llegan lo censistas.

Para la historia ya quedó escrito que no importa cuántos esfuerzos se hagan por el autorreconocimiento, primó la invisibilización estadística étnica y se negó la oportunidad de construir confianza entre el gobierno y la comunidad, de potenciar la rigurosidad en las fuentes de información y de avanzar en la inclusión. El DANE podría hacerse el de la “vista gorda” y seguir culpando a los invisibilizados por no saber cómo son, al final de cuentas los están matando y la credibilidad que ellos tengan no suma. No obstante, si el DANE quiere cambiar el curso de esta historia, todavía hay una ventana abierta: primero debe reconocer que violó los acuerdos técnicos y comunitarios, y segundo debe implementar la metodología de población compensada y ajustada, esto implica ir a los territorios que nunca fue, hacer las preguntas que nunca hizo y trabajar de forma horizontal con la comunidad. Nada de esto sería necesario si desde el principio los hubiesen escuchado.

Notas

[1] $3,891 pesos colombianos equivalen aproximadamente a $1 dólar estadounidense.

[2] La omisión censal hace referencia a la población que no fue censada bien sea porque, a) no había nadie en la vivienda cuando llegó el censista, b) no encuestaron a todos los que viven en una misma vivienda, o c) la zona era de difícil acceso. Es uno de los indicadores más requeridos para tener idea de la calidad del censo (ver Tacla, 2006).

[3] La imputación estadística consiste en la sustitución de valores o datos faltantes (no reportados) por un valor. De esta forma es un proceso delicado, que en caso de realizarse de forma inapropiada puede generar más problemas que los que resuelve (ver Medina y Galván (2007)).

Bibliografía:

Informe Comité Nacional de Expertos para la Evaluación del Censo Nacional de Población y Vivienda de Colombia 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica

Hunter, M. L. (2002). ‘If You’re Light You’re Alright’: Light Skin Color as Social Capital for Women of Color. Gender & Society, 16(2), 175-193. https://doi.org/10.1177/08912430222104895

Medina, F y Galván, M. 2007. Imputación de datos: teoría y práctica. División de Estadística y Proyecciones Económicas. CEPAL. Santiago de Chile. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4755/1/S0700590_es.pdf

Rutas de Libertad. 500 años de travesía. Editor General Roberto Burgos Cantor. 2010. Ministerio de Cultura – Pontificia Universidad Javeriana

Tacla, O. 2006. La omisión censal en América Latina, 1950-2000. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población Proyecto Banco Interamericano de Desarrollo. Santiago de Chile. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7203/1/S0600009_es.pdf

Vásquez-Padilla, Darío Hernán. (2019). ¿Somos conscientes del racismo? Cómo las categorías étnico-raciales, el color de la piel y el mestizaje inciden en el reconocimiento del racismo en Colombia. Sociedad y Economía, (36), 8-30. https://dx.doi.org/10.25100/sye.v0i36.5932

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Original en: Revista Marea

[Fundación Sur]