Grupos internacionales de derechos humanos han condenado la decisión del gobierno de Guinea Ecuatorial de cerrar una importante ONG de derechos humanos, el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID).
El Ministerio del Interior y Corporaciones Locales del país publicó el 5 de julio un decreto que revoca la autorización oficial concedida al CEID, una de las pocas ONG independientes que denuncian las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La resolución que disuelve la organización de la sociedad civil (OSC) acusa a la organización de violar su propia constitución y de participar en actividades políticas.
«La disolución del CEID es un nuevo retroceso para los derechos humanos en un país que durante décadas no ha respetado las libertades fundamentales», dijo Paul Mulindwa, responsable de Incidencia y Políticas de CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil.
«El cierre de la organización tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial», dijo Mulindwa.
El cierre del CEID se produce tras los ataques físicos, las detenciones arbitrarias y la persecución judicial del vicepresidente de la organización, Alfredo Okenve. La medida tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, y tiene un efecto intimidatorio sobre los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el país.
El entorno represivo en Guinea Ecuatorial se ve alimentado por el uso de la violencia contra las personas que defienden los derechos humanos, la militarización del Estado y la política, los altos niveles de impunidad que gozan quienes perpetran violaciones de los derechos humanos y el uso de legislación restrictiva -como la Ley No. 1/1999 sobre el Régimen de las ONG- para restringir las operaciones de las OSC.
«La disolución del CEID es un reflejo de la grave situación de la libertad de asociación y expresión en el país y del continuo desprecio del gobierno por sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos», dijo Mulindwa.
El CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, clasifica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Guinea Ecuatorial como cerrado.
CIVICUS hace un llamamiento al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo para que revoque públicamente la resolución, respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los compromisos contraídos recientemente con el proceso de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, y cree un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
Para más información, póngase en contacto con
Paul Mulindwa
paul.mulindwa[AT]civicus.org
media[AT]civicus.org
Fuente: Civicus.org
[Fundación Sur]
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