La clase política en la mayoría de estados africanos se enfrenta a la imponente cuestión de cómo reivindicar unas condiciones de vida dignas y prósperas para sus ciudadanos. La teoría del cambio político a través de la búsqueda de la dignidad se ha popularizado históricamente gracias a las teorías Fukuyama o Hegel.
Estos académicos argumentaban que los cambios en los sistemas políticos a lo largo de la historia son el resultado del deseo del pueblo de ser reconocido y dignificado. Esta lucha deriva en ocasiones en un deseo por parte de algunas comunidades de tener poder sobre otros grupos sociales, lo que ha resultado en periodos de colonización y esclavitud. Pero este intento por cambiar el status quo también ha contribuido a la formación de democracias liberales modernas en naciones históricamente autoritarias y conservadoras.
Esto se debe a que la extendida idea de que este modelo liberal, cuyos inicios se encuentran en el contexto de la Revolución Francesa, promueve la dignidad individual y garantiza derechos básicos como la libertad de pensamiento y acción en sus múltiples sentidos.
Con el final generalizado de la era colonial muchos países africanos trataron de emular el éxito de estos estados europeos y comenzaron proyectos para desarrollar democracias liberales modernas. Sin embargo, existen una serie de complejos factores que deben ser tenidos en cuenta y que marcan la diferencia a la hora de comparar los procesos del continente con la narrativa histórica occidental.
Uno de los elementos que deben ser tenidos en cuenta es la gran variedad que existe en África en términos de religión, realidades culturales y etnolingüísticas. Esto se ha traducido a menudo en la imposición por parte de algunos grupos de su deseo de control no solo sobre los recursos nacionales, sino también sobre otras comunidades.
El sufragio universal no ha sido capaz de unir a la población alrededor de ciertos aspectos que contribuirían a mejorar la situación colectiva de los ciudadanos. Al contrario, la clase política dominante ha recurrido a la idea de sufragio como una herramienta para ganar más poder a través de la explotación de las diferencias culturales y étnicas. Los políticos motivan a su electorado no con promesas de que un futuro más próspero será alcanzado, sino con la implantación del miedo hacia otros grupos.
Uno de los efectos que esta política del miedo ha producido a corto plazo es la consolidación del clientelismo como práctica política, lo que deriva en la creación de instituciones débiles que son incapaces de garantizar unas condiciones de vida aceptables para grandes sectores poblacionales. Un sistema político que se sustenta en el faccionalismo étnico desembocará en última instancia en el debilitamiento del modelo, ya que para garantizar un organigrama consolidado es necesario basarse en un sistema de méritos profesionales y académicos a la hora de seleccionar a los responsables del funcionamiento de la administración.
Mancur Olson se refiere a este mecenazgo existente en muchos países de África, basado en la promoción de miembros de grupos étnicos afines independientemente de sus competencias, como unión distributiva. Esta consiste en la presencia de grupos de interés que copan el sistema político con el objetivo último de favorecer los intereses de su comunidad por encima de las necesidades colectivas del país.
Estas coaliciones presentes en muchos partidos políticos a lo largo de África permite a los miembros tener acceso a condiciones especialmente favorables y que, desde una óptica occidental, representan procesos completamente ilegales: la adjudicación de licencias de explotación de recursos naturales a compañías afines, presentación de contratos inflados, control de instalaciones estratégicas o acceso a los fondos de ayuda al desarrollo provenientes del extranjero.
En el caso de Sierra Leona, el organigrama creado por el expresidente Ernest Bai Karoma es un perfecto ejemplo de la atribución de posiciones y cargos en base a la afiliación étnica y lealtad política por encima de las competencias reales. La red establecida en este país, que conllevó la acumulación de riqueza por parte de un reducido número de políticos y personal civil, se mantuvo gracias a la predicación y asimilación por parte de la sociedad de los peligros que supondría la llegada al poder del grupo rival.
En un contexto, pues, en el que la instauración de una democracia liberal occidental implica una serie de necesidades que la compleja realidad de muchos estados africanos puede difícilmente satisfacer, están surgiendo tesis que defienden la idea de que la adopción de un sistema que fusione el modelo occidental con el actual chino —que ha permitido un incremento tremendo en la calidad de vida de los ciudadanos en las últimas décadas— representa una opción que debe ser estudiada.
En esta meritocracia liberal la constitución garantizaría los valores occidentales. Por supuesto, esto debería ir acompañado de la creación de sistemas legislativos y judiciales independientes e imparciales que avalen la primacía de la Constitución por encima de cualquier posible poder. Esto solo podrá ser alcanzado una vez los candidatos reúnan necesariamente unas competencias mínimas, tanto personales como profesionales.
El control directo del ejecutivo sobre los órganos judiciales aparece como unos de las principales debilidades de los sistemas políticos en muchos estados africanos. La solución recae finalmente en la creación de un órgano superior y, si es necesario, externo, ante el cual el jefe de estado y su ejecutivo deberán responder. Esto puede verse como una pérdida de la soberanía, pero parece un paso ineludible en la carrera hacia la consolidación de un régimen funcional. Este órgano sería el encargado de establecer los objetivos a medio y largo plazo a los que el ejecutivo debería amoldarse a la hora de instaurar políticas.
Al fin y al cabo, la idiosincrasia de cada país implica que los sistemas de meritocracia liberales necesitarán amoldarse a cada situación específica y a las particularidades de cada comunidad. En cualquier caso, parece estar claro que las actuales estructuras políticas no son eficaces, ya que no garantizan el acceso a niveles de vida mínimamente aceptables por parte de la población general.
Fuente: The Sierra Leone Telegraph
[Traducción y edición, Álvaro García López]
[Fundación Sur]
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