CRÓNICA POLÍTICA DE RUANDA, 2013-2014*
(Parte II)
Por Filip Reyntjens
2.5. El «affaire» Kizito Mihigo
A mediados de abril de 2014, Ruanda estuvo afectado por el choque que significó la detención del cantante Kizito Mihigo, del periodista Cassien Ntamuhanga y de otras dos personas. Todos ellos son tutsi supervivientes del genocidio y sospechosos de colaborar con las FDLR y con el RNC, de planificar el asesinato de miembros del gobierno y de formar parte de una red que cometió atentados con granadas (1) y preparaba otros ataques terroristas. Kizito Mihigo es muy popular. Compositor de canciones ampliamente difundidas por las emisoras de radio, creó en 2010 Kizito Mihigo for Peace (KMP) que desea utilizar el arte en favor de la paz y de la reconciliación, y en 2011 recibió un premio de la fundación Imbuto, presidida por la esposa del presidente Kagame. En una canción reciente, titulada Igisobanuro cyurupfu («el sentido de la muerte»), pide que se rinda honor a todas las víctimas y no únicamente a las del genocidio, afirmando igualmente que la pertenencia a la humanidad va más allá de la identidad ruandesa. Toma de este modo distancias con relación al programa Ndi Umunyarwanda. Cuando con ocasión de la proclamación de nuevos oficiales de policía en Rwamagana, el 17 de marzo, Kagame dijo que él no era “un cantante que divierte a los que odian Ruanda”, pocos se percataron entonces de que hablaba de Kizito Mihigo. Ante la prensa y rodeado de policías armados de AK47, éste reconoció ser culpable. Llevado ante un tribunal el 21 de abril, se declaró culpable, en ausencia de su abogado, que unas horas antes de su comparecencia había renunciado. Sea cual sea la culminación de este asunto, es revelador de los dilemas con los que se confronta Ruanda: o bien Kizito es culpable (2), lo que confirmaría que la amenaza más seria para el poder proviene de los tutsi, incluidos los tutsi del interior; o bien es inocente, lo que mostraría que el poder amordaza toda apariencia de disidencia, incluso bajo la forma de una canción. El asunto confirma igualmente una realidad visible desde hace varios años, y es que la represión ya no es étnica, puesto que los tutsi son víctimas de ella tanto o más que los hutu (3).
2.6. Percepciones internacionales
El comportamiento agresivo de Ruanda en la región, los asesinatos en el extranjero y la represión en el interior han seguido laminando el crédito del que se había beneficiado durante mucho tiempo Kigali. Es algo que aparece claramente a través de los artículos publicados en la prensa internacional (4). Incluso Phil Clark que siempre defendió ampliamente el régimen, ha llamado la atención últimamente tanto sobre la pérdida de cohesión en el seno del FPR como sobre los riesgos de un paisaje político demasiado cerrado. Ha advertido que los progresos realizados “podrían quedar minados si Ruanda no inicia el difícil proceso de liberalización del terreno político y de apertura del espacio de discusión en el seno del FPR y fuera de él” (5). El Global Peace Index (GPI) 3013 del Institute for Economics and Peace clasificó a Ruanda en el puesto 135 de 162 y lo colocó, con Siria y Libia, entre los tres países más deteriorados en el año. A pesar de estas críticas, el régimen niega que existan problemas. New Times, comparando este tipo de informes a “la brujería y propaganda”, citó al patrón de Rwanda Governance Board, Anastase Shyaka, que estima que “hay una discordancia sistemática entre las clasificaciones atribuidas a Ruanda y la realidad sobre el terreno”. La ministra de Asuntos exteriores dijo que “quien piensa que en Ruanda no hay paz ciertamente no está informado o mide las cosas a la inversa” (6). Un artículo de Gettleman en la revista del New York Times (7) es “falso y tendencioso” y proviene de la idea de “que un país africano (…I que progresa no se corresponde con el relato preconcebido con relación a los africanos, que por naturaleza son incompetentes, corrompidos y asesinos, incapaces de decidir lo que es bueno para ellos” (8). Del mismo modo, cuando el índice Mo Ibrahim acordó un lamentable puesto a Ruanda en materia de seguridad, participación y derechos humanos, Shyyaka afirmó que los datos utilizados por la Fundación eran “falsos y engañosos”. En los terrenos en que Ruanda recibe buena puntuación el índice, evidentemente, es aplaudido (9). Sin embargo, el régimen sigue siendo beneficiario de apoyos exteriores de alto nivel. Bill Clinton – a semejanza de Tony Blair, gran admirador de Kagame y visitante asiduo de Ruanda – enarboló la defensa del régimen ruandés cuando éste fue acusado por su actuación en el Congo y en la violación de derechos humanos. Se preguntó en la BBC “dónde estaban esas asociaciones de derechos humanos que hoy critican Ruanda cuando los hutu masacraban a los tutsi (en 1994)” (10). La crítica es de hecho falsa y muy injusta puesto que grupos como Human Rights Watch (11) habían hecho todo lo posible por atraer la atención sobre el genocidio y suscitar una reacción internacional, y porque fue justamente Clinton el que rechazó reconocer la realidad del genocidio por miedo a sentirse obligado a movilizar los medios necesarios para detenerlo.
