Cuando el ex-presidente de Suráfrica, Thabo Mbeki, plantea el caso postponer la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, ¿qué puede decir con dignidad y previsión?
Para empezar, debería recordar a su público que en ningún sitio en el mundo tiene derechos fuera de un contexto político que lo permita. Ninguna democracia respeta un estándar de derechos fijo que no tenga en cuenta el contexto político del país. Pocos han podido olvidar cómo la administración de Bush esquivó la Carta de derechos con el fin de perseguir la Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos. En la relación entre el derecho y la política, la política siempre tiene más importancia, precisamente porque la lucha por los derechos es una lucha política; las personas que hacen cumplir las normas, y no sólo a los que las infringen, necesitan mantenerse políticamente responsables para no convertir esas normas en una venganza privada.
Entonces, Mbeki puede compartir con su público las lecciones que los africanos han aprendido en la lucha por la paz y la justicia en las últimas décadas. Al contrario de lo que piensan muchos, esta lección no es que se necesita que haya una compensación entre paz y justicia. La verdadera compensación es entre las diferentes formas de justicia. Esto fue evidente en el acuerdo para terminar con el apartheid. Ese acuerdo fue posible porque el líder político del grupo anti-apartheid luchó priorizando la justicia política ante la justicia criminal. La razón era simple: donde no había victoria se necesitaba la cooperación de los líderes, que, si no, iban a ser acusados de crímenes de guerra para terminar con la lucha e iniciar las reformas políticas. La esencia de la ciudad de Kempton Park se puede resumir en una sola frase: se perdona, pero no se olvida. El olvidar todos los crímenes cometidos (en otras palabras, inmunidad ante la acusación) permitió a ambas partes acordar cambiar las leyes para asegurar la justicia política.
La lección de Suráfrica ha guiado la práctica en el continente en otras situaciones difíciles. En Mozambique, Renamo se sienta en el Parlamento, en vez de en el banquillo de los acusados o en la cárcel. De la misma forma, en Sudán del Sur no habría sido posible ni la paz ni la reforma del sistema político sin un acuerdo para perseguir la justicia criminal. ¿Por qué en Darfur no?
Mbeki también debería recordar que en la corte de la opinión pública, al contrario que en la corte judicial, al acusado se le considera culpable hasta que se demuestre lo contrario.
El público necesita que se le recuerde que cuando los jueces de la Corte Penal Internacional asumieron la propuesta del fiscal de emitir una orden de arresto para el presidente de Sudán, no estaban dictando el veredicto de culpable. La justicia no se hizo para evaluar los hechos que se expongan ante ella por los fiscales, sino para hacer otra pregunta: si esos hechos fueran ciertos, ¿el presidente de Sudán tendría algún argumento para contestar? Al contrario que el tribunal, que dio los hechos como ciertos en la fase de instrucción, necesitamos preguntarnos: ¿hasta qué punto son esos hechos ciertos? Y si fueran ciertos, ¿son la verdad absoluta?
El caso del fiscal
El recurso del fiscal acusó al presidente al-Bashir con los siguientes cargos: (a) polarizar las tribus de Darfur en dos razas (árabe y zurga o negra), (b) extender un conflicto violento (2003-2005) que condujo a la limpieza étnica de los grupos étnicos zurga de sus tierras tribales tradicionales y (c) planear la malnutrición, violación y tortura de los desplazados internos, así como la “muerte lenta” en los campos; un proceso que el fiscal asegura que sucedió desde el 2003 hasta el 2008, cuando el recurso fue presentado.
