Crónica Política de Ruanda, 2013-2014 (Parte I)

CRÓNICA POLÍTICA DE RUANDA, 2013-2014*

(Parte I)

Por Filip Reyntjens

1. INTRODUCCIÓN

El año al que vamos a pasar revista ha sido rico en acontecimientos, tanto en el interior de Ruanda como en la región. Las elecciones legislativas de septiembre de 2013 no hicieron más que confirmar el carácter cosmético del escrutinio, mientras el terreno se iba preparando para permitir al presidente Kagame optar a un nuevo mandato en 2017. El régimen ha persistido en hostigar, incluso eliminar, físicamente a sus opositores en Ruanda y en el extranjero. El acontecimiento que podría considerarse como el más significativo a más largo plazo es el lanzamiento del programa “Ndi Umunyarwanda”, que comporta una acusación que hace a los hutu colectivamente culpables del genocidio. Esto confirma no solamente la conclusión que se conoce de los procedimientos gacaca, sino que culpabiliza y, en consecuencia, excluye a la gran mayoría de la población. Esta iniciativa, en cuyo origen Kagame está involucrado personalmente, corre el peligro de aumentar aún más la violencia estructural.

Sin embargo, la gobernanza económica sigue siendo buena. La esperanza de vida, indicativo de la mejora en la salud y en general en el nivel de vida, ha aumentado de manera espectacular de 51,2 a 64,4 años entre 2002 y 2012. Así mismo, otros indicadores socio-económicos han mostrado mejoras significativas. El crecimiento económico, no obstante, se ha difuminado como consecuencia de los reveses sufridos en RDC y de una disminución de la ayuda internacional.

La justicia ha seguido constituyendo un instrumento de represión política y los derechos humanos han seguido siendo violados, sobre todo el derecho a la vida y a la libertad individual, así como las libertades de expresión, reunión y asociación. Todo ello, más, por añadidura, el apoyo suministrado por Ruanda al movimiento rebelde congoleño M23, ha contribuido a hacer mella en la imagen internacional del país, incluso entre sus apoyos más importantes, como los EEUU y el Reino Unido.

En el ámbito regional, la derrota del M23 ha sido una catástrofe. No solo ha privado a Ruanda de su último recurso en RDC, sino que este episodio también lo ha aislado creando, entre otros factores, un conflicto con Tanzania y Suráfrica. El contencioso con Tanzania, con el conflicto en el Congo como telón de fondo, ha dado lugar a recomposiciones regionales que amenazan el funcionamiento y quizás la supervivencia de la Comunidad africana del este.

2. GOBERNANZA: LA CONTINUIDAD

2.1. Ndi Umunyarwanda

Invitado por el ministerio de Juventud y Deportes a tomar la palabra ante los jóvenes con ocasión de acontecimiento « Youth Connekt Dialogue » (1) el 30 de junio de 2013, el presidente Kagame invitó a los hutu a “pedir perdón por todos los que mataron en su nombre”. Acto seguido, unos jóvenes, que no habían nacido en 1994, y el antiguo diputado MRND Boniface Rucagu, pidieron perdón “por un genocidio hecho en nombre de los hutu” (2). Como en el pasado, Kagame “autorizó” de ese modo que fuera abordado un tema delicado (3), a la vez que indicó la dirección deseada. Y, como en el pasado, fue el antiguo ministro y actual presidente del Consejo de administración de Crystal Ventures, una de las sociedades del FPR, Nshuti Mannaseh, el que sirvió de primer relevo de la idea. Considerando que el genocidio “definirá nuestra organización política durante generaciones”, afirmó que “fue cometido en nombre de una sección de nuestro pueblo, los hutu. Punto y final”. “Esta culpabilidad colectiva significa que genocida y ‘hutuismo’ son sinónimos” (4). El PDL, partido que forma parte del cártel del FPR, le pisó los talones e invitó “a los miembros del grupo étnico hutu a que pidieran perdón por su protagonismo en las atrocidades cometidas por los autores del genocidio en nombre de su identidad étnica” (5). Un periódico burundés que no puede ser sospechosos de antipatía para con los tutsi reaccionó con fuerza: “La estrategia política adoptada por el número uno ruandés para hacer perdurar la hegemonía de los tutsi en su país parece consistir en la creación de un pecado comunitario (…) cuyo sello infame marcaría a todos los hutu. (…) Semejantes planteamientos no pueden sino exacerbar la desconfianza y los odios étnicos”. Para plantearse la cuestión de saber si Kagame deseaba “una sumisión, una infantilización de los hutu que, aquejados por un sentimiento de culpabilidad colectiva, renunciarían ad vitam aeternam a la conquista del poder” (6). Incluso la asociación de supervivientes del genocidio Ibuka se desolidarizó inicialmente de la petición de perdón colectivo y señaló que solo los culpables debían pedir perdón; pero, dos días más tarde cambió de posición y se sumó a la iniciativa (7). El profesor Rutembesa de la Universidad de Ruanda afirmó que reconocer un crimen que no se ha cometido “puede ser peligroso” (8), pero fueron muy pocas las personas que se atrevieron a criticar este programa.

