20 Junio, 2011. 7.00
Cómo un comandante acusado de crímenes de lesa humanidad termina en un viaje por EEUU aprobado por el gobierno y qué dice esto de nuestra relación con el sistema de justicia internacional y con Ruanda.
[Pie de foto: Edificio central de la base militar estadounidense de Fort Leavenworth, Kansas, donde los oficiales aseguran haber recibido recientemente a Justus Majyambere, oficial ruandés buscado por supuestos crímenes de guerra / Fuente: Wikimedia Commons]
A finales de mayo se publicaron de manera modesta unas noticias, pocas de ellas en inglés, informando sobre la detención de un oficial del ejército de Ruanda en territorio estadounidense -probablemente en Washington DC- por supuestos delitos cometidos durante la década de 1990. El acusado volvió a aparecer en su país natal pocos días después. La verdad que se esconde tras estos sucesos va ser más complicada y sorprendente. Una fuente de TheAtlantic.com dice que el oficial ruandés, sobre quien pesa una acusación internacional por el supuesto asesinato de varios miembros españoles de una ONG en Ruanda y la RDC, visitó unas bases militares mientras se encontraba de viaje oficial para el gobierno de Ruanda, viaje autorizado expresamente por el gobierno de EEUU. Aunque no se sabe a ciencia cierta si se le detuvo o solo se le retuvo brevemente al acceder a EEUU, este hecho pone de manifiesto la complejidad de la relación EEUU-Ruanda, una relación en la cual entran en conflicto, cada vez más, los derechos humanos y los intereses estratégicos. A su vez, destaca también el poco alcance de la justicia internacional dentro de EEUU, país que en ocasiones no cumple con la responsabilidad de entregar a la justicia a supuestos criminales de guerra.
Según se ha informado en los medios de comunicación, entre ellos en un artículo del 25 de mayo en el diario El País, se arrestó a Justus Majyambere, comandante de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, durante una visita a EEUU. En 2008 se le condenó in absentia en España por el papel que supuestamente había desempeñado en el asesinato de nueve españoles de una ONG en Ruanda en los años siguientes al genocidio étnico de 1994.
Desde que terminó el genocidio y el líder rebelde Paul Kagame se hizo con la presidencia, hace ya once años, EEUU y Ruanda han gozado de una relación cercana. La Ruanda de Kagame se describe a menudo como la nación políticamente más estable de África central y, durante un tiempo, se veía al propio Kagame como al salvador potencial de una región desgarrada por el conflicto. Sin embargo, la actitud de Kagame en lo relativo a los derechos humanos se ve sometida a examen cada vez más a menudo, sobre todo después de su victoria en las elecciones presidenciales del año pasado con un apoyo supuestamente del 93%. Hillary Clinton, Secretaria de Estado de EEUU, evitó visiblemente pasar por Ruanda durante sus dos viajes a África.
La detención de un cargo gubernamental en territorio ostensiblemente amigo podría haber perjudicado gravemente la relación entre Ruanda y EEUU. El gobierno de Ruanda es extremadamente sensible en lo que respecta al sistema de justicia internacional. Varios cargos ruandeses están acusados internacionalmente, algo que limita su poder para viajar y mina, por tanto, la legitimidad del gobierno a escala internacional. Muchos de ellos, incluido Kagame, fueron acusados en Francia en 2006. Esto rompió las relaciones entre ambos países.
En España sucede algo parecido. Según Leonardo Marcos, de la embajada española en Washington DC, Majyambere está en código rojo, un aviso internacional que equivale aproximadamente a una orden de detención en la mayoría de la Unión Europea, pero que en EEUU se trata con menor autoridad. En lo que a España respecta, Majyambere es un fugitivo y un criminal de guerra responsable de la muerte de ciudadanos españoles.
La noticia murió pocos días después de que surgiera esta información sobre la detención de Majyambere. No se hacía mención en un solo diario estadounidense. Y con la negación de Ruanda y la falta de confirmación oficial sobre la detención de Majyambere, la noticia se aproximaba más a un rumor en la web que a un motivo para el enfrentamiento entre EEUU, España y Ruanda. También Marcos reconoció que la postura oficial del gobierno español era que se trataba de un caso de confusión de identidad. “Probablemente la policía estadounidense haya detenido a una persona con nombre similar, o con el mismo nombre”, aseguró Marcos, “pero a esta persona, Justus Majyambere, aún no se la ha detenido”.
También para la embajada española las noticias sobre la detención de Majyambere se basan en una información no demostrada, en poco más que rumores. Sin embargo, esos rumores han resultado tener una base. Según un memorándum de la Oficina Central de la Interpol en España enviado al juez Fernando Andreu, la Oficina Central de la Interpol envió el 15 de mayo un comunicado urgente a sus homólogos españoles. En algún lugar de EEUU la policía había comprobado los antecedentes de una persona de la que se sospechaba de “inmigración ilegal”. La comprobación dio como resultado el código rojo de Majyambere y desencadenó un torbellino comunicativo entre el agente de la Interpol en España y el Juez Andreu, en cuyo juzgado se había dictado sentencia para Majyambere y otros 39 oficiales del ejército de Ruanda en 2008.
La Interpol comunicó a Andreu que EEUU había detenido a una persona llamada Justus Majyambere, nacido en Mbarara, Uganda, en 1996. Según Jordi Palou-Rognoni, abogado español clave a la hora de emitir las condenas de 2008, Andreu había dado a entender a los estadounidenses que terminaban de detener a una persona imputada tres años antes por su juzgado. “El Juez confirmó a las autoridades estadounidenses que había una orden de detención internacional”, asegura Rognoni en un correo electrónico, “y que [Majyambere] estaba clasificado como código rojo (si se confirmaba que el sospechoso había nacido en Mbarara, Uganda, en 1966)”.
Aun así, Rognoni añadió que las autoridades españolas carecían de una fotografía del sospechoso. TheAtlantic.com obtuvo una carta de la Interpol a Andreu donde se expresaba cierta frustración subyacente con las autoridades de EEUU. “A pesar de lo que ya había quedado claro”, se puede leer en la carta, “las autoridades estadounidenses no pueden confirmar que esta persona haya entrado en su país”. En cualquier caso, las emisoras de radio en Ruanda informaban el 25 de mayo de que Majyambere había vuelto al país.
Ninguna de las personas consultadas durante a la elaboración de este artículo pueden confirmar si la persona detenida el 15 de mayo era Majyambere. Sin embargo, hay un corpus de pruebas que así lo sugieren. Cargos militares de EEUU y Ruanda y agentes estadounidenses confirman que Majyambere entró en EEUU el 15 de mayo. Se había ido de Ruanda el día anterior y volado de Amsterdam a Detroit. El portavoz del FPR, el Teniente Coronel Jules Rutaremara, confirmó la visita de Majyambere y aseguró que viajaba junto con otros dos oficiales del FPR en capacidad de director de la academia militar de Ruanda. Les interesaba, según Rutaremara, crear una academia militar siguiendo el modelo de la academia estadounidense de Ft. Leavenworth, Kansas, que acogió a la delegación ruandesa del 15 al 21 de mayo según afirma la portavoz oficial Rebecca Steed. A pesar de la acusación de España, el código rojo de la Interpol y de que los informes señalasen que podía haber existido una detención temporal tras el aterrizaje en EEUU, Majyambere pudo viajar libremente por el país e incluso reunirse con el Gral. de Brigada Sean McFarland, vice-comandante de Ft. Leavenworth.
EEUU y España tienen un tratado de extradición que permite que ambos países detengan y extraditen a cualquier persona imputada por el sistema judicial del otro. Por tanto, no está claro por qué Ruanda se arriesgaría a enviar a Majyambere a EEUU a sabiendas de que un tratado de extradición obligaría a su detención. Sin embargo, el FPR asegura que no estaban preocupados y que la causa contra Majyambere ni siquiera se trató durante la preparación de su visita a EEUU. “Se obtiene una garantía [de no detención] mediante discusiones y negociaciones”, aseguró el portavoz Rutaremara en un email. “El FPR no mantuvo discusión o negociación alguna con nadie relativa a la causa contra Majyambere”.
Que el gobierno de EEUU decidiera no oponerse a la visita de una persona acusada de crímenes de guerra en EEUU –tolerando su estancia después de que efectivos de la policía supieran del código rojo que pesaba sobre él, y permitiéndole volver a casa libremente- dice mucho de la complicada relación de EEUU con el gobierno de Ruanda y con el derecho internacional.
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El caso de Mjyambere está en el centro de otros dos asuntos diplomáticos: la creciente cautela de EEUU con el presidente Paul Kagame y su gran ambivalencia frente a los mecanismos del derecho internacional, como la Corte Penal Internacional o la idea, aún controvertida, de la jurisdicción universal para delitos contra los derechos humanos.
