La aparición del cadáver de Edwin Noel Flores Sacaza, garífuna que se desempeñaba como guardia de seguridad en la planta termoeléctrica de la Ensenada, y la ausencia de una versión oficial sobre este hecho, así como el silencio al que se han llamado los medios de comunicación, ha despertado un sinfín de cuestionamientos por parte de los habitantes de Sambo Creek, comunidad de dónde Edwin era originario.
El Grupo Laeisz – propietario de la termoeléctrica en cuestión – y las autoridades municipales se han llamado al hermetismo, confirmando de esta forma el estilo inapropiado con que han manejado sus relaciones con las comunidades Garífunas de Sambo Creek y Corozal, las que se encuentran localizadas a escasos kilómetros de la termoeléctrica, y se verán afectadas por la contaminación de la quema de combustible Búnker C (Fuel #6), el que es considerado altamente tóxico y está prohibido en varios países.
Las comunidades no fueron consultadas en ningún momento de acuerdo a la jurisprudencia internacional en materia de derechos indígenas, desdeñando el convenio 169 de la OIT, del cual Honduras es signatario. Nunca a los habitantes de las comunidades garífunas afectadas se les informó de forma veraz sobre las consecuencias que acarrea para la salud el estar expuesto a las emisiones constantes que saldrán desde las turbinas, las cuales supuestamente producirán entre 70 a 120 megavatios.
Existe en Honduras una normalización de la violencia, la que ha cobrado más de 70.000 muertos en la última década, con un promedio de un 95 % de impunidad en los casos, además de una amnesia insertada cómodamente entre la población que ha terminado aceptando los homicidios y las masacres como parte del devenir cotidiano.
A diferencia de la mayoría de la población, los garífunas habíamos logrado mantenernos al margen de los ríos de sangre que han corrido por el país. Sin embargo, en el último año vimos un aumento alarmante de asesinatos de garífunas, especialmente de lideresas que han confrontado el despojo territorial sistemático que se agudizo con el ascenso de la dictadura.
En medio de la pandemia de COVID-19, los hechos acontecidos en la termoeléctrica La Ensenada han pasado singularmente inadvertidos, situación que nos preocupa ante el actuar del Grupo Laeisz, empresa que parece ser no tiene objeciones éticas de ninguna especie para imponer sus pretensiones.
Los garífunas, como los demás pueblos del país, nos encontramos en una situación de indefensión ante la COVID-19, dada la inexistencia de cobertura del sistema estatal de salud, la que ha sido desmantelada por la corrupción y las recetas económicas neoliberales. Es por eso que desde la OFRANEH hemos impulsado una respuesta comunitaria a la pandemia.
Como muestra de esa apatía imperante para investigar los homicidios cometidos contra garífunas está la investigación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2015, en relación de los asesinatos en Triunfo de la Cruz de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, situación que demuestra la ausencia de garantías judiciales para nuestro pueblo.
Ante el “percance” acontecido con la muerte de Sacaza, exigimos al Ministerio Publico, y al grupo Laeisz, una explicación fehaciente de los hechos ocurridos el pasado primero de mayo, dentro de la termoeléctrica. Así mismo se deduzcan las responsabilidades a quien corresponda.
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
Fuente: Ofraneh
[Fundación Sur]
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