Democracia contra viento y marea, por Ramón Echeverría

Ya no son de inmediata actualidad, porque las elecciones presidenciales y legislativas en Burkina tuvieron lugar el 22 de noviembre. Apenas si se han hecho un huequecito en los medios, preocupados estos por la covid-19, Trump y la política interna. Sí que El País nos ofreció, el mismo día en que se votaba, un buen artículo de José Naranjo, “El reto de votar en el país del millón de desplazados”. Y también La Vanguardia publicó, firmado por María Rodríguez, un excelente perfil del ganador, que repite así su mandato, el presidente Roch Marc Christian Kaboré: “Kaboré, el «cambio en la continuidad» que preside Burkina Faso”. Las elecciones fueron ejemplares, un éxito democrático en condiciones muy difíciles que vale la pena recordar.

El que algunas etnias habiten a ambos lados de la frontera, –muy extensa y bastante porosa–, con Malí, ha facilitado que desde 2015 Burkina sufra ataques yihadistas, especialmente al Norte y Este del país. De los cuatro principales grupos yihadistas que actúan en el Sahel, dos lo hacen a menudo en Burkina: el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS o en inglés ISGS), de Adnane Abou Walid Al-Sahraoui, y un Ansaroul Islam (“Defensores del Islam”. Varios grupos yihadistas se autodenominan así) de origen burkinés, fundado en 2016, que se atribuyó la matanza a finales de marzo de 2020 de 16 personas en un mercado de la región centro-norte del país. Debido a los ataques, hay en Burkina más de un millón de desplazados internos, y a comienzos de noviembre la Corte Constitucional constató que las elecciones no se podrían llevar a cabo en el 17’7 % del territorio por la insuficiente presencia estatal administrativa y de seguridad. Según la Comisión electoral independiente, los habitantes de 1.600 localidades no habían podido ser inscritos en las listas electorales. “Se estaba amenazando a la población con que se le iba a cortar el dedo a todo aquel que lo tuviera con tinta imborrable [prueba de que había votado]”, comentó el presidente de la Comisión, Newton Ahmed Barry. Poco antes de las elecciones, el 11 de noviembre, 14 militares fueron asesinados en Tin-Akoff, provincia de Oudalan, al norte junto a la frontera con Malí. El día de las elecciones, el número total de muertos como consecuencia de ataques y confrontaciones superaba ya los 2.219 del todo el año 2019. Y es que a los ataques yihadistas se han ido sumado las luchas tribales y los ataques de bandidos.

Burkina forma parte del “G5 Sahel Joint Force”, un ejército integrado por cinco países, Mauritania, Níger, Chad, Burkina y Malí, que, con ayuda extranjera, principalmente francesa, pretende enfrentar la amenaza terrorista. Según la AFP (Agence France Press), la mayoría de los otros 13 candidatos a la presidencia (incluyendo una mujer, Yéli Monique Kam) defendían la idea de mantener contactos con los yihadistas. “Nunca en ninguna parte del mundo la acción militar ha conseguido derrotar por sí sola al terrorismo”, habría dicho Zéphirin Diabré, fundador en 2010 y presidente del partido opositor Unión para el Progreso y el Cambio (UPC). Pero el presidente Kaboré lo descarta, aceptando que tropas francesas estén presentes en el país, y poniendo en práctica la opinión del presidente francés, Emmanuel Macron, “No hablamos con terroristas, luchamos”. De hecho, durante la anterior legislatura, el presidente Kaboré destinó una cuarta parte del presupuesto nacional a la lucha contra la inseguridad. Puso también en marcha, con el apoyo del Parlamento, grupos de “Voluntarios para la Defensa de la Patria”, efectivos en algunos casos, pero que han contribuido a aumentar los recelos tribales.

Katrin Gänsle, de la Deutsche Welle, tuvo la ocasión de encontrarse en la capital. Uagadugú, con uno de esos grupos “Koglweogo” (“guardián de la foresta” en More, la lengua de los Mossi, etnia a la que pertenecen algo más de la mitad de los 20 millones de habitantes del país), que le mostraron orgullosos un almacén repleto de motocicletas robadas recuperadas esperando a sus dueños legítimos). Pero habló también con Issa Diallo, presidente de la Comisión nacional del idioma fula (lengua de los fulani, llamada también peul, pulaar, fulbe), que acusó a las milicias de operar fuera del sistema legal y de brutalidad para con otros grupos étnicos. “Los habitantes de las zonas rurales no se atreven a dormir por la noche”, dijo Diallo. “En el Norte, por ejemplo, un fulani no puede andar sólo, corre el riesgo de desaparecer”. Human Rights Watch (HRW) sospecha que en Djibo, provincia de Soum, junto a la frontera norte con Malí, entre noviembre 2019 y junio 2020, fueron asesinadas 180 personas, en su mayoría fulanis. Se les acusa a menudo de pertenecer al movimiento terrorista maliense Jama’at Nusrat al-Islam (JNIM), ya que el líder del grupo es un fulani, Amadou Kouffa.

Hasta no hace mucho, Burkina Faso era considerado como un ejemplo de convivencia pacífica entre etnias y religiones diferentes. ¿Lo es todavía? Las elecciones del 22 de noviembre fueron una apuesta porque el país quiere seguir siéndolo. Los parlamentarios decidieron que posponer las elecciones sería peor que mantenerlas. Ha vencido Kaboré con un 58’14 % de los votos, evitando así una segunda vuelta. Su partido, Movimiento del Pueblo para el Progreso (MPP), considerado de centro-izquierda y fundado en 2014 como escisión crítica del partido del expresidente Blaise Campaoré, derrocado aquel mismo año, ha obtenido 56 de los 127 escaños, lo que obligará a Kaboré a dialogar con la oposición, una buena cosa. “En sus cinco años como presidente [cito el artículo de María Rodríguez], Kaboré ha implementado la atención médica gratuita para mujeres y niños menores de cinco años, ha mejorado el suministro de agua potable, construido nuevas carreteras y ha tenido lugar la primera votación de burkineses en el exterior para unas elecciones presidenciales, entre otros logros”. Sin embargo, no ha resuelto el problema de la seguridad en el país. “Tendrá que cumplir las promesas que aún no ha cumplido en los últimos cinco años”, opina Chrysogone Zougmore, del Movimiento burkinés por los derechos humanos. Y como explicaba a France 24 un residente de Uagadugú, Paul Lengane, “tendrá que conseguir que cada burkinés participe en la gestión del país”.

Ramón Echeverría

[Fundación Sur]

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