Mientras las autoridades de la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, hacen malabarismos con las grandes reservas de GNL y la violencia constante de grupos yihadistas, los civiles más vulnerables están pagando el pato. Expresiones semejantes, que pueden ser leídas en los artículos de Aljazeera, se repiten con demasiada frecuencia.
Caía una tarde de marzo de 2021 y se echaba rápidamente encima la oscuridad cuando Awa Salama (nombre ficticio) escuchó disparos y explosiones en la localidad de Palma: Los combatientes estaban llegando. Mientras sus vecinos hacían frenéticas llamadas telefónicas tratando de advertir a sus seres queridos antes de huir desesperadamente, Salama cerró la puerta de su casa para mantener alejados a los saqueadores, se llevó a sus hijos y huyó.
Después de varios días escondiéndose en los bosques que rodean Palma, un pequeño poblado en el extremo norte de Mozambique, a unos 2.700 kilómetros de la capital, Maputo, decidió buscar una salida.
Salama avanzó sigilosamente por el bosque con sus hijos hasta llegar a la imponente puerta de las instalaciones de Afungi, construidas para dar servicio a la empresa francesa TotalEnergies y su proyecto de gas natural. Durante 12 horas esperó junto con miles de otras personas que un barco pudiera transportarlos. ¡El barco nunca llegó!
Salama, derrotada, buscó refugio en la cercana aldea de Quitunda, que había sido construida varios años antes para albergar a 557 familias desplazadas por el proyecto de desarrollo del gas. Pasó un día más esperando de nuevo a las puertas de Afungi buscando una nueva vía de escape de Palma, pero sus esperanzas no se hicieron realidad.
Tres años después, sentada en la terraza de su nuevo hogar en Quitunda, todavía está nerviosa al responder a preguntas sobre el conflicto y el proyecto de gas. Salama solo acepta hablar de su situación a condición de que se cambie su nombre. Muchos otros residentes de Palma también se niegan a ser identificados cuando se habla sobre los entresijos del desarrollo del gas y la guerra. ¡Por algo será!
La respuesta la da Adriano Nvunga, activista mozambiqueño y director del Centro para la Democracia y los Derechos Humanos: “Pone en peligro la vida”. Eso refleja el nivel de tolerancia a cualquier de forma de expresión crítica en el país.
Fuente: Aljazeera
[Traducción y edición, Jesús Zubiría]
[CIDAF-UCM]