2.7. Gobernanza económica
El cuarto censo de población realizado en 2012 y publicado en enero de 2014 (13), muestra una fuerte mejora de numerosos indicadores con relación al anterior de 2002. La población se cifra en torno a 10 millones y medio, con una tasa de crecimiento entre 2002-2012 del 2,6%. Ruanda sigue siendo un país eminentemente rural (83,5% frente a 16,5% urbano) y joven (casi el 52% de la población tiene menos de 20 años). Cerca del 85% de los niños de 7 a 18 años va a la escuela; esta cifra sube al 92,5% en la franja de edad de 7 a 12 años, pero disminuye al 68 % para la de 13 a 18 años. Las tasas de ocupación no agrícola siguen aumentando: del 12,1% en 2002 a 27,3% en 2012. La esperanza de vida ha aumentado de manera espectacular de 51,2 en 2002 a 64,4 en 2012, lo que indica una notable mejora en salud y en el nivel de vida. La adhesión a mutuas de salud es del 88% y un muestra un sesgo urbano. El 49,3% de la población vive en un umudugudu (hábitat rural concentrado) frente al 33,7% en un hábitat disperso tradicional en Ruanda, y el 14% vive en entornos espontáneos (que sobre todo se encuentran en Kigali, donde se concentra entre el 58,8% y el 76,1% de la población; % que varían considerablemente de un distrito a otro). Estos progresos han estado acompañados por un crecimiento económico medio del 7,6% entre 2001 y 2010, lo que hacía de Ruanda la sexta economía con mejores logros de África. Mientras el crecimiento en 2013 seguía siendo del 7,3%, en 2013 no alcanzó sin embargo más que el 4,6% (14). Esta desaceleración es muy reveladora, ya que el país ha visto durante este año la disminución de dos de los tres pilares sobre los que reposaban los logros: aunque la buena gestión tecnocrática-burocrática se ha mantenido, la ayuda presupuestaria ha decrecido como consecuencia de las sanciones que afectan al país a causa de su ayuda al movimiento rebelde M23 en la RDC, y la derrota de este movimiento le ha cortado a Ruanda de los recursos congoleños que explotaba desde finales de los años 1990. La disminución de esta doble red de ingresos (ayuda y RDC) muestra perfectamente la naturaleza extrovertida del “éxito ruandés”. El FMI ya señaló las vulnerabilidades de la economía: gran dependencia de la ayuda, rentas públicas reducidas, base limitada de exportaciones y débiles infraestructuras que provocan costes elevados, concretamente, de energía y transporte (15).
