Milkah, refugiada de la República Democrática del Congo (RDC), llegó a Nairobi en 2021 acompañada de sus tres hijos: una hija de diez años y dos varones de ocho y tres años.
Buscaba reunirse con su esposo, quien se había refugiado en Kajiado, un condado al suroeste de Nairobi. Tras permanecer un tiempo en Kajiado con su esposo, su familia comenzó a recibir amenazas de otros congoleños en Nairobi. No denunciaron las amenazas de inmediato, pues pensaron que las tensiones disminuirían con el tiempo al integrarse en su nueva comunidad. Sin embargo, las amenazas aumentaron, volviéndose más agresivas cada día, y Milkah y su esposo decidieron denunciarlas en la comisaría local. No obstante, no se tomó ninguna medida y, finalmente, renunciaron a la ilusoria «justicia en venta» que les resultaba inalcanzable.
Con Kenia presentándose como una nación amigable con sistemas que funcionan, la mayoría de los migrantes llegan esperando una fácil integración, solo para encontrarse con un sistema cuyos engranajes requieren sobornos debido a la corrupción generalizada. Inevitablemente, la corrupción se convierte en una herramienta para castigar a los más vulnerables. Esto dificulta el acceso a los servicios al erigir barreras no solo en la periferia del país, sino también dentro de las ciudades: en el sistema de salud, en el poder judicial y en otros sectores esenciales a los que los migrantes necesitan acceso.
Milkah y su familia decidieron entonces contactar a una organización que apoya a los refugiados. La organización intervino reubicando al esposo de Milkah en la isla de Rusinga, en el condado de Homabay, a unos 400 kilómetros al oeste de Nairobi. Allí, la organización le ofreció refugio y un lugar seguro, pero resultó ser una red de explotación donde lo obligaban a trabajar horas extras, cavando zanjas sin paga. Fue explotado laboralmente durante un mes entero, recibiendo solo comida y alojamiento como compensación. Esto, una vez más, separó a la familia de Milkah, ya que tuvieron que sobrevivir en Nairobi mientras su esposo vivía a kilómetros de distancia en condiciones muy precarias. Durante su estancia allí, no se le permitía ver a su familia ni siquiera hacer llamadas telefónicas. El contacto con la comunidad era escaso y también se le negaba el acceso a un teléfono.
Mientras tanto, entabló amistad con algunas personas. Fue uno de estos amigos quien más tarde le permitió usar su teléfono para comunicarse con su familia. Cuando finalmente contactó a Milkah, le explicó su situación. Sin otra alternativa, su esposa se puso en contacto con su vecina, quien la remitió a nuestro centro: el Centro de Justicia Comunitaria de Kayole (KCJC).
Milkah anhelaba ver a su esposo, pero no tenía un permiso que le permitiera viajar de Nairobi a Homabay. Sus tres hijos, la barrera del idioma y el viaje a un territorio desconocido complicaban aún más la travesía. A pesar de todas estas dificultades, el KCJC, en colaboración con otras organizaciones, logró obtenerle un permiso de salida de Nairobi por un mes para ella y sus hijos. Una vez que obtuvo estos documentos, se enfrentó a otro desafío: desconocía el paradero exacto de su esposo y tuvo que esperar días antes de que volviera a llamarla desde otro teléfono.
Mientras Milkah esperaba ansiosamente durante más de una semana a que un nuevo número la llamara, temía que su permiso de residencia expirara antes de poder encontrarlo, dudando de si ella y sus hijos volverían a verlo. También temía que las penurias a las que estaba sometido le causaran daño y, peor aún, la muerte. Acudir a la policía no era una opción, y su única esperanza residía en las organizaciones de derechos humanos que apoyan a migrantes y refugiados. Otra de sus preocupaciones era cómo ella y sus tres hijos sobrevivirían sin el sustento de una familia.
El miedo constante de Milkah por su supervivencia no difiere del de otros migrantes y refugiados con los que seguimos trabajando en nuestras comunidades de Nairobi. Tanto documentados como indocumentados deben lidiar activamente con la precariedad diaria en las zonas donde viven, expuestos a múltiples formas de violencia, tanto activa como pasiva. Aunque la exclusión no siempre es explícita, las normas y la cultura tácitas marginan a los migrantes que siguen llegando desde Congo, Burundi, Ruanda, Somalia y otros lugares.
A finales de 2024, organizamos una reunión y una jornada de asistencia jurídica para los recién llegados a nuestra comunidad. Nos abrieron su corazón y relataron las enormes injusticias que siguen sufriendo: las fronteras que debían cruzar para acceder a servicios básicos, la marginación que padecían en algunos barrios y el miedo constante que los acompaña a diario.