La división en razas de las identidades en Darfur tiene sus raíces en el período colonial inglés. Ya en la década de 1920, los británicos intentaron crear dos confederaciones en Darfur: una “árabe” y otra “zurga” o negra. Las identidades divididas en razas se incorporaron al censo y dieron pie a un marco para la política de gobierno y administración. A pesar de la política oficial, los árabes nunca constituyeron un único grupo racial. El estudio contemporáneo ha mostrado que las tribus árabes de Sudán no migraron a Oriente Medio, sino que fueron los grupos indígenas los que se convirtieron a árabes a comienzos del siglo XVIII. Esta es la razón por la que no puede haber una sólo historia sobre las tribus árabes del oeste de Sudán. Las pequeñas uniones privilegiaron a las tribus sedentarias de la zona del río de Sudán y empobreció a los nómadas del oeste de Sudán. Al contrario que los árabes de la zona norte del río, que tienden a identificarse con el poder, los árabes de Darfur son el grupo más marginado dentro de una provincia marginada.
La tribu árabe más grande de Darfur, los nómadas ganaderos del sur, nunca han estado involucrados en las medidas contra-insurrección organizadas por el gobierno. Los que sí están involucrados, los pastores nómadas de camellos del norte y los refugiados del Chad, están entre los más pobres de los pobres. La idea de que los árabes de Darfur eran parte de un único y cohesivo “bloque árabe” enfrentado a “los africanos negros” es una invención reciente conducida principalmente por los medios extranjeros, y ahora por la CPI. Su efecto principal ha sido poner como los malos a los “árabes” y ensombrecer las verdaderas causas del conflicto.
Entonces, ¿quién lucha contra quién en Darfur y por qué? La respuesta breve es que ha habido un conflicto por el territorio, impulsado por cuatro causas diferentes, pero relacionadas entre sí: el sistema de territorio, la degradación medioambiental, el desbordamiento por la guerra civil del Chad durante cuatro décadas y las brutales medidas contra-insurrección iniciadas por el gobierno al-Bashir en 2003 y 2oo4.
• La causa profunda fue el sistema colonial, que reorganizó Darfur convirtiéndolo en un parche discriminatorio en el territorio de tribus donde se asentaron tribus campesinas y de donde eran considerados nativos. Como consecuencia, los pastores nómadas de camellos que no se habían asentado en aldeas se encontraron sin territorio, por lo que no se les consideraba nativos de ningún sitio. Cuando llegó el momento de conceder el acceso a las tierras, participando en la administración local y en la resolución de los debates locales, las administraciones de territorios favorecieron las llamadas tribus nativas o no nativas.
• La segunda causa del conflicto fue la desertificación. Algunos estudios del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas demuestran que el Sahara se expandió 100 kilómetros en cuatro décadas, y que este proceso alcanzó su punto álgido a mediados de la década de 1980, empujando a todas las tribus del norte de Darfur a tierras más fértiles en el sur. El conflicto sobre la tierra resultante no fue entre razas, árabe y zurga, sino entre las tribus con territorio y las que no lo tenían. Los observadores contemporáneos, como el antropólogo de Darfur Sharif Harir, achacaron la brutalidad sin precedentes de la violencia en la guerra entre los años 1987 y 1989 al hecho de que la supervivencia del territorio estaba en juego.
• La tercera causa fue la Guerra Fría; las dos partes (la alianza tripartita de los Estados Unidos de Reagan, Francia e Israel por un lado, y Libia respaldado por la Unión Soviética por el otro) daban provisiones de armas en las diferentes zonas vecinas al Chad. Como se dio una sucesión de grupos armados en el poder en Chad, los grupos de oposición se refugiaron en Darfur, donde estaban movilizados y armados. La fácil disponibilidad de armas militarizó rápidamente el conflicto de tribus en Darfur. Los poderes regionales e internacionales se involucraron en el conflicto de Darfur mucho antes que el gobierno de Jartum, pero nadie que lea el recurso del fiscal podría tomar conciencia de este hecho.
• La causa final que agravó el conflicto de territorio en Darfur fueron las brutales medidas contra-insurrección llevadas a cabo por el régimen de al-Bashir en el 2003 y el 2004 como respuesta a una insurrección por parte de las tres tribus más importantes de la región: los Fur, los Masalit y los Zaghawa.
