Tierras comunales
El gobierno [de Suráfrica] ha desvelado un nuevo modelo de tenencia de la tierra que pretende dar a 22 millones de surafricanos que viven en los antiguos bantustanes [Reservas tribales para surafricanos no blancos de la era del apartheid] derechos a la propiedad más seguros. Pero aunque el modelo es presentado como algo que acelerará la reforma agraria e impulsará la agricultura, en la práctica no lo hará.
En el mejor de los casos, es una cruda versión del Acta de los Derechos de Propiedad Comunal de la Tierra, que fue declarada inconstitucional, y en el peor, apaciguará a los líderes tradicionales y afianzará un sistema donde los ciudadanos viven y trabajan en la tierra a discreción de un jefe que lo controla.
Las comunidades rurales representadas en el parlamento en un taller sobre la tierra llamado “Reparando el legado de la Ley de Tierras de 1913” expresaron su frustración al estar sometidos a la tenencia de la tierra y a un sistema legal consuetudinario que limitaba sus derechos constitucionales. Pero el ANC (Congreso Nacional Africano) está bajo la presión de los líderes tradicionales que quieren mantener el actual Estatus Quo.
El gobierno ha prometido revisar la reforma agraria para hacer una “rápida y radical” ruptura con el pasado. Esto quiere decir para las zonas de tierras comunales, que son el hogar de las comunidades más pobres y menos desarrolladas de Suráfrica, que es un plan que transformará la economía agraria mediante la creación de oportunidades para que la gente utilice sus recursos de producción para crear riqueza.
El Plan de Desarrollo Nacional (NDP, en sus siglas en inglés), que establece los requisitos para impulsar el crecimiento económico de Suráfrica, y que el presidente Jacob Zuma ha colocado en el centro de su segundo mandato en el gobierno, identifica la falta de una tenencia segura de la tierra para los agricultores negros en las zonas comunales como un gran obstáculo para esto.
El NDP advierte: “No ocuparse de forma adecuada de seguridad en cuanto a la tenencia de la tierra para los agricultores negros en las zonas comunales y bajo el programa de la reforma agraria, supondrá un gran riesgo para la expansión agrícola. Mientras estos agricultores (que son principalmente mujeres) no tengan la tierra de forma segura, no invertirán en la tierra y la producción agrícola no aumentará al nivel y con el patrón requeridos para que aumente el empleo”.
El director general del Departamento para el desarrollo rural y la reforma agraria, Mduduzi Shabane, está de acuerdo en que el fortalecimiento de la tenencia en estas zonas es fundamental para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos surafricanos más vulnerables, especialmente las mujeres, y para permitir a la gente legar la tierra a sus hijos.
Pero Lamson Malukeke de la Asociación por la Propiedad Comunal -un grupo que ganó la restitución de la tierra para la comunidad en Limpopo- dice que el nuevo modelo de tenencia de Shabane para las zonas tradicionales no va a cambiar nada. Esto es así porque el modelo propone la propiedad individual de un solo título para las zonas tradicionales generales. El propietario del título sería el Consejo tradicional.
El papel de los Consejos Tradicionales, como únicos propietarios de la titularidad, incluiría la asignación y “adjudicación de disputas sobre el uso y asignación de la tierra”. El modelo también pone a los líderes tradicionales al cargo de la tierra, que ha sido reclamada por asociaciones de propiedad comunal de la tierra, sobre sus tierras comunales.
“Nos han prometido una tenencia segura desde el acuerdo de restitución de los asentamiento en 1996 y hasta la fecha no lo tenemos. No queremos abandonar el sistema de líderes tradicionales, sino que queremos poseer nuestra tierra”, dice Maluleke que dice que el nuevo modelo de tenencia es una réplica del Acta de Derechos sobre las Tierras Comunales.
Este Acta fue impugnada satisfactoriamente ante el tribunal constitucional en 2010 por cuatro comunidades que habitan las tierras comunales de Mpumalanga, Limpopo y el Noroeste, incluyendo la Asociación por la Propiedad Comunal de Maluleke, por considerar que atentaba contra la igualdad de género y daba la autoridad a los líderes tradicionales que no son elegidos y cuyos intereses no necesariamente reflejan aquellos de las comunidades.
El nuevo modelo de tenencia de la tierra debe ser visto también en el contexto de otras dos partes de la legislación que refuerzan el poder de los jefes. La primera, el Acta Marco de Liderazgo y Gobierno Tradicional, que fue aprobada en 2003, que resucita los límites de los bantustanes para la zona las tierras comunales, lo cual quiere decir que el nuevo modelo de tenencia de la tierra planeado por el gobierno se basará en los títulos de los bantustanes que fueron creados mediante la Ley de Autoridades Bantúes de 1951.
