El agujero de la memoria de Ruanda

30/04/2015 | Opinión

En la novela de George Orwell, “mil novecientos ochenta y cuatro”, a un desgraciado burócrata llamado Winston Smith se le adjudica la tarea de tirar documentos, que son políticamente inconvenientes, por una ranura, llamada el “agujero de la memoria”. En el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, los agujeros de la memoria son en realidad huecos en la pared que conducen a un incinerador donde “ni si quiera la ceniza permanece”.

Estos agujeros son lugares donde la información queda olvidada. El gobierno censura lo que el público ve y destruye cualquier prueba tangible que rete al partido gobernante. Así, las autoridades manipulan los pensamientos y la memoria, escribiendo la historia y borrando a gente de ella.

La profética obra de Orwell encuentra una profunda resonancia en Ruanda, después de más de dos décadas tras el genocidio. Podemos tomar, por ejemplo, el espeluznante caso de Giti.

En abril de 1994, justo después del asesinato del que era entonces presidente de Ruanda y tras la matanza en todo el país que este acontecimiento puso en marcha, la red de inteligencia de las unidades móviles de Paul Kagame se trasladaron a Giti, cuyas laderas están llenas de exuberantes cultivos de plátano y árboles de eucalipto.

Las autoridades mantienen que Giti fue una de esas raras comunas donde los hutus no cometieron genocidio contra la minoría tutsi. Su alcalde Edouard Sebushumba ha sido elogiado durante muchos años por haber protegido a los tutsis. Pero, en realidad, el alcalde Sebushumba hizo mucho más que defender a los tutsis de los extremistas hutus, con el fin de convertirse en un modelo a seguir para el Frente Patriótico Ruandés de Kagame (FPR). Consiguió llegar a un acuerdo con el FPR y accedió a guardar silencio sobre lo que realmente sucedió en su comuna. Durante más de 20 años, ha rechazado hablar de cómo el aparato de la inteligencia del FPR organizó un brutal asesinato sobre miles de campesinos hutus desarmados, clérigos y líderes de aquella comunidad.

“Muchos hutus fueron detenidos y arrestados, mantenidos en casas en Giti y en las áreas circundantes. Durante la noche, estas personas eran masacradas”, cuenta un soldado tutsi que fue parte de la unidad paramilitar DMI. “También les cubríamos la cabeza con bolsas de plástico para asfixiarles. Algunas víctimas fueron llevadas a una gran fosa y luego eran abatidas a tiros”. “Este era un trabajo que se realizaba a diario”, explicó durante una entrevista. “Es difícil calcular cuántas víctimas hubo. Fueron sin duda miles”.

Había unidades de estas fuerzas móviles en Giti y rodearon las áreas de Kinyami y Rutare durante dos semanas en abril de 1994. Fue la primera misión de asesinato para este hombre, que era muy joven entonces y se unió al RPA de Kagame, justo antes del genocidio, porque creía que podría ayudar a liberar su país. Pronto descubrió lo contrario.

“El discurso de mi comandante, que ahora es inspector general de la policía en Ruanda, era que la población hutu llevada allí era el enemigo. Las víctimas eran principalmente mujeres y niños porque muchos de los hombres, que eran más fuertes, habían escapado a las montañas. De hecho, la mayoría eran mujeres, niños y ancianos”.

Si este fuera simplemente el testimonio de un solitario desertor del RPA, hubiera sido fácilmente desmentido. El problema es el siguiente: este es uno de los muchos relatos detallados y gráficos de los implicados en los asesinatos de Giti y de los sobrevivientes hutus cuyos familiares fueron asesinados con azadas o hechos volar en pedazos por granadas, o desgarrados por ametralladoras.

Miles de víctimas fueron arrojadas a las fosas comunes en Giti, una comuna que se convirtió en un centro de asesinato. El RPA se quedó finalmente sin espacio para enterrar a las víctimas en la ciudad y en la vecina Rutare, y tuvo que cargar a los refugiados en camiones durante la noche para transportarlos a Garibo, en la frontera con el Parque Akagera. Parecía un inquietante recuerdo de los vagones de la muerte nazis en Europa del Este. Las víctimas eran finalmente incineradas.

Un ex alto funcionario del EPR en Giti describió las escenas de depravación cometidas bajo la dirección de Jackson Rwahama, segundo al mando del DMI que trabajó en la inteligencia militar para Idi Amin en Uganda. El oficial recordaba las imágenes de agonía y horror: cientos de campesinos fueron apilados en una gran fosa abierta, algunos ya muertos y otros muriendo lentamente. Los ojos parpadeaban y los cuerpos se movían hasta que la vida se extendió colectiva y completamente.