Las ambiciones del régimen quedaron perfectamente ilustradas en el proyecto de convertir Kigali en “el centro de excelencia urbana” de África en 2040 (16). Por otra parte, tal y como se hizo en otros ámbitos (por ejemplo las provincias), la designación de los lugares de la ciudad ha sido aséptica, sin la más mínima referencia histórica o geográfica: las calles ya no tienen nombre, sino códigos como KN 6 Ave o KN 32 Sreet. Goodfellow, comentando el proyecto de hacer de la ciudad un Singapur africano, observó que el plan estaba “completamente desconectado de la realidad de los mercados inmobiliarios y de las rentas” y citó a un consultor que evocó “un proyecto virtual para otra ciudad y no para el Kigali que existe” (17). Barrios enteros fueron demolidos con vistas a su desarrollo, pero las nuevas construcciones no han sido realizadas, dejando de este modo vacíos grandes espacios. El autor se planteó la pregunta de saber cómo los habitantes habían podido tolerar sin abierta resistencia tan graves atentados contra su espacio vital. La respuesta: “Los ciudadanos normales comprenden la futilidad de protestar en Ruanda hoy y ven la utilidad de no protestar tanto por su provecho personal como por la estabilidad de una nación siempre frágil” (18); para concluir que “la ilusión de una ciudad sin conflictos (…) no durará. (…) la situación existente podría no ser duradera ni conducir al desarrollo a largo plazo” (19).
Quienes estarían atraídos por Ruanda a causa de su entorno propicio para los negocios (20), harían bien en inspirarse en lo que le ha sucedido al hombre de negocios ruandés Tribert Rujugiro, uno de los hombres más ricos del país que invirtió en el sector bancario, inmobiliario y agro-industrial, y que fue uno de los financieros del FPR durante la guerra y el patrón de Rwanda Investment Group (RIG). Rotas sus relaciones con Kagame desde 2009, instalado en Suráfrica y sospechoso de mantener vínculos con las FDLR (una acusación ampliamente utilizada contra presuntos opositores), ha visto que sus bienes eran incautados (entre ellos el inmueble comercial UTC de un valor de 20 millones de dólares americanos) y una docena de sus cuentas bancarias bloqueadas (21). En enero de 2014, el gobierno justificó estas medidas, que en realidad eran una nacionalización sin compensación, afirmando que esos bienes estaban “abandonados”, ya que el propietario vivía en el extranjero (22).
3. JUSTICIA EN RUANDA Y FUERA DE RUANDA (23)
El asunto Victoire Ingabire culminó con el recurso en apelación el 13 de diciembre de 2913, cuando la corte suprema la condenó a una pena de cárcel de quince años, mientras en primera instancia había sido condenada a ocho años. El primer enjuiciamiento había suscitado numerosas protestas, incluso en el parlamento europeo que votó una resolución muy crítica sobre Ruanda el 23 de mayo de 2013 (24). La resolución dice concretamente que “la acusación de ‘ideología genocida’ y de ‘divisionismo’ (…) ilustra la intolerancia del gobierno ruandés al pluralismo político”; “el proceso en primera instancia (…) no respetaba las normas internacionales, en primer lugar en lo concerniente a la presunción de inocencia, y estaba basado en pruebas prefabricadas (…)”; “condena firmemente la naturaleza motivada políticamente del proceso, la persecución de opositores políticos y la conclusión decidida de antemano del proceso”; “estima que la ley de 2008 sobre la ideología del genocidio utilizada para acusar a Victoire Ingabire ha servido de instrumento político para amordazar las críticas al gobierno” y “subraya que el proceso penal contra Vicgoire Ingabire (…) es un test de la capacidad del sistema ruandés para tratar los asuntos políticos de gran repercusión de manera equitativa e independiente”. Esta fuerte crítica del parlamento del más importante donante de fondos de Ruanda no fue oída (25). Otro proceso aparatoso ha sido el que el ministerio de Defensa llama “el proceso del terror” (26). Concierne a Joël Mutabazi y a otras quince personas, acusados de terrorismo, asesinato, pertenencia a grupo armado, propagación de rumores destinados a la desobediencia civil, posesión ilegal de armas, falsificación de documentos y deserción o por alguna de esas infracciones (27). Después de su extradición ilegal desde Uganda, Mutabazi fue presentado ante el tribunal militar donde se declaró primero no-culpable en la mañana del 2 de diciembre de 2013, pero a la tarde, a puerta cerrada y en ausencia de su abogado, se declaró culpable de todos los cargos, salvo el de terrorismo. Cuando el proceso se abrió el 28 de enero de 2014, Mutabazi negó los cargos y afirmó que había sido amenazado de muerte durante su detención. Su principal coacusado, Innocent Kalisa, otro ex-miembro de la guardia republicana, se declaró también no-culpable. Mutabazi juzgó ilegal el proceso, arguyendo que la extradición había sido irregular, y anunció que no asistiría al mismo (28). El procedimiento no ha terminado en el momento en que se escriben estas líneas, pero salta a la vista la semejanza con el proceso a Ingabire: la fiscalía ha utilizado a coacusados (entre ellos a miembros de la familia de Mutabazi) para arrinconarlo y para demostrar concretamente que hizo un montaje de un ataque de los servicios secretos ruandeses contra él en Kampala para apoyar su solicitud de asilo político (nota del traductor: el 31 de julio de 2014, la fiscalía ruandesa pidió contra Joël Mutabazi la condena de cadena perpetua). Esta extraña historia quiere hacer creer que Mutabazi hizo llegar una pistola y balas desde Ruanda para simular este ataque (28).