“Cualquier proceso de reforma agraria va a estar hueco a menos que rompa esos límites”, dice Nolundi Luwaya del Centro para el Derecho y la Sociedad, de la Universidad de Ciudad del Cabo).
Introduce el proyecto de ley de tribunales tradicionales, que se espera sea aprobada en el parlamento este año. Ésta centraliza más poder en el líder tradicional de lo que nunca antes hizo ningún sistema consuetudinario. Se extiende para darles poderes legislativos, y permitirles definir el derecho consuetudinario. Al mismo tiempo les empodera para aplicar sus propias leyes en casos de disputas, por lo tanto les convierte en legisladores, jueces y fiscales.
El líder del partido de oposición, DA, en la región de Cabo Oriental, Athol Trollip, dice que ya es hora de que el parlamento apruebe la legislación que permita a los individuos que viven en tierras comunales, ser propietarios.
“El gobierno está manteniendo en perpetua dependencia las zonas rurales pobres al no crear una legislación clara con respecto a la propiedad de las tierras comunales. Es extraordinariamente condescendiente, al sugerir que las comunidades rurales no están preparadas para gestionar el derecho a la propiedad privada”, dice Trollip.
Pero Stone Sizani (congresista del CNA), que recientemente ha sido trasladado de su papel como director del Comité parlamentario para el Desarrollo Rural y la Reforma Agraria a Coordinador regional de Grupo del ANC, dice que dar un título de propiedad de una parcela de tierra de las zonas comunales a personas indigentes, como ocurrió en Kenia, los propietarios de sentirían tentados de vender su tierra. Y una vez que se han gastado los beneficios por la venta de esta tierra, la gente estará en situación de más indigencia que antes.
“De dos a tres décadas después de que fueran privatizadas las tierras comunales en Kenia, la mayoría habían sido vendidas en el mercado. Unos cuantos grandes agricultores se adueñaron de ellas, mientras que muchos de los destinatarios originales eran o siervos en estas tierras o vivían en asentamientos informales en las zonas de la periferia urbana”, argumentó.
Trollip rechaza esto, diciendo que debería permitirse a la gente hacer lo que ellos quieran con su tierra, incluyendo el conseguir con ella dinero para educar a sus hijos o hacer mejoras en sus casas y granjas.
Pero los estudios del Instituto sobre la Pobreza, y los Estudios de la Tierra Agrícola de la Universidad de Cabo Occidental están de acuerdo en que dar títulos de propiedad en las zonas que han estado bajo el sistema de tenencia africano no parece que creen riqueza o expansión de la agricultura.
Para empezar, intentar definir claramente los límites, necesario para la dar títulos, genera grandes disputas. Esto hace vulnerable el proceso de titulación, al secuestro por parte de poderosos grupos de interés, incluyendo los jefes tradicionales.
El modelo ideal, argumenta Luwaya, tendría que reconocer las prácticas de tenencia de tierras africana y ofrecer diferentes tipos de derechos de propiedad compartida. Pero estos tendrían que estar amparados por leyes que protejan a los rentistas e inquilinos de las acciones arbitrarias de los propietarios. Los ciudadanos, dice ella, deberían tener también el derecho a optar por estar dentro o fuera de un marco de acuerdo consuetudinario.
Una parte integral del diseño de un nuevo sistema de tenencia para estas zonas comunales tendría que ser un sistema que haga que los líderes tradicionales rindan cuentas de sus actos, algo en lo que coinciden los académicos. El sistema también tendría que estar diseñado consultando con las comunidades, especialmente las mujeres. Ellas representan el 59 % de la población rural y son vulnerables bajo el derecho consuetudinario, especialmente cuando se trata de herencias.
Patekile Holomisa, un congresista del CNA que preside el Comité parlamentario Conjunto para la revisión Constitucional, y habla en nombre del Congreso de Líderes Tradicionales de Suráfrica, es insistente, sin embargo, en que los jefes no estarán contentos si no son los que custodian las tierras, porque ellos actúan por el bien de los intereses ciudadanos.
La cuestión es si el gobierno apaciguará a los votantes que están cuestionando el actual sistema o aplacará a los líderes tradicionales que son vistos como los guardianes de la cultura y agentes de poder que reparten votos.
Troye Lund
(Financial Mail, Suráfrica, 27 junio 2013)
Traducido por Miguel Obregón Tomé para Fundación Sur.