Su testimonio nos habla de cómo se percibía el sufrimiento desde el ámbito individual hasta convertirse en una sanción violenta masiva que es aceptada; de cómo el ser humano se convierte en cadáver, despojado del sentimiento y la humanidad; de cómo se perdía la africanidad, la fuerza vital y su muntu.

Aunque no todo el mundo sucumbió a ese fatalismo espiritual de cara a semejante carnicería. Un estudiante de Ruanda de etnia mixta hutu-tutsi encontró el cuerpo de su padre hutu asesinado en la escuela primaria de Giti. Primero se horrorizó y luego huyó, pero más tarde acudió para recuperar el cuerpo y enterrarlo, para que su alma descansara en paz.

“Su cabeza fue partida completamente con un hacha. También habían aplastado sus tobillos. Era pleno horror”, contaba el hijo, quien huyó de Ruanda y ahora vive en Europa. “Cuando los soldados se fueron, volvimos en secreto y nos lo llevamos”, continuó relatando este ruandés, al que no mataron por su aspecto y ascendencia materna tutsis. El padre era un conocido líder de la comunidad hutu. Contó también que la escuela primaria de Giti estaba llena de cadáveres; era imposible saber cuántas personas fueron asesinadas allí.

En ocasiones, la masacre acabó por convertirse en un juego enfermizo para los asesinos del EPR. En una escuela entre Giti y Rutare en la que estaban siendo reunidos y asesinados los hutus, hubo una discusión a la hora de liberar o no a un grupo de mujeres embarazadas. Tras muchas consideraciones, se permitió a las mujeres alejarse. Después de que las mujeres recogieran aliviadas sus cosas y empezaran a salir del edificio, explicó un oficial, los soldados comenzaron a disparar por la espalda y las asesinaron.

Los crímenes en Giti fueron premeditados y sistemáticos, según corrobora el testimonio de los testigos y los documentos filtrados de la ONU. Y son coherentes con la naturaleza de los crímenes cometidos en otras zonas del país, que han sido investigados por unidades especiales para probar las atrocidades cometidas por las tropas de Kagame, quien ha ostentado el poder de facto durante 25 años.

A finales de los 90 y principios del año 2000, Kagame reforzó su legitimidad política y moral con la ayuda de los medios de comunicación occidentales, las agencias de la ONU y de ONGs –instituciones que continúan mirándole a través de un cristal oscuro. El líder ruandés solidificó su reputación defendiendo una narrativa binaria del bien contra el mal, basada en el victimismo. Su narrativa fue esencialmente la que sigue: su ejército salvó a los tutsis y a Ruanda del olvido; incluso los refugiados tutsis que habían crecido en Uganda y que más tarde fueron reasentados en zonas controladas por el EPR antes del genocidio fueron víctimas de la ideología hutu. También afirma que Occidente abandonó a Ruanda en su momento de mayor necesidad.

Su política exterior se basa en el victimismo y en falsas afirmaciones de amenazas a la seguridad, que a su vez han sido utilizadas para justificar las medidas drásticas criticadas y conocidas en todas partes. También ha promulgado leyes que restringen las actividades de los partidos políticos y ha censurado todos los aspectos de la memoria que desafían su control del poder. El miedo al arresto, la desaparición y al asesinato es un fenómeno generalizado en Ruanda, aunque la cruda indiferencia de la comunidad internacional ha permitido al presidente crear un estado totalitario y militarista.

Kagame declara escandalosamente representar a las víctimas. No son las propias víctimas tutsis y hutus que han sobrevivido a la violencia extremista las que tienen el control de la narrativa del genocidio. La narrativa de Kagame, bien elaborada, ha omitido que sus propias tropas mataron, según se estima, a cientos de miles de hutus durante y después del genocidio. Y que la violencia no era más que represalia; esta acción fue cuidadosamente planeada y ejecutada tan pronto como el avión del presidente ruandés Juvenal Habyarimana fue derribado.

Los dictados de la justicia internacional

Durante los años posteriores al genocidio, declarar contra el régimen se convirtió en algo extremadamente peligroso. Un abogado que trabaja en la oficina del fiscal indicó que los desertores del EPR que proporcionaron testimonios de primera mano sobre los crímenes aún continúan desaparecidos en Uganda, Kenia y en otros países a los que huyeron.

Abogados que trabajan para Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal de Derecho penal internacional de las Naciones Unidas, han decidido perseguir, como mínimo, los siguientes casos:

– La masacre del estadio Byumba de abril de 1994, en la que muchos miles de refugiados hutus fueron rodeados por el RPA y llevados al estadio de fútbol donde fueron todos aniquilados mediante armas de fuego y granadas. La matanza se extendió durante toda la noche.

– Las masacres de Giti, Rutare y Rwesero en abril de 1994.