El 11 de julio de 2013, el tribunal de Ruhango condenó a siete miembros del FDU-Inkingi a dos años de cárcel por el simple hecho de haberse encontrado en un café con el secretario general del partido (no reconocido), Silvain Sibomana, y porque no denunciaron a las autoridades la presencia de él. Sibomana fue él mismo condenado a dos años de cárcel el 22 de noviembre por el tribunal de Nyarugungu por haber “organizado protestas ilegales” ante la corte suprema con ocasión de una audiencia del proceso contra Ingabire. Asuntos relacionados con el genocidio, en particular los relativos a Léon Mugesera, extraditado desde Canadá, y a Jean Uwinkindi, transferido desde el TPIR (29), están en curso ante el alto tribunal.
El TPIR siguió penosamente su cansino avance hacia su fin. Los asuntos tratados en primera instancia han terminado, pero el tribunal de apelación no podrá respetar el plazo de fin de 2014 fijado por el Consejo de seguridad. La resolución en el último asunto, llamado “Butare”, que concierne a seis imputados no debería darse antes de julio de 2015, veinte años después del inicio de los procedimientos. El asunto llamado “militares II” finalizó, al menos en parte, el 11 de febrero de 2014, cuando el general Augustin Ndindiliyimana y el mayor François-Xabier Nzuwonemeye fueron absueltos y el capitán Innocent Sagahutu vió reducida su pena de 20 a 15 años de cárcel (30). El recurso en apelación presentado por el antiguo jefe de estado-mayor, el general Augustin Bizimungu, que hasta entonces formaba parte del grupo, será juzgado separadamente (31). La resolución en el asunto Karemera y otros es esperada para finales de 2014. Por su lado, el mecanismo (residual) para los tribunales penales internacionales (MTPI) no tiene que tratar más que un caso heredado del TPIR, la apelación del antiguo ministro Augustin Ngirabatware. Entretanto, el TPIR sigue encontrando muchas dificultades para obtener países de acogida para los que han sido absueltos y para los que ya han purgando sus condenas. Solamente cinco de quince han podido ser reinstalados, mientras que el resto sigue viviendo en “casas protegidas” en Arusha, cuando un acuerdo entre las Naciones Unidas y Tanzania prevé que las personas juzgadas definitivamente deben abandonar el territorio tanzano (32).
Las relaciones entre Ruanda y el TPIR han sido siempre malas y todo indica que lo seguirán siendo hasta el final. El juez del TPIY Frederik Harhoff se quejó en una carta de una excesiva mansedumbre por parte de la sala de apelación común a los dos tribunales y se hizo eco de las presiones ejercidas por el presidente Theodore Meron sobre otros jueces para obtener absoluciones. Aun cuando la carta del Harhoff no mencionaba más que asuntos relacionados con la ex-Yugoslavia, Ruanda recogió al bote la pelota. Tras recordar que la sala de apelación había absuelto igualmente a altos responsables ruandeses o había reducido sus penas, Kigali pidió que Meron dimitiera y que todos los casos en los que hubiera intervenido fueran juzgados de nuevo (33). Cuando se dictó la resolución en el proceso de los oficiales (ver supra), Ruanda no dejó de repetir sus acusaciones. El director de la comisión nacional de lucha contra el genocidio vio “sistemáticas tentativas del juez Meron, que tiene una agenda política, de minimizar cuanto aquí ha sucedido” (34).
