El gobierno de Sudán ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de proporcionar armamento, financiación y apoyo político a la Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), fuerzas paramilitares integradas en el ejército nacional que iniciaron una guerra civil en abril de 2023. Jartum sostiene que posee pruebas del respaldo externo a las RSF y ha solicitado investigaciones internacionales independientes para esclarecer las violaciones al derecho internacional.
En septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Sudán informó que había evidencia de que una red internacional, que incluía a personas y entidades de los Emiratos Árabes Unidos, Chad, Libia y Somalia, había suministrado armas, equipamiento y apoyo logístico a las RSF. Esta situación fue discutida en el 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde la fiscal general de Sudán, Intisar Ahmed Abdel Aal, condenó que el congreso se celebrara en un país que apoya a los paramilitares alzados en armas.
En esta misma línea, Ahmed Ali Abdel Qader, profesor de la Universidad de Jartum, ha enfatizado la necesidad de establecer mecanismos independientes para rastrear el flujo de armas, fondos y personal extranjero, así como los vínculos entre los apoyos externos y los crímenes cometidos en el país.
Human Rights Watch ha investigado el origen del equipamiento militar de las RSF, revelando que la munición de fabricación búlgara encontrada en Sudán provenía de existencias de los Emiratos Árabes Unidos. Además, se reportó que una empresa de seguridad con sede en Abu Dabi reclutó a exmilitares colombianos y los desplegó en Sudán junto a las RSF. La ONU también ha indicado que el armamento y la tecnología militar suministrados desde el extranjero han incrementado la capacidad de las partes beligerantes, siendo los drones un componente clave del conflicto. Los hallazgos sobre el apoyo externo son significativos, ya que abarcan un sistema integrado que incluye armas, munición, drones, financiación, entrenamiento y logística.
La crítica situación de la población civil en Darfur, especialmente en El Fasher, y en Kordofan ha destacado la gravedad de los abusos, incluyendo asesinatos y violencia sexual. La misión de la ONU ha calificado estos eventos como con características de genocidio. Sudán llevo en 2025 su caso contra los Emiratos Árabes Unidos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusándolos de genocidio, pero pese a que los EAU son signatarios de la convención sobre genocidio de 1948, tienen una excepción en la parte del tratado que otorga jurisdicción a la CIJ. El académico Abdel Qader señala que la rendición de cuentas debe abarcar toda la cadena de apoyo, independientemente del poder político o económico de los implicado.
Fuente: Current Affairs ZA
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