Estas historias iban desde relatos desgarradores hasta narraciones espeluznantes, pero todos los que hablaron tenían rostros que reflejaban esperanza. En un caso, Juliana destacó cómo los propietarios los discriminaban y narró cómo le subieron el alquiler, sin consultarle ni avisarle previamente, solo porque ella y su familia eran inmigrantes. También se enfrentó a la barrera del idioma y desconocía los mecanismos legales disponibles para obtener una solución. Además, los ciudadanos kenianos que eran sus vecinos pagaban solo alrededor del 75 % del alquiler que ella pagaba. Al compartir esta experiencia, expresó:
Nikiwa mgeni Kayole sikuwa najua Kiswahili vizuri, na mwenye nyumba aliniongezea kodi. Baadaye ndio niliulizia jirani tukiongea akaniambia analipa kodi kidogo kuniliko na elfu mbili.
Cuando llegué a Kayole, no hablaba bien suajili y el propietario me subió el alquiler. Más tarde, le pregunté a mi vecino y me dijo que pagaba un alquiler 2000 chelines kenianos (20 dólares) menor que el mío.
Juliana narró cómo su amiga, también refugiada, no pudo obtener justicia para su hija después de que un vecino keniano la agrediera sexualmente. La comisaría de policía de Kayole no tomó el caso en serio, lo que dejó a la madre y a la víctima traumatizadas. La madre también destacó la dificultad para acceder a la información; tuvo muchos problemas para contactar con las instituciones donde creía que podría obtener reparación. Tras meses de trámites, para su consternación, el caso fue archivado, dejándola destrozada.
La supervivencia se ha convertido en un gran desafío para los kenianos, y es aún más acuciante para los migrantes y refugiados. En nuestro barrio, los burundeses se ven obligados a madrugar para vender mandazi (panecillos) y chai (té) para sobrevivir. Mientras realizan estas actividades precarias, la mayoría de ellos deben lidiar con la corrupción de las fuerzas del orden y los funcionarios del condado. La falta de permisos para establecer negocios formales los lleva a recurrir a actividades informales, como la venta ambulante y otras pequeñas y microempresas, que son fáciles de iniciar y operar.
Si bien, en general, los residentes de Nairobi conviven pacíficamente, no todo es color de rosa. En el pasado ha habido fricciones entre las poblaciones migrantes y las comunidades de acogida en algunas zonas de la ciudad, especialmente en barrios obreros y pobres. Debido a la competitividad de nuestra sociedad y al creciente número de desempleados, algunos miembros de la comunidad consideran que el aumento de migrantes y refugiados es la causa de su desempleo. Esto ha provocado, en algunos casos, hostilidad por parte de las comunidades donde viven los migrantes. Por ejemplo, en 2021 se produjo un conflicto de una semana de duración en el asentamiento informal de Mathare, entre mujeres migrantes ugandesas que trabajaban como lavanderas y mujeres kenianas que trabajaban en Eastleigh. Las mujeres kenianas acusaron a sus compañeras ugandesas de degradar el mercado al reducir los salarios. Lamentablemente, las trabajadoras ugandesas, en su mayoría menores de edad, reciben salarios muy bajos por un trabajo extenuante. Como resultado, la mayoría de los empleadores preferían a las ugandesas sobre las kenianas para trabajos ocasionales. Esto llevó a las mujeres kenianas a sentir que las ugandesas les estaban arrebatando sus puestos de trabajo y oportunidades, lo que provocó un conflicto de una semana que afectó a toda la comunidad.
Ante todos estos desafíos, debemos reconocer que los migrantes y refugiados forman parte del rico entramado que conforma las ciudades kenianas. Además, innovan y crean nuevas formas de resiliencia allá donde van. Como dice el refrán, un africano no debería ser un extranjero en África; todos somos uno, y todos, con o sin documentación, deberíamos tener acceso a los servicios básicos, ya que estos derechos son inalienables para todos los seres humanos.
Nuestras comunidades deben encontrar maneras de integrar la diversidad, tanto con nuestros vecinos como con quienes nos rodean. Aunque los migrantes y refugiados buscan crear redes entre sí para compartir oportunidades y apoyarse mutuamente, cuando el gobierno y las organizaciones de derechos humanos no los protegen, solo pueden contar con las voces de las comunidades de acogida como última línea de defensa. Por lo tanto, debemos cultivar intencionalmente el espíritu utu y ubuntu, porque es la única manera de luchar contra un sistema explotador que oprime violentamente a los más vulnerables.
Fuente: Africa is a Country
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]