El secretariado Ejecutivo del Comité Permanente de la Comisión Política de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) felicita al pueblo angoleño por haber manifestado, el día 23 de agosto de 2017, su soberanía de forma ejemplar.
Sin embargo, declara que estas elecciones se han celebrado bajo numerosas infracciones constatadas a lo largo del proceso electoral, de las que la más reciente, fue la no realización de la determinación provincial de los resultados electorales en conformidad con la ley.
De hecho, la ley orgánica sobre las Elecciones Generales, en su artículo 123 establece que a efectos de la determinación provisional, los resultados electorales obtenidos por cada candidatura en cada mesa de voto, deben de ser transmitidos por los presidentes de las asambleas de voto a las Comisiones Provinciales Electorales. La CNE no ha procedido de esta forma. A su vez, en el nº2 de su artículo 126 la misma ley establece que “las labores de determinación provincial comienzan inmediatamente después del cierre de la votación, realizándose sin cese hasta su conclusión”. Eso no sucedió de esta forma. Las operaciones de determinación provincial se iniciaron solo el día 26, poniendo en causa la integridad de las urnas, la lisura y transparencia del proceso.
No hubo determinación provincial realizada en los términos que establecen los artículos 126º al 130º de la Ley Orgánica Sobre las Elecciones Generales (Ley nº36/11 del 21 de diciembre). La ley establece que la determinación provincial se realiza “con base en las actas de las mesas de voto” y no con base en las actas síntesis no firmadas y sin garantías, de las asambleas de voto. Establece también que tras la reapreciación de las papeletas reclamadas, los miembros de las Comisiones Provinciales Electorales deben de escrutar los cuadernos electorales y las actas de las mesas de voto una a una, mesa a mesa con el fin de verificar el número total de votos blancos y nulos e el número total de votos obtenidos por cada candidatura. Estos elementos de determinación provincial no han sido observados por la CNE con la excepción de las provincias de Cabinda, Uige y Zaire. En las demás provincias no hubo determinación provincial de resultados electorales realizado en los términos de la ley. Al no haber determinación provincial valida de resultados, la determinación nacional con base en un acto inválido, es igualmente inválido.
En tiempo oportuno, los mandatarios provinciales presentaron reclamaciones sobre todas las irregularidades, que sin embargo han sido rechazadas por los presidentes de las Comisiones Provinciales Electorales en ciertos casos y otras remitidas a instancias superiores.
Los demas problemas indentificados incuyen:
1. Acentuada parcialidad y falta transparencia en el funcionamiento de los órganos de la Comisión Nacional Electoral y en la conducta de sus miembros.
2. Estratificación ilegal del electorado y obstrucción del ejercicio del derecho de voto de más de dos millones de electores previamente identificados, con el fin de permitir al Partido Estado partir al pleito en ventaja fraudulenta. Eso se hizo a través de la aprobación en el mes de junio de 2015 por el partido estado, de la ley del Censo Electoral Oficioso propuesta por el Ejecutivo y caucionada por el Tribunal Constitucional que vino a impedir la gestión efectiva de la base de datos del censo electoral por la Comisión Nacional Electoral, colocándola bajo alzada del Partido Estado en clara violación del principio de la reserva de la Constitución que establece en su artículo 117 que las competencias del Presidente de la República solo pueden ser las que las que están definidas por la Constitución.
3. Recogida de tarjetas de los ciudadanos electores por agentes del régimen y la no entrega de los mismos a electores que se habían censado y habían hecho la prueba de vida.
4. Manipulacion del mapa electoral y la no certificacion, de los cuadernos electorales, en tiempo util. El universo electoral en 2012 era de 9 757 671. No tiene sentido que este universo haya bajado a 9 317 294 en 2017, cuando según el censo de 2014, la población había crecido para más de 25 millones y habían sido censados por la primera vez a más de dos millones de nuevos electores en 2016. Aun siendo así, de los 9 317 294 electores que hace meses hicieron prueba de vida e indicaron los sitios para donde pretendían votar, el Partido Estado excluyo de forma dolosa a cerca de dos millones de electores. En la víspera de la votación, todavía se hicieron alteraciones en la localización de las asambleas de voto; hubo también asambleas de voto catalogadas, pero que en realidad no existían o no funcionaron.
5. Errores graves en la distribución de los electores a las asambleas de voto cerca de sus residencias que, al no ser corregidos hasta el día de la elección tuvo por consecuencia la obstrucción de voto para miles de ciudadanos.
6. La obstrucción de la fiscalización de los actos de los miembros de las mesas de voto a través de un proceso de acreditación no transparente de delegados de lista, y la limitación de su presencia en las mesas de voto.
7. El tratamiento desigual y discriminatorio de las diversas candidaturas ha estado bien claro ante los ojos de todo el mundo en el comportamiento de los órganos de comunicación social públicos, lo que hizo clara la ausencia de exención, favoreciendo clara e inequívocamente al candidato del Partido Estado, violando el principio de igualdad previsto en el artículo 23 de la Constitución de la República de Angola.
8. Implicación directa del ejecutivo, de las fuerzas armadas y de la policía nacional en acciones de apoyo a la campaña del candidato del Partido Estado.
9. La práctica de corrupción electoral por el candidato del Partido Estado en franca violación de la ley electoral y demás legislación aplicable, al conceder ventajas patrimoniales a los electores, incluyendo autoridades tradicionales, para persuadirles a votar en su candidatura.
10. La instrumentalización de las autoridades tradicionales transformadas en agentes de misiones partidistas ilegales, como han sido los casos de la recogida fraudulenta de tarjetas electorales en varias provincias.
11. Las Declaraciones precipitadas de los observadores extranjeros que confunden el acto de votación con lisura de todo el proceso que ha sido viciado en varios niveles.
12. Rechazo y obstaculización de la venida a Angola de observadores independientes e invitados que no fueran de confianza o familia política del Partido-estado.
Por ello, se va hacer recurso a los Tribunales y a otras formas de lucha democrática para defender la democracia y la soberanía popular.
UNITA reitera su disponibilidad para seguir sirviendo como estuario de la democracia y de la verdad electoral en la República de Angola y apela a sus miembros, militantes, simpatizantes, amigos en particular y a todos los ciudadanos angoleños en general para seguir la evolución de la situación con calma y serenidad. UNITA no va a legitimar instituciones resultantes de actos que violan la Constitución y la Ley de forma flagrante. Sin embargo, todo se hará en los marcos de la ley.
Luanda, 6 de septiembre de 2017
El Comité Permanente de la Comisión Política
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA)
[Fundación Sur]
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