Ruanda ha seguido impulsando la justicia en países terceros en tres terrenos: el enjuiciamiento de sospechosos de genocidio en virtud de la competencia universal, las solicitudes de extradición por parte de Ruanda y los procedimientos que encausan a sospechosos del FPR. El número de países que siguen el ejemplo de Bélgica, Canadá, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suiza, que juzgaron en el pasado a personas sospechosas de haber estado implicadas en el genocidio, ha ido creciendo. Stanislas Mbanenande, un sueco de origen ruandés, fue condenado con cadena perpetua en junio de 2013. En Canadá Jacques Mungwarere fue absuelto por la corte superior de Ontario, al no haberse podido demostrar fuera de toda duda razonable su culpabilidad, debido especialmente al carácter no creíble de varios testigos de cargo (35). Por el contrario, en mayo de 2014, el tribunal de apelación de Quebec confirmó la pena de cadena perpetua a Désiré Munyaneza. En noviembre de 2013, la corte suprema de Dinamarca decidió que uno de los sospechosos podría ser perseguido judicialmente por genocidio; su proceso debería tener lugar en 2014. En febrero de 2014, la condena de Onesphore Rwabukombe a 14 años de cárcel fue todo un hito en Alemania, que había rechazado en 2011 extraditarlo. Mientras en Francia prosiguen numerosas instrucciones desde hace tiempo, el primer proceso ante la audiencia de París en febrero-marzo de 2014 fue el primero en tener lugar. El 14 de marzo, Pascal Simbikangwa fue condenado a 25 años de cárcel. A finales de mayo, otros dos sospechosos ruandeses fueron enviados ante la audiencia. En los EEUU, Béatrice Munyenyezi fue condenada a diez años de cárcel, no por su eventual implicación en el genocidio, sino por haber mentido sobre el papel que habría jugado en él cuando hizo la solicitud de inmigración. Podría ser extraditada a Ruanda tras haber purgado la pena. Mientras que hace unos años tanto el TPIR como países terceros rechazaban extraditar a personas reclamadas por Ruanda a causa de las dudas sobre el carácter equitativo de los procesos judiciales en este país, se ha podido observar una evolución significativa. Hemos visto que el TPIR autorizó dos transferencias de acusados y que otros países (Canadá, Dinamarca y Noruega) consintieron esto últimos años extradiciones (36). En noviembre de 2013 fueron autorizadas por Dinamarca nuevas extradiciones y en abril de 2014 por Noruega. Por el contrario, en Francia la audiencia sigue oponiéndose a las extradiciones, posición de nuevo confirmada en febrero de 2014. Esta jurisprudencia está basada en la no retroactividad de la ley penal, dado que los hechos calificados de genocidio y crímenes contra la humanidad no estaban incriminados en Ruanda en la época en que fueron cometidos. Mientras en el Reino Unido la corte suprema había juzgado inadmisible una extradición en abril de 2009, este asunto, relativo a las mismas personas, fue reabierto y está siendo tratado en primera instancia.
En Francia y en España, la instrucción de asuntos que conciernen a sospechosos del FPR sigue su curso. En Francia, contrariamente a las esperanzas expresadas en 2012 por los abogados de los imputados en el asunto del atentado contra el avión del presidente Habyarimana, los jueces Trévidic y Poux rehusaron dictar un auto de sobreseimiento. Se han hecho públicos nuevos elementos (37) encausando al FPR, pero muy pocas cosas se han filtrado sobre la evolución de esta instrucción. Del mismo modo, en España la instrucción de la Audiencia Nacional parece alargarse y podría incluso estar amenazada por la voluntad política de reducir considerablemente el alcance de la competencia universal de las jurisdicciones españolas (38).
