Gustavo de Carvalho es un investigador del Instituto de Estudios de la Seguridad (ISS), en Pretoria, Sudáfrica. En un artículo de septiembre 2020, “The Future of Peace Operations is African, and Demands Better Coordination”, publicado por el IPI (International Peace Institute, un “think tank” o gabinete estratégico con base en New York y Manama, capital de Baréin), Carvalho aludía al principio “African solutions to African challenges”, y reflexionaba de manera positiva sobre la creciente contribución africana a la resolución de conflictos en el continente. “África ha sido particularmente innovadora mediante el despliegue de operaciones de paz dirigidas por instancias continentales y regionales: la Unión Africana (UA), las Comunidades Económicas Regionales (REC) y los Mecanismos Regionales (RM), así como más recientemente a través de coaliciones regionales específicas”. Acompañaba al artículo una fotografía de soldados ugandeses en Somalia, el contingente más 
numeroso en la AMISOM, la Misión de la Unión Africana en Somalia, activa desde 2014. Precisamente la semana pasada, un tribunal militar ugandés reunido en Somalia condenó a muerte a dos militares ugandeses y a 39 años de cárcel a otros tres, por haber matado a siete civiles inocentes en una batalla en Golweyn (zona costera al sur de Mogadiscio) entre tropas de la AMISOM y militantes de Al Shabab. Coincidencia, pocos días antes el mismo Gustavo de Carvalho, con Chido Mutagandura y Dawit Yohannes, habían publicado otro artículo con el sugerente título: “After 15 years, the AU should revamp its peacebuilding approach” (Después de 15 años, la UA debería actualizar su enfoque para la construcción de la paz): “Los esfuerzos de la Unión Africana (UA) con el fin de reconstruir sociedades divididas y dañadas por los conflictos deben reconsiderarse para que coincidan con las necesidades y realidades actuales del continente«.
Desde 1960 la ONU ha mantenido más de treinta misiones de mantenimiento de la paz en África, más que en cualquier otra región del mundo En la actualidad mantiene contingentes en Abyei, área contestada por Sudán y Sud Sudán (UNIFSA); en la República Centroafricana (MINUSCA); en la República Democrática del Congo (MONUSCO); en Malí (MINUSMA); en el Sud Sudán (UNMISS); y en el Sahara Occidental (MINURSO). Están por otra parte las misiones de paz organizadas por la Unión Africana y por bloques regionales como la SADC (Comunidad de Desarrollo de África Austral) o la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), así como por iniciativa de determinados países africanos, a menudo con la ayuda de países de la Unión Europea. Tal es el caso de la AMISOM (Misión de la Unión Africana en Somalia), la MNJTF (Fuerza Multinacional Conjunta en la Cuenca del Lago Chad), la G5 Sahel en los países sahelianos, la TAKUBA (fuerza militar conjunta europea para asistir y formar a las Fuerzas Armadas de Malí, en coordinación el G5 Sahel), y la más reciente misión formada con tropas de la SADC y de Ruanda para luchar contra los yihadistas en el norte de Mozambique.
Escribiendo para Deutsche Welle en junio de este año, Isaak Mugabi se preguntaba por qué estaban fracasando en África tantas misiones de paz de la ONU, pregunta que se podría extender a algunas de las misiones organizadas por la UA. Las contradicciones del mandato bajo el que suelen operar es sin duda el más aparente de los motivos. En teoría las fuerzas internacionales de la ONU intervienen únicamente si así lo aceptan las partes en conflicto, algo que no se da siempre (en Malí o en el Congo). Como guardianes de la paz, las fuerzas internacionales deben ser “imparciales” pero no “neutras”, obligando así a los militares a tomar decisiones más bien políticas para las que no han sido formados. Y como tercer principio, tan ambiguo como los precedentes, los militares pueden usar la fuerza sólo para defenderse o para cumplir con el mandato recibido, mandato no siempre claro (Sí es claro en algunos casos, como del G5 Sahel: combatir el terrorismo, los crímenes fronterizos y el tráfico de personas).
Los problemas generados por la financiación son otro motivo de dificultades. Bangladés, Ruanda, Etiopía, India, Nepal y Pakistán son los países que más contribuyen con personal para las misiones de paz de la ONU. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia los que más dinero contribuyen para esas misiones. Y como poderoso caballero es Don Dinero, los políticos de estos últimos países influyen en la elaboración de los mandatos mucho más que los dirigentes de los países que envían sus militares para ponerlos en práctica. Por otra parte, la paga la reciben los militares de su propio gobierno, el cual a su vez recibe de Naciones Unidas 1.400 dólares mensuales por cada uno de sus militares implicados en la misión.
En realidad, más que fracasos. Las misiones de paz en África están dando resultados “mixtos”. Éxito evidente han sido las de Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona. Mención especial merece la de Gambia por lo que se puede aprender de ella y responder al deseo expresado por Carvalho, “Tras 15 años, la UA debería actualizar su enfoque en la construcción de la paz”. En países como la DRC, Sud Sudán, Malí o CAR, los militares y civiles de las diferentes misiones han tenido que actuar “desde fuera”, en circunstancias políticas y culturales que no comprendían. En Gambia en 2019, para ayudar al gobierno en la transición tras la caída de Yahia Jammeh, la UA envió una pequeña misión compuesta mayoritariamente por civiles, la “AU Technical Support to The Gambia” (AUTSTG), cuya función consistió en inserirse en las instituciones locales para, “desde dentro”, ayudarlas a salir a flote. Así fue como, por ejemplo, la AUTSGT ayudó a la Comisión de Derechos Humanos de Gambia a elaborar una Política de Seguridad Nacional, y estructurar la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional y otras importantes instituciones.
Otra lección, ésta especialmente para los países occidentales que contribuyen con dinero pero no con personal a las misiones de la ONU y de la UA, la está dando China. Segundo país contribuyente económicamente tras Estados Unidos, China, con sus 2.464 cascos azules, es, después de Egipto, el noveno país proveedor de personal para las misiones de la ONU. Y en sus misiones participan una mezcla muy humanitaria de militares, médicos y expertos en desarrollo. Los motivos de China son tan egoístas o tan desinteresados como los de los países occidentales. Pero más eficaces sobre el terreno y más rentables cuando se trata de potenciar su política exterior en África.
Ramón Echeverría
