Recientemente visitamos Idku, en la gobernación de Behera (Egipto), una hermosa ciudad costera del Mediterráneo, 35 kilómetros al este de Alejandría. Idku es principalmente una comunidad de pescadores; la población local de 250.000 personas ha dependido desde hace mucho tiempo del lago Idku –de agua dulce- y del mar para su supervivencia. Adicionalmente, su economía también depende de la agricultura: Idku es famosa por su guayaba, y sus residentes describen orgullosos las uvas de Idku como “las mejores del mundo”.
Hablando con los vecinos de Idku, el orgullo de la gloria pasada de su ciudad natal es difícil de pasar por alto, “Idku era la despensa de Egipto”, me cuentan. Pero también lo es la amargura de su potencial perdido, la negligencia, las violaciones y la pérdida de su medio de vida”, “Idku es una ciudad huérfana, a nadie le importa”.
En verdad, Idku parece ser un punto de encuentro desafortunado de una confluencia de beneficios sin visión de futuro y políticas dirigidas por intereses corporativos recortando por todos los sectores vitales, combinada con una falta de cualquier consulta real y efectiva con la comunidad local, incluyendo a los pescadores del litoral y del lago, los agricultores y la juventud. Desde la invasión de su lago por parte de los amigotes del ex Partido Democrático Nacional para el lucrativo negocio de la acuacultura, pasando por el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes químicos en el sector agrícola, sancionado por el Estado, hasta la falta de supervisión y rendición de cuentas de la polución industrial en canales que desaguan en el lago y el Mediterráneo, el pueblo de Idku ha sido testigo de la lenta e imparable destrucción de su medioambiente marino, del lago y de la tierra, es decir: su medio de vida y su economía.
Estos factores además se confunden con el impacto del evidente cambio climático: el avance en la resistencia de la comunidad a los oleajes estacionales, cada vez más largas y más fuertes, se debilita por el descontrolado barrido de las dunas de arena de Idku (ahora casi desaparecidas por completo) por parte de los constructores de las grandes compañías, cambiando la topografía costera y privando a la zona de la barrera costera natural. Las estaciones cambiantes han agravado los impactos sobre la ya disminuida población de peces, para los vulnerables pescadores, disminuyendo las capturas y la variedad de especies. Las degradadas tierras de cultivo están sufriendo por la creciente salinización, con el 95% de los cultivos de los famosos huertos de guayabas están gravemente dañados.
Como en la mayoría de los casos, las demandas de la comunidad de Isku y sus socios interesados están impresionantemente formuladas de manera clara y simple. Hablan con conocimiento de la necesidad de reformar la política agrícola y reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, para la regulación ambiental y legal del sector de la acuacultura, y proponen la desviación de los canales que descarguen sus vertidos lejos del lago y una regulación efectiva en toda la nación para las aguas residuales –ya sean industriales, agrícolas o sanitarias. Sin embargo, siempre se ha hecho oídos sordos a estas demandas, las autoridades siguen estando del lado de los intereses de las empresas de los ricos y poderosos, a expensas de la comunidad.
Pero Idku se mantiene desafiante, incluso frente al proyecto egipcio de Gas Natural Licuado, una inmensa planta de licuación de gas natural en una playa cercana. Las operaciones petroleras son llevadas a cabo por dos empresas conjuntas, Rashpetco y Burullus, cuyos accionistas incluyen a la gigante británica British Petroleum, BP, a la malasia PETRONAS, a la francesa Gaz France, y a las compañías estatales egipcias EGAS y EGPC.
Idku lucha contra la degradación de su medioambiente por las compañías petroleras. Estas compañías han erigido rompeolas que restringen el acceso a las zonas de pesca viables, y han vertido ilegalmente residuos al mar, causando que lleguen a la orilla mejillones muertos. La comunidad de Idku llevó a los tribunales a Rashpetco por el vertido de aguas residuales. Una sentencia judicial de 2006 referente a un informe de la Agencia de Asuntos Medioambientales de Egipto, EEAA, descubrió que la compañía era culpable de vertidos ilegales de aguas residuales y de residuos industriales. Y los residentes acusan a la compañía de verter sus residuos ilegalmente en sus campos y canales.
Todo sin ningún beneficio para la comunidad Idku. Además de la rendición de cuentas por la polución, la comunidad ha demandado desde hace mucho tiempo una indemnización justa por parte de las compañías petroleras, que vaya más allá de la pintura cosmética de la fachada de una escuela o un mercadillo solidario anual por Ramadán. Las demandas incluyen oportunidades de empleo para sus jóvenes con estudios, un pequeño muelle para los pescadores del litoral, el mantenimiento y conservación del lago…
La contribución de las compañías al desarrollo de la comunidad, el cual se detuvo por completo con la revolución de todos modos, fue un trabajo de caridad. “No pedimos caridad, estamos demandando nuestros derechos”. Dice un activista de Idku.
Hoy, esas demandas siguen sin cumplirse. Así, cuando British Pretroleum se fijó en Idku para una planta de procesamiento de gas natural en alta mar, la comunidad se tomó el asunto por su mano: se movilizó para oponerse al proyecto. Las carreteras fueron bloqueadas, una sentada ocupó el lugar de la construcción, la oficina de BP fue atacada y se celebraron asambleas populares en las calles. La campaña y resistencia local organizada por la comunidad de Idku logró detener la planta de BP.
No se debería permitir que ningún proyecto industrial atente contra los recursos naturales, según los residentes de Idku.
Desafortunadamente, BP no se ha rendido totalmente. En lugar de reconocer que no es bienvenida, la compañía se ha trasladado a un nuevo lugar un poco más al este, siguiendo la costa. Ahora la lucha se traslada a Mtubas, en Kafr elSheikh, el nuevo emplazamiento propuesto para la planta de BP.
Reem Labib
Publicado en la página web de Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), el 25 de junio de 2013.
