Cuando Halima Abdi huyó de la guerra civil en Somalia con su hija pequeña, esperaba que su estancia en el campo de refugiados de Dadaab, en la frontera con Kenia, fuera de corta duración.
Veinticinco años después, su nieta, Mihiyo, está amamantando a su cuarto hijo. Tres generaciones de refugiados en una familia: al igual que otros 350.000 somalíes, se ven obligados a llamar a este asentamiento de arena y polvo estéril algo semejante a un hogar. «Incluso mis padres pasaron la mayor parte de su vida aquí. Todo lo que conocemos es Dadaab, a pesar de que no pertenecemos a Kenia», nos cuenta Mihiyo.
Dadaab se creó inicialmente como un refugio temporal para unos 90.000 refugiados que huían de las luchas entre clanes en 1.991. Ahora es un extenso y animado complejo de cinco campos, que cuenta con cines improvisados y ligas de fútbol, la tercera ciudad más grande de Kenia, después de Nairobi y Mombasa.
Una de las razones para el crecimiento de Dadaab es la política estricta del gobierno keniano sobre el campo, que impide que los refugiados se asienten fuera. La mayoría de los gobiernos han considerado, tradicionalmente, este hecho como conveniente logísticamente y como una manera de reducir las potenciales fricciones con las comunidades de acogida. Pero cada vez se argumenta más que los campos de acogida deberían ser solamente el último recurso, ya que crean más problemas de los que resuelven. No sólo no son sostenibles a largo plazo, sino que dañan el medio ambiente y al encerrar a los refugiados detrás de sus puertas, les están negando sus derechos y libertades fundamentales.
Un estudio sobre la autosuficiencia
A medida que el sistema humanitario debate sobre cómo remodelar la forma de entrega de ayudas, Dadaab ofrece algunos ejemplos prácticos de cómo las comunidades en los campos pueden desempeñar un papel positivo en la gestión de sus propios asuntos. Dadaab está bajo el control total del gobierno de Kenia y de la agencia de refugiados de la ONU, ACNUR. Pero sus cinco campos: Dagahaley, Hagadera, Ifo y los más recientes Ifo II y Kambioos, están, en términos prácticos, a cargo de voluntarios de la comunidad elegidos democráticamente. «Trabajamos de la mano con las agencias de ayuda. Hemos desarrollado un sistema desde donde coordinamos todas las actividades de los campos que van desde la sanidad a la seguridad”, explicó Rukia Ali Rage, la presidenta del campamento de Ifo.
Dadaab es el complejo de refugiados más grande del mundo. «Sería imposible para el ACNUR y sus agencias asociadas implementar sus programas sin el apoyo de los líderes de la comunidad», declaró la Sra. Rukia Ali Rage.
Rage se hizo cargo de la dirección del campo Ifo a través de una elección en todo el campamento en 2014 y debe dimitir cuando su mandato termine a finales de este año. Es una lección de democracia que el gobierno somalí, en Mogadiscio, donde las elecciones también son este año, debería emular.
Nacida de la necesidad
El papel de los líderes de la comunidad se convirtió en significativo por necesidad. Personal de la ONU retirado temporalmente de Dadaab, en el 2011, tras el secuestro de los cooperantes y jóvenes voluntarios se hizo cargo de ejecutar los servicios básicos de los campamentos. «Tenemos un consorcio que consta de varios grupos de jóvenes. Cada grupo lleva a cabo un proyecto que es similar, en su ejecución, a los dirigidos por la ONU», dijo Ali Hussein, vicepresidente del consorcio de la juventud de Ifo.
Pero si bien esto es positivo «, el mayor reto al que nos enfrentamos es que no estamos involucrados en el diseño inicial de los proyectos», dijo la Sra. Rage.
«Nos gustaría tener un papel más activo en la toma de decisiones en la primera etapa para que podamos representar mejor los intereses de las personas».
Amenaza de cierre
Pero una mayor amenaza se cierne sobre Dadaab. Con el ascenso de al-Shabab y sus ataques dentro de Kenia, los políticos se han apresurado a acusar a los campamentos de proporcionar refugio y apoyo a los yihadistas. Eso pasa por alto el hecho de que al-Shabab también recluta, muy exitosamente, miembros entre los somalíes no étnicos en Kenia.
En 2013, el ACNUR y los gobiernos de Kenia y Somalia firmaron un acuerdo tripartito para facilitar el retorno voluntario de los refugiados, pero con la condición de que la repatriación se lleve a cabo en condiciones de seguridad y dignidad.
En abril del año pasado, el Presidente Adjunto William Ruto ordenó el cierre de Dadaab y el retorno de todos los refugiados a raíz del ataque de al-Shabab a la Universidad de Garissa que acabó con la muerte de 142 estudiantes. Bajo la presión internacional y después de las protestas de los grupos de derechos humanos, tuvo que dar marcha atrás.
Somalia sigue siendo un país violento y frágil
La intervención militar de Kenia en Somalia en 2011, ha sido incapaz de pacificar la zona de operaciones en todo el puerto meridional de Kismayo. Como era de esperar, sólo un modesto número de refugiados, unos 5.000 aprovecharon el acuerdo tripartito y tomaron los autobuses con dirección a la frontera.
La mayoría de los que se han ofrecido como voluntarios son los relativamente recién llegados que ingresaron en Dadaab entre 2006 y 2011, huyendo de la violencia y el hambre. «Llevamos aquí más de 20 años y no tenemos donde volver. Nuestras casas fueron destruidas durante el conflicto», declaró, Abukar Ahmed, un residente de larga duración del campamento de Ifo. «Los que están regresando llegaron hace sólo unos pocos años y todavía tienen todas sus pertenencias intactas».
Una ventaja neta para Kenia
Visualizar Dadaab como un problema nos hace ignora su potencial. Se trata de un centro comercial, con refugiados dirigiendo empresas de éxito desde panaderías a boutiques de diseño. Proporcionan servicios, un mercado ya preparado y una gran devolución de tasas para el gobierno de Kenia.
«Nosotros pagamos un duro impuesto al gobierno cada año. Mucho más dinero que lo que ellos recogen de los lugareños. Sin embargo, ellos no nos dan nada a cambio», declara Ali Kasim, miembro de una de las asociaciones empresariales de Dadaab. «No podemos desafiarlos. A diferencia de la comunidad de acogida, que no tienen miedo a exigir sus derechos».
Un informe encargado por los gobiernos de Noruega, Dinamarca y Kenia en 2010 encontró que las empresas de los campamentos generan una facturación anual de alrededor de 25 millones de $.
La comunidad anfitriona ganó 1,8 millones de $, sólo por la venta de ganado a los refugiados.
Proporcionar oportunidades para los refugiados es jugar un papel activo en la sociedad keniata, aprovechar el potencial de la gente en vez de aislarlos, pagará dividendos económicos, argumentan los reformistas. Esto también fortalecería la seguridad.
«Los refugiados de Dadaab necesitan una solución duradera, además de su reasentamiento. Su integración en la sociedad de Kenia es inevitable ya que Somalia no está lista para un regreso masivo en estos momentos”, declaró Abdirashid Abdullahi, en unas declaraciones a la radio humanitaria FM de Gargaar de Dadaab.
«Para un número significativo de refugiados, el único hogar que conocen es Kenia. Así que mantenerles en los campamentos en contra de su voluntad no les está ayudando». «Es el momento de revisar el proceso de repatriación y buscar otras soluciones sostenibles para poner fin al complejo de refugiados más grande del mundo».
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