– Los asesinatos de Gakurazo en junio de 1994, en los que los soldados del EPR rodearon al clero hutu en Ruhango y ejecutaron a quince personas, entre ellos al arzobispo hutu de Kigali y a un niño de ocho años que era tutsi y fue asesinado por error.

– Los asesinatos de julio de 1994 en Butare, donde los soldados del EPR reunieron a varios cientos de hutus desplazados de varias comunidades y separaron a los hombres de las mujeres y los distribuyeron en distintos edificios. Al grupo de hombres y niños no se les volvió a ver, y testigos aseguran escuchar los asesinatos en el bosque, junto a una de las escuelas. Periodistas de la ONU han intentado visitar el sitio, pero se les ha negado la entrada.

Las brutalidades acabaron por caer bajo la jurisdicción del Tribunal Internacional. Tras el genocidio, un sacerdote ruandés altamente respetado, activista por los derechos humanos, André Sibomana, comenzó a compilar listas con los presos en Gitamara para identificar las personas que habían desaparecido después de que la brigada 157 de RPA, comandada por Fred Ibingira, tomara el control de la prefectura en junio de 1994. Las listas incluyen el nombre de cerca de 18.000 civiles, entre ellos mujeres y niños, que fueron asesinados desde junio/julio de 1994 en adelante por la RPA. El documento se compone de 400 páginas con los nombres de las víctimas escritas a mano, e incluye cartas testimoniales del entonces ministro del Interior Seth Sendashonga. El resultado se entregó a las autoridades belgas en un intento de poner en marcha un proceso civil contra el gobierno de Ruanda de acuerdo con la jurisdicción universal. Pero Bélgica no respondió a la solicitud.

En 1996 Twagiramungu también le dio una copia del disco con el documento al ponente especial de la ONU, Réné Degni-Segui. El Tribunal Internacional tampoco actuó esta vez. Degni-Segui informó después que recordaba haber recibido el archivo de Twagiramungu, pero añadió que había un “problema de tráfico” en el tribunal en aquel momento y que muchos archivos desaparecieron.

Mientras tanto, Sendashonga dio una conferencia de prensa en Nairobi publicando las pruebas ante los medios de comunicación y varias organizaciones. Sin embargo, sus esfuerzos recibieron escasa cobertura, a excepción del periódico francés Libération. Las fuentes confirmaron que se contactó con la investigadora de Human Rights Watch Alison Desforges, pero no continuó con la investigación del asunto.

El padre Sibomona murió en Ruanda en el año 1998. Sendsahonga huyó de Ruanda en 1995 y fue asesinado en Nairobi por supuestos agentes ruandeses.

Robert Gersony, consultor de Estados Unidos con gran experiencia en zonas de guerra, fue contactado para evaluar la viabilidad de los refugiados ruandeses que regresaban a sus hogares tras el genocidio, y visitó con su equipo 91 sitios, entrevistando a 200 individuos. Gersony descubrió que los refugiados hutus “fueron llamados a reuniones sobre la paz y seguridad. Una vez reunidos, el RPA se movilizaba y llevaba a cabo los asesinatos. Además de las matanzas en grupo, también se hacían registros de casa en casa (…). En algunos pueblos, el equipo estimó que 10.000 personas o más han sido asesinadas desde abril”.

En una sesión informativa, Gersony fue más contundente. Una fuente de la misión de paz de la ONU declaró: “Gersony presentó evidencias de lo que él describió como las atrocidades, calculadas y sistemáticas, del genocidio contra los hutus por el EPR, cuyas acciones (30.000 asesinatos), sólo pudieron haber sido parte de un plan implementado como política desde las más altas esferas del gobierno. En su opinión, no se trataba de casos individuales de venganza y juicios sumarios, sino que fue un genocidio planificado previamente contras los hutus. Gersony apostó su reputación de 25 años al afirmar que sus conclusiones eran diametralmente opuestas a las suposiciones realizadas hasta ahora por la ONU y la comunidad internacional”.

Las Naciones Unidas y los Estados Unidos emprendieron inmediatamente el control de los daños y decidieron ocultar los resultados. Ya no volvió a haber más investigaciones y los sospechosos de esta masacre no fueron interrogados.

El Experimento de Ruanda

¿Por qué no fueron Kagame y sus secuaces procesados, de cara a todas aquellas evidencias? La respuesta es simple, aunque enmascara motivos muy complejos. Washington y Londres implementaron una decisión política para cubrir sus crímenes. La decisión de conceder la inmunidad a Kagame se convirtió en legalmente posible mediante la eliminación de la fiscal principal Carla del Ponte y su reemplazo por Hassan Jallow, un abogado de Gambia que estaba más que dispuesto a ejercer la discreción procesal que se le pedía.

A parte del hecho de que Estados Unidos y Gran Bretaña habían sido socios militares estratégicos del FPR antes del genocidio, ¿qué había detrás de aquélla impresionante exhibición de cinismo que proporcionó cobertura a Kagame?

La justicia motivada políticamente del Tribunal Internacional estaba basada en una especie de racionalidad perversa que sólo podía ser denominada como El Experimento de Ruanda. El pensamiento en aquel momento era que, dado que el país había experimentado un genocidio popular -uno en el que los extremistas hutus estaban dispuestos a matar a los tutsis a plena luz del día y se quería conseguir que la población civil se uniera a Kagame-, el presidente y su brutal disciplina parecían ser los mejores candidatos para evitar más derramamiento de sangre. La suposición de que Kagame era la apuesta más segura acabó siendo tan peligrosa como errónea. Primero, faltó tener en cuenta las atrocidades ya realizadas por el RPA durante la guerra de invasión de tres años, que arrojó luz sobre la brutal naturaleza de Kagame. Y, segundo, esta idea resultó devastadora para millones de ciudadanos de la República Democrática del Congo cuyas vidas se perdieron después de que el ejército invadiera el país en 1996 y desatara una guerra de proporciones épicas.

Un abogado que trabajó en La Haya dio explicación a este asunto:

La eliminación de la señora del Ponte del Tribunal Internacional por el Consejo de Seguridad refleja el cálculo de EEUU y Reino Unido, en el que Kagame suponía la mejor opción de cara a evitar un futuro genocidio en Ruanda y en Burundi. El señor Jallow, que reemplazó a Del Ponte en Arusha, fue seleccionado sobre la base de que su labor no buscaría enjuiciar al personal del RPF.

En mi opinión, estos argumentos están fuera de lugar: la inmunidad de la que goza Kagame ha servido para envalentonar sus tendencias autoritarias por el país y su “aventurismo internacional”, inicialmente por motivos de seguridad y después por motivos económicos. En pocas palabras, el señor Kagame necesita la riqueza extraída de la República Democrática del Congo por razones de política interna.

El mismo abogado dijo que la Corte Penal Internacional sostenía un caso contra Kagame después de 2002, mientras Ruanda financiaba a la milicia asesina en la República Democrática del Congo. Una vez más, sin embargo, los intereses conspiraron para proteger al presidente. Esta vez se trataba de los intereses estratégicos de Sudáfrica en la República Democrática del Congo. En ese momento, el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, disfrutó de una cálida relación con Kagame y con el fiscal jefe de la Corte Penal, Luis Moreno-Ocampo.

Con el tiempo, el señor Moreno estuvo “jugando” según los intereses de Sudáfrica, y es que las empresas sudafricanas encontraron un garante de la estabilidad en el RPA y en su milicia.

El abogado, mientras que la Corte Penal debería haber detenido al señor de la guerra Kagame Bosco Ntaganda (ex sargento del FPR y pieza clave de las atrocidades), Moreno-Ocampo accedió a las demandas del presidente ruandés para que se le dejara en paz.

En 2013, menos de un año después de que Moreno-Ocampo dejara la Corte Penal y Fatou Bensouda se convirtiera en fiscal jefe, Ntaganda se entregó a la corte. Ahora, el ex sargento está siendo juzgado. Los abogados sostienen que este señor de la guerra ordenó a su milicia realizar asesinatos, violaciones, actos de esclavitud sexual y saqueo. Un abogado de las víctimas relató: “Las víctimas murieron por las balas, por las flechas o por palos con clavos. La mayoría de ellos fue mutilada, algunos decapitados y su cabeza era percibida como un trofeo”.

El vasto imperio de extorsión en el este del Congo que Ntaganda propició bajo órdenes de Kagame, será examinado en La Haya. Pero los escépticos dudan de que este señor de la guerra vaya a declarar contra su padrino, quien se cree que alterará la constitución de Ruanda para buscar un tercer mandato en 2017.

Sin embargo, parece que la reputación de Kagame se desmorona mientras se aleja cada vez más de su círculo íntimo y mientras promueve el terrorismo dentro y fuera de las fronteras del país. Sus crímenes de los últimos 25 años están más expuestos que nunca.

En realidad, Kagame no tiene más autoridad moral para liderar Ruanda que el coronel Théoneste Bagosora, un ex miembro del Ministerio de Defensa de Ruanda, considerado el arquitecto del devastador genocidio que despojó al país de su humanidad.

Por Judi Rever: periodista independiente establecida en Montreal, antigua miembro de la Agencia France-Presse y de Radio France Internationale. Ha trabajado en la República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Costa de Marfil y en Oriente Medio. Especializada en derechos humanos y actualmente investigando para un libro que explorará los crímenes de guerra cometidos por el Frente Patriótico de Ruanda y su ejército.

Rising Continent – Fundación Sur

Traducción de Iris Pugnaire Sáez

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