Nada tan esclarecedor, estimulante y gratificante a la vez como el artículo del Fiscal anticorrupción CARLOS JIMENEZ VILLAREJO, estampado en página entera en El País (11-febrero-2022). Es un regalo para nuestra sociedad supermanipulada y engañada, regalo que nos hace gritar interiormente: finalmente hay quien señala las cosas como son, dice la verdad y abre el corazón a la esperanza.
Puede leerse todo el artículo, pero no deseo sino facilitar que resumido -breve, más claro a poder ser- llegue a otros muchos.
Los Partidos políticos suelen ser corruptos porque conciertan y sustentan un sistema económico y político que favorecen a los más poderosos, con normas que son anticonstitucionales (Art. 128,2; 129,2), por no aportar recursos, soluciones esenciales e intervenciones si es preciso contra las empresas cuando lo reclama el interés general.
Vige en España un capitalismo de hace más de dos siglos, que ampara una democracia de clases, con un Derecho que mercadea con los derechos fundamentales y ofende la dignidad y libertad de los ciudadanos.
Todo esto hace patente la desnaturalización de los Partidos políticos y de sus gobernantes, que funcionan al margen de una integridad moral e incluso proporcionan apoyo a normas que van contra ella.
¿Para qué y a quiénes sirven los Partidos?
La Ética ha dejado de ser pública por encontrarse ausente de la Política y de los que llevan sus riendas, no es conforme a justicia ni es transparente; no está guiada por una moral crítica, de valor universal, que asegure el bien de los ciudadanos; ni por la conciencia elemental de que el Gobierno no es de mercancías, sino de seres humanos, con una dignidad y derechos inviolables, fieles al principio de que “los seres humanos son fines en sí mismos , de valor absoluto, nunca medios”.
Para la política neoliberal, y los políticos que la aplican, estos principios son nada, pueden ser menospreciados y legitiman el enriquecimiento personal e ilícito de los gobernantes.
Ojo, por tanto, al talante del gobernante -elegido o que puede ser elegido-:
- ¿Cumple con las normas al servicio del interés general?
- ¿Aplica las normas con criterios ajenos a la estricta legalidad?
- ¿Lo hace sin favoritismo propio ni de otros?
Es decir: ¿Es leal a la legalidad y al Estado democrático?
Y sigue el artículo que, de cumplirse, daría vida, dignidad, derechos y paz a todos.
Benjamín Forcano