Cuatro suposiciones erróneas
El recurso del fiscal hace cuatro suposiciones erróneas, todas ellas con el fin de achacar toda la culpa de la violencia a al-Bashir. Así es como el fiscal lo expuso a los periodistas en La Haya: “Lo que pasó en Darfur es consecuencia de la voluntad de al-Bashir”.
El primer error fue identificar la duración del conflicto en Darfur con la presidencia de al-Bashir. Para empezar, el conflicto de Darfur empezó como guerra civil en 1987, antes de que al-Bashir y su grupo entraran al poder, y mucho antes del ciclo de insurrección y contra-insurrección que empezó en el 2003. La guerra civil se empezó a enredar con las medidas contra-insurrección, aunque tengan causas diferentes. Mientras que la insurrección fue un reto rebelde al poder en Jartum, la guerra civil fue impulsada por los efectos de la sequía y la desertificación, e intensificada por dos factores: uno interno y el otro externo; uno, el fracaso al reformar el sistema de tierras de las tribus, y el otro la influencia de la guerra civil del Chad.
El segundo error fue asumir que el enorme número de muertos en Darfur fue el resultado de una sola causa: violencia. Pero el hecho es que ha habido dos causas por separado pero interconectadas a su vez: la sequía y la desertificación por un lado, y la violencia directa por el otro. Las fuentes de la Organización Mundial de la Salud, consideradas las más fiables en cuestión de estadísticas de mortalidad por la Government Accountability Office, de Estados Unidos en su evaluación del 2006, culpan estas muertes a dos causas principales: del 70 al 80% a la diarrea causada por la sequía y del 20 al 30% a la violencia directa.
El tercer error es asumir que hay un solo autor de las muertes violentas y de las violaciones. Con una gran impaciencia por llevar el caso del fiscal, Moreno-Ocampo no sólo ocultó los orígenes de la violencia en Darfur, sino que también describió la vida de los desplazados internos en los campos de Darfur como una versión contemporánea de los campos de concentración nazi en Europa, con al-Bashir en el papel del Führer. En la conferencia de prensa celebrada para anunciar el caso contra el presidente de Sudán, el fiscal dijo: “Al-Bashir organizó la destitución, la inseguridad y el acoso de los supervivientes. No necesitó balas. Usó otras armas: violación, hambre y miedo. Igual de eficiente, pero silencioso”.
Se dieron numerosos incidentes de violación en Darfur, de la misma que se dan en la mayoría de las situaciones de conflicto en las que jóvenes armados se enfrentan a jóvenes no armados. Adrew S. Natsios, enviado especial de Estados Unidos a Sudán, apreció este hecho en su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos el 11 de abril de 2007: “El gobierno ha perdido el control de una gran parte de la provincia. Y algunas de las violaciones, por cierto, son por parte de los rebeldes que violan a las mujeres de sus propias tribus. Sabemos que uno de los campos de refugiados está controlado actualmente por los rebeldes de forma oficial. Los rebeldes han cometido atrocidades contra la gente de los campos”.
Los rebeldes, como los soldados del gobierno y la tribu paramilitar Janjaweed, son los autores tanto de las violaciones como del asesinato de los civiles. Fijémonos en las cifras que se han hecho públicas por parte de la Misión de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) en Jartum. UNAMID, que lleva la cuenta de cada una de las muertes incluyendo sus circunstancias, calcula que el número total de muertes civiles relacionadas con el conflicto en el 2008 asciende a 1.520, de los cuales 600 son el resultado de los conflictos de tierras entre las tribus árabes. En lo que respecta a las 920 muertes restantes, la UNAMID dice que los movimientos rebeldes mataron a más civiles que las medidas contra-insurrección llevadas a cabo por el gobierno.