[Pie de Foto: George W. Busch con el presidente Kagame / Fuente: Reuters]
Ambas actitudes están plagadas de contradicciones. EEUU apoya el gobierno de Kagame por la estabilidad que conlleva y la competencia general, a pesar de que la preocupación por el cumplimiento de los derechos humanos ha hecho que se enfríe la relación. En los años posteriores al genocidio de Ruanda, “la idea era ‘Mira, es una zona complicada y tener un aliado estable que pueda controlar el territorio hace que merezca la pena mirar hacia otro lado’”, asegura Laura Seay, profesora de ciencias políticas especializada en África Central en Morehouse College. “Lo que hemos visto en los últimos años es un distanciamiento de esa política, un distanciamiento a la hora de felicitar o hablar de Ruanda como si fuera uno de los ‘niños bonitos’ de África”. Seay comentó que, de manera significativa, EEUU no felicitó a Kagame por su reelección el año pasado, elecciones que ganó entre acusaciones de fraude con un 93% de apoyo.
La política estadounidense relativa al derecho internacional es un asunto más turbio. A pesar del fuerte apoyo retórico del país a los derechos humanos, EEUU aún no ha firmado el Estatuto de Roma para tomar parte en la Corte Penal Internacional. Esto no es tan hipócrita como podría parecer: incidentes como el de la acusación del antiguo vicepresidente Richard Cheney en Nigeria el año pasado demuestran que una jurisdicción universal tiene sus desventajas. Jeremy Rabkin, profesor de derecho en la Universidad George Mason, explicó que un concepto demasiado amplio de jurisdicción legal podría minar la diplomacia global y crear más caos del que evita. “Una acusación penal es lo más serio que se puede acometer después del envío de tropas o misiles de crucero”, aseguró. “Se pueden tomar otras muchas medidas antes de llegar a ese punto”.
En mayo de 2008, Ruanda, la teoría sobre el derecho internacional y el propio Majyambere coincidieron en una reunión entre Clint Williamson y cargos españoles, reunión documentada en un cable de Wikileaks. “El embajador Williamson instó al gobierno español a llegar a un acuerdo político con el gobierno ruandés para así suavizar la tensión después de la condena de cuarenta oficiales ruandeses por la muerte de nueve españoles entre 1994 y 2000”, se recoge en el cable. Durante la reunión, España reconoce que la sentencia había tensado las relaciones con Ruanda. El Director General para África en España dejó caer que el Juez Andreu había actuado de manera precipitada al condenar a altos miembros del ejército de Ruanda.
El Subdirector para África Sánchez-Benedito le dijo a Williamson el 19 de mayo que la familia y asociados de las nueve víctimas españolas habían convencido al juez español para hacerse cargo del caso y de que todos los testimonios y pruebas recogidas hasta el momento apuntaban a fuerzas dentro del FPR como responsables. Asegura que fue entonces cuando el juez decidió ampliar la acusación hasta abarcar al ejército ruandés y la cúpula del gobierno casi en su totalidad, a excepción de Kagame que quedaba exento únicamente debido a la inmunidad que le otorgaba su condición de jefe de estado.
Parecía que la sentencia, que incluía a Majyambere, se había tornado una carga para España, Ruanda y EEUU y, según comenta un investigador de derechos humanos cuyo nombre permanece en el anonimato, el fallo “no se había argumentado demasiado bien” y “había demasiados rangos implicados en los casos que se intentaban cubrir”.
Sin embargo, el caso no desapareció. Se obligó a Ruanda a volver a llamar a Rugumya Gaginya en la embajada de Washington DC tras la acusación de Andreu. El año pasado, Basta de Impunidad en Ruanda, una organización española que ayudó a forzar las acusaciones, lideró una campaña para extraditar al antiguo oficial de las FRD de Sudáfrica.
Estas sentencias tienen la fuerza de la ley, algo que pone al gobierno estadounidense en un lugar incómodo ya que tendrá que elegir entre la legislación legal internacional -legislación que ahora tendrá que acatar completamente- y una relación complicada con un aliado regional –un aliado con una trayectoria inquietante en materia de derechos humanos.
