Un tribunal ruandés ha rechazado la libertad bajo fianza el día 7 de junio para un abogado estadounidense, arrestado hace diez días, acusado de “negar el genocidio” y amenaza la seguridad del estado, a pesar de las súplicas de su equipo legal de liberarlo por razones de salud.
Peter Erlinder, el primer extranjero acusado bajo la ley ruandesa de la ideología del genocidio de 2008, se declaró no culpable en la vista del pasado día 4 de junio, y su equipo de cuatro abogados dice que apelarán este rechazo de libertad bajo fianza. El estadounidense se enfrenta a una sentencia de 10 años de cárcel.
“Pensábamos que sería puesto en libertad por razones de salud, pero le ha sido denegada la solicitud de libertad bajo fianza y se ha ordenado que permanezca bajo custodia durante 30 días más, pendiente de las investigaciones”, señaló Ken Ogeto, uno de sus abogados, keniata.
Erlinder llegó a Ruanda para defender a la candidata presidencial Victoire Ingabire, a la cabeza del partido Fuerzas Democráticas Unidas, FDU. Ella misma fue arrestada bajo acusaciones de negación del genocidio y pertenencia a una organización terrorista, en abril, pero después puesta en libertad bajo fianza.
Erlinder es un profesor de derecho en Estados Unidos y ha actuado al frente de consejos de defensa para sospechosos de genocidio en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en Arusha, Tanzania.
En abril, presentó una demanda en los Estados Unidos contra Paul Kagame, en nombre de las mujeres de antiguos líderes de Ruanda y Burundi, que murieron en el accidente aéreo de abril de 1994, que desencadenó el genocidio en Ruanda.
La demanda acusaba a Kagame de ordenar el derribo del avión en el que viajaban los dos líderes. Una investigación ruandesa del año pasado, acusó a las tropas del propio ex presidente del asesinato.
La semana pasada Estados Unidos pidió la liberación de Erlinder por compasión, porque se había quejado de ataques de pánico y problemas de corazón, que requieren cuidados médicos en su país.
Grupos internacionales y de defensa de derechos humanos dicen que la legislación anti genocida del país es imprecisa y frecuentemente es utilizada por el gobierno para silenciar a los disidentes.
(IOL, 08-06-10)