Amberes, mayo de 2014
* Este texto de Filip Reyntjens, profesor de la Universidad de Amberes, forma parte del volumen «L’AFRIQUE DES GRANDS LACS, Annuaire 2013-2014, Éditions L’Harmattan». Obra colectiva de la que el autor es uno de los coordinadores.
[Traducción, Ramón Arozarena, agosto de 2014]
1 Varias personas murieron o fueron heridas cuando el 26 de julio y el 13 y 14 de septiembre fueron lanzadas granadas. Incidentes de este tipo han tenido lugar en el pasado en época preelectoral.
2 Parece que la policía ha podido interceptar comunicaciones entre el acusado y los medios opositores; comunicaciones en las que se hablaría de derribar el poder y en las que Kizito habría dicho que “es Dios el que le llama” (ver un informe que el autor no ha podido escribir sino basado en informaciones de la policía: : “Investigation: How Musician Mihigo Plotted to Overthrow Kagame”, Chimpreports, 17 abril 2014 ;hay que señalar no obstante que este tipo de información debe ser abordada con prudencia, ya que podría tratarse de un operación de intoxicación).
3 Es también la constatación que se hace en el texto citado anteriormente: “las tensiones existentes hoy ya no deben categorizarse en el eje hutu-tutsi (…) Se puede decir que ha nacido una nueva tensión, la del régimen del FPR con el conjunto de la población” (KABALISA, P. et al., op. cit., pp. 8-9).
4 Algunos ejemplos: “Africa’s Problem Child”, The Southern Times (Windhoek), 8 julio 2013 ; “The Global Elite’s Favorite Strongman”, The New York Times Magazine, 4 septiembre 2013 ; “How Rwanda Threatens Its Future”, The New York Times, 16 août 2013 ; “Paul Kagame: Rwanda’s saviour or strongman?”, The Star (Toronto), 26 septiembre 2013; “Kagame’s Iron Fist Stokes Fires in Rwanda”, U.S. News and World Report, 10 enero 2014 ; “The Darling Tirant”, Politico, marzo-abril 2014 ; “How Rwanda’s Paul Kagame Exploits U.S. Guilt”, The Wall Street Journal, 19 abril 2014.
5 CLARK, P., “After genocide. Democracy in Rwanda, 20 years on”, Juncture, 2014, p. 311.
6 “Reports, indices as sorcery – the hidden truth”, The New Times, 25 junio 2013.
7 “The Global Elite’s Favorite Strongman”, citado más arriba.
8 “Of blinkers, glory and out of dark Africa narrative”, The New Times, 10 septiembre 2013.
9 “Govt rebuts Mo Ibrahim index on security, rights”, The New Times, 15 octubre 2013.
10 “President Clinton in spirited defense of President Kagame”, Kigali, RNA, 13 agosto 2013.
11 Organización claramente señalada con el dedo por Clinton: Human Rights Watch acababa de denunciar el apoyo de Ruanda al movimiento rebelde congoleño M23.
12 REPUBLIC OF RWANDA, NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS OF RWANDA, Fourth Population and Housing Census, Rwanda, 2012. Final Results. Main indicators report, enero 2014.
13 “Rwanda : forte décélération de la croissance en 2013”, Kigali, Reuters, 25 marzo 2014 ; ”Rwanda Forecasts Economy to Expand 6% this Year as Aid Resumes”, Kigali, Bloomberg, 25 abril 2013.
14 INTERNATIONAL MONETARY FUND, “Rwanda: IMF Executive Board completes seventh and final review under the Policy Support Instrument and approves new three years PSI”, Comunicado de prensa n° 13/483, 2 diciembre 2013.
15 “CoK launches devt blueprint”, The New Times, 21 octubre 2013.
16 GOODFELLOW, T., “Kigali 2020: the politics of silence in the city of shock”, openDemocracy.net, 14 marzo 2013.
17 Idem
18 Idem
19 En 2013, Ruanda está en el puesto 32 de un total de 189 países en la lista « Ease of Doing Business » del Banco Mundial. Esta lista se inspira en las reglas en vigor y no forzosamente en la práctica.