En octubre de 2010 el gobierno de Kagame sufrió uno de los peores golpes de sus once años de vida. Durante ese mes la ONU publicó un informe sobre las violaciones de derechos humanos sufridas en la RDC entre 1993 y 2003. El informe documenta el altísimo número de invasiones de la RDC por parte Ruanda durante 1996 y 1998, señalando así al ejército ruandés y sus apoderados por las “aparentemente incesantes persecuciones y matanzas de refugiados hutu, miembros de las antiguas Fuerzas Armadas de Ruanda y las milicias implicadas en el genocidio de 1994 (Interhamwe)”. En el informe no se menciona a Majyambere, pero era un oficial de alto rango durante ese periodo. Si la milicia Ruandesa llevó a cabo una política donde se fijaba como objetivo a los ciudadanos hutu, es probable que él se haya visto implicado en su puesta en marcha.
El Tribunal Penal para Ruanda en Arusha, Tanzania, solo tiene poder para juzgar delitos cometidos durante el genocidio de 1994, lo que deja al gobierno de Kagame exento de cualquier violación que pudiera haber cometido en los años posteriores al conflicto con sus intentos de casar a genocidas hutu que se habían refugiado en Congo Oriental. Eso cambiaría. “El informe sobre la violencia proporciona una base para el procedimiento legal”, dice Seay.
¿Pero qué tipo de procedimientos legales? ¿Y de mano de quién? Rognoni, el letrado español, ve la sentencia de su país como una oportunidad de establecer una responsabilidad legal por las violaciones de los derechos humanos, como aquellas descritas en el informe. “Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, de genocidio o crímenes de guerra, hablamos de los delitos más graves que existen”, afirma. “Los procesamientos españoles al menos han limitado la capacidad de los oficiales para viajar por Europa. De no ser por el sistema jurídico español”, afirma Rognoni, “los acusados podrían gozar de total impunidad”. Seay asegura mostrarse más que reticente a los efectos del activismo jurídico en los derechos humanos. “Puede marcar la diferencia a la hora de localizar a las personas y seguirles la pista”, dice, “pero ¿no huele acaso a neo-colonialismo y a una incursión en los asuntos de un país independiente? Por supuesto. ¿Podemos garantizar que ese país se vaya a asegurar de que la ley se cumple independientemente de quienes sean los culpables? Ahora mismo, la respuesta es no”.
El caso español acusó abiertamente a Majyambere y a otros 39 oficiales ruandeses de crímenes de guerra cometidos en Ruanda y la RDC a finales de la década de los noventa. Sin embargo, acusa específicamente a Majyambere de planear el asesinato de los miembros de la ONG española. Rognoni asegura que “un testigo protegido que formaba parte del FPR” sitúa a Majyambere en una reunión en la que se organizó el asesinato de tres médicos españoles. “Ese testigo sabía que el Capitán Majyambere estaba al mando de esa operación junto con otra persona, era un equipo entre gendarmes y militares”, dice Rognoni. La sentencia dice que Majyambere “habría sido uno de las personas que participaron en el ataque a la sede de Médicos del Mundo y el asesinato de Manuel Madrazo, Flores Sirera y Luis Valtuena”.
EEUU no tomó demasiado en serio estas acusaciones, ni siquiera cuando suponía el presunto asesinato de ciudadanos de un aliado cercano a manos de un gobierno con un historial perturbador en lo relativo a los derechos humanos. Según la oficina de prensa de Ft. Leavenworth a cualquier visitante extranjero se le comprueban rigurosamente los antecedentes. “Las solicitudes de visita se gestionan a través del Departamento de Defensa y Estado para incluir a las embajadas del país solicitante y mandatos militares de manera responsable para el país y la región”, decía Steed en un email. La solicitud del gobierno de Ruanda para este viaje en particular “se gestionó a través de US AFRICOM y el viaje se coordinó desde la embajada de EEUU en Kigali, Ruanda”. Steed afirma que los oficiales de Ft. Leavenworth no tenían la más mínima idea de que Majyambere estuviera acusado de crímenes de guerra o se hallara bajo la categoría de código rojo por la Interpol.
En cualquier caso, el viaje de Majyambere fue una visita de rutina. Su supuesta detención, que en estos momentos sigue sin confirmarse, fue un imprevisto que fácilmente se pudo dejar de lado y no un incidente internacional de grandes dimensiones. Cuando EEUU tuvo que elegir entre respetar la legislación internacional o mantener una buena relación con un aliado cuya actitud con los derechos humanos es lo suficientemente cuestionable como para que la ONU haya procedido a investigar y a dictar sentencia en su contra, EEUU eligió esto último.
Armin Rosen, escritora freelance residente en Nueva York.
Fuente: http://www.theatlantic.com – 20 de junio, 2011.