La cuarta suposición errónea es que la situación en Darfur no ha cambiado desde la imposición de las medidas contra-insurrección en el 2003. Palabras textuales de Moreno-Ocampo: “En abril de 2008, las Naciones Unidas estimaron que el número total de muertes desde el 2003 asciende a 300.000”. Este cálculo fue realizado por John Holmes, el subsecretario general de asuntos humanos de las Naciones Unidas. Así es como Holmes lo puso en primer lugar: “Un estudio de 2006 sugiere que 200.000 personas perdieron sus vidas por el efecto combinado del conflicto. Esa cifra sería mucho más alta en este momento, quizás el doble”. Aquí se pueden hacer dos observaciones, y Moreno-Ocampo quitó importancia a ambas. La primera es que es estas cifras de mortalidad son el resultado de “un efecto combinado”, refiriéndose a la violencia directa y a la sequía. La segunda observación fue explicada por Reuters: “Los informadores de las Naciones Unidas dicen que la cifra no está científicamente calculada, sino que es una “extrapolación razonable”.” El supuesto que señala la extrapolación (el nivel de mortalidad no ha cambiado en Darfur desde el 2003) fue refutada por el propio personal técnico de las Naciones Unidas en Sudán. Como explicó Julie Flint en el New York Times el 6 de julio de 2007 y en el Independent (Londres) el 31 de julio de 2005, el informe de estas fuentes estima que la mortalidad ha bajado hasta a 200 muertos por mes, menos de lo que podría ser considerado como emergencia.
Que la Corte Penal Internacional haya politizado el asunto de la justicia no es razón para evitar la cuestión de la responsabilidad. La base de la verdad en el recurso del fiscal se refiere a los años 2003 y 2004, cuando Darfur era escenario de muertes en masa. Eran asesinatos en masa, pero no un genocidio. Sus autores fueron severos, no sólo el gobierno de Sudán. No hay duda de que los que perpetraron la violencia deberían ser responsables, pero el cuándo y el dónde es una decisión política que no puede ser confiada a un fiscal de la CPI. Más que la inocencia o la culpabilidad del presidente de Sudán, es la relación entre el derecho y la política (incluyendo la politización de la CPI) el asunto que tiene mayor importancia para África.
Hasta la fecha, el debate se ha centrado en la necesidad de tener las mismas normar para todos los criminales de guerra, sin tener en cuenta el origen nacional o la orientación política. Sólo entonces las normas pueden ser justas, de forma que la justicia pueda actuar con poder de disuasión. Sin embargo, si la justicia enmascara un castigo selectivo, sólo para aquellos que se atreven a transgredir el poder norteamericano, el ejercicio no será disuasivo para los criminales de guerra potenciales, sino sólo para aquellos que se atrevan a desafiar el poder norteamericano.
Sugiero que la cuestión más importante es que hay ciertas consecuencias políticas tras una persecución fundamentalista de la justicia penal por aquellos determinados a reforzar la justicia penal sin tener en cuenta el contexto político o las consecuencias. Pongamos un ejemplo. Si la CPI tuviera el poder político y el coraje para procesar a los criminales de guerra de la Guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, podemos decir con seguridad que el sistema político norteamericano sería lo suficientemente fuerte como para contener su caída política. Hay una pequeña posibilidad de que los “estados rojos” hagan guerra contra los “estados azules”. Pero, ¿se puede decir con seguridad que el precio de la persecución de la justicia penal en Sudán no se traducirá en una nueva guerra civil? Una persecución fundamentalista así se debería llamar venganza, no justicia. Ésta es la razón por la que necesitamos subordinar la responsabilidad penal a una persecución más amplia: la de la reforma política.
Mahmood Mamdani
Mahmood Mamdani es Profesor Herbert Lehman en la Government Columbia University.
Artículo publicado en el diario surafricano “Mail & Guardian, el 20 de marzo de 2009.
Traducido por Arantza Cortázar, alumna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Traducción /Interpretación, colaboradora en la traducción de algunos artículos.