20 “L’homme d’affaires Rujugiro va porter plainte contre l’État rwandais”, Kigali, ARI, 14 octubre 2013.
21 Los accionistas principales de las grandes empresas que operan en Ruanda, como Bralirwa, MTN, Nakumatt y Kenya Commercial Bank, viven, también ellos, en el extranjero, pero no son inquietados.
22 Se encuentra un breve resumen de la justicia con relación al genocidio en HUMAN RIGHTS WATCH, Rwanda. Justice After Genocide: 20 Years On, 28 marzo 2014.
23 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution du 23 mai 2013 sur le Rwanda : l’affaire Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)).
24 Hay que reconocer que la corte suprema se encontraba en una situación delicada, ya que el presidente Kagame ya había afirmado que Ingabire era culpable (“‘More than enough evidence in Ingabire case’, says Kagame”, RNW, 12 diciembre 2011).
25 Según el portavoz del ejército, que afirma poseer “pruebas aplastantes”, el proceso debería demostrar “la alianza criminal” entre el RNC, partido de Patrick Karegeya, y las FDLR (“Rwanda : ‘L’alliance entre le RNC et les FDLR est une alliance criminelle’”, R.F.I., 28 enero 2014).
26 Para nada es cuestión de lo que se mencionaba en la solicitud de extradición de 2013.
27 “Un ancien garde présidentiel plaide non coupable et juge son procès illégal”, Kigali, ARI, 28 enero 2014.
28 “How Lt. Mutabazi staged his shooting to get asylum”, The New Times, 29 enero 2014.
29 Un segundo acusado del TPIR, Bernard Munyagishari, fue transferido a Ruanda el 24 de julio de 2013.
30 El 13 de mayo de 2014 Sagahutu se benefició de una liberación anticipada.
31 “Trying to avoid another acquittal”, International Justice Tribune, 4 abril 2014, n° 156, p. 3.
32 “TPIR/ONU – Enième appel du TPIR à la réinstallation de ses acquittés”, Arusha, Fondation Hirondelle, 6 diciembre 2013.
33 “Rwanda wants ICTR judge Meron to resign”, The New Times, 20 junio 2013.
34 “Controversial ICTR judge acquits top genocidaires”, The New Times, 12 febrero 2014. En el mismo sentido: “How ICTR has let down Rwanda”, The New Times, 12 febrero 2014 ; “ICTR will go down in history as a disgrace”, The New Times, 13 febrero 2014 ; “With an ally on the bench, Kabuga and co. don’t need to hide after all”, The New Times, 13 febrero 2014 ; “How Rwanda ICTR qualms have come true”, The New Times, 14 abril 2014 ; “Is ICTR’s Theodor Meron holding justice to ransom?”, The New Times, 14 mayo 2014.
35 “Génocide au Rwanda – Jacques Mungwarere acquitté de crimes contre l’humanité”, Le Devoir, 5 julio 2013.
36 Igualmente debe señalarse que, en su resolución del 27 de octubre de 2011 Ahorugeze c. Suecia la corte europea de derechos humanos juzgó que una extradición a Ruanda no violaría la Convención europea de derechos humanos.
37 Ver recientemente el testimonio de un antiguo oficial del ejército ruandés, Jean-Michel Micombero : “Rwanda : ‘J’ai assisté à la préparation de l’attentat qui a déclenché le génocide’”, Marianne, 28 marzo-3 abril 2014.
38 REVER, J., “Amid Attempts to Seek Indictments Against Rwanda’s Regime, Spain’s Pursuit of International Criminals Under Threat”, Foreign Policy, 27 fébrero 2014. Otro revés: uno de los 40 responsables del FPR buscados por la justicia española, el general Charles Kayonga, se hizo curar en un hospital londinense, pero el Reino Unido no efectuó la petición de extradición a España formulada por el juez Andreu MerellesAutre revers : (“Ruanda nombra embajador en China a un genocida buscado por la Audiencia. El exjefe del Estado Mayor de Paul Kagame estaba tratándose de un cáncer en Londres Reino Unido no ha atendido la petición de entrega del juez Fernando Andreu”, El País, 25 febrero 2014).