En la estela del “Youth Connekt Dialogue”, el gobierno lanzó el programa “Ndi Umunyarwanda” (“Soy ruandés”), para desarrollar “el espíritu ruandés”. El 23 de octubre de 2013, el consejo de ministros recomendó a todas las instituciones públicas y privadas, a la sociedad civil y a las confesiones religiosas, que llevaran a la práctica el programa, que fue objeto de una sistemática difusión por medio de numerosos encuentros y retiros; reuniones que se produjeron tanto en los máximos ámbitos o entornos nacionales como en los rincones más apartados del país, donde se asistió a sesiones de petición de perdón por parte de los hutu. Edouard Bamporiki, que estaba en el origen de la iniciativa y se declaraba apolítico, se convirtió en septiembre de 2013 en diputado del FPR (9).

Tal y como era previsible, los efectos de “Ndi Umunyarwanda” en las relaciones interétnicas han sido inquietantes. El programa confirma los resultados de los trabajos de las jurisdicciones gacaca que han condenado a la gran mayoría de los hombres hutu que eran adultos en 1994 (10). Luego, varias personalidades políticas hutu se sintieron obligadas a pedir perdón en nombre de la etnia a la que pertenecen; entre ellas varios ministros, incluido el primer ministro (11); en consecuencia, se convirtieron en vulnerables políticamente. Estos políticos fueron incluso directamente amenazados, como cuando Mannaseh Nshuti afirmó que «algunas de nuestras elites (sobreentendiendo: hutu) juegan con la memoria de lo que saben sobre lo que hacían o dejaban de hacer sus camaradas durante el genocidio. (…) El balón está en el campo de esta elite” (12). En fin, los riesgos inherentes a declarar culpable a la gran mayoría de la población (los hutu constituyen del 85 al 90% de los ruandeses) son evidentes, sobre todo cuando se sabe que el “discurso público”, el impuesto por el régimen, no corresponde plenamente con el “discurso oculto” (13) de muy numerosos ruandeses (14). Mientras los ciudadanos ordinarios y la sociedad civil no se expresaron públicamente sobre el tema, la oposición en el exilio fue prácticamente unánime en la condena de un programa que lejos de aportar soluciones a las divisiones, las amplificaría (15). Esta campaña constituyó por lo tanto un nuevo jalón en la extensión de la violencia estructural tan presente ya en Ruanda.

2.2. Elecciones legislativas

El carácter fraudulento de los procesos electorales contribuye también a este fenómeno y las elecciones legislativas de septiembre de 2013 fueron en el mismo sentido. El FPR obtuvo el 76,22% de los votos directos (16), frente al 13,03% del PSD y el 9,29% del PL, dos partidos representados en el gobierno y que no se consideran opositores; estos resultados se aproximaron a los registrados en 2003 y 2008 (17). La participación fue del 98,80%, lo que no expresa forzosamente la existencia de un entusiasmo de los electores que sabían perfectamente lo que se esperaba de ellos (18). Los resultados, igual que en 2003 y 2008, fueron sorprendentemente similares en las cinco provincias: entre el 74,75% y el 77,02% para el FPR, entre el 12,44% 7 el 14,29% para el PSD y entre el 8,12% y el 11,25% para el PL. Solo un partido de la oposición, el partido ecologista Democratic Green Party (DGP), que en 2009 había intentado registrarse pero que se topó con numerosos obstáculos, fue reconocido tres días antes de la fecha límite de presentación de candidaturas, lo que le impidió participar en las elecciones. En cuanto al único partido de oposición reconocido, el PS-Imberakuri, solo el sector que bajo presión del FPR (19) se había desgajado fue autorizado a presentar candidatos, pero no obtuvo más que el 0,56% de los votos.

Un equipo de observación de la CommonWealth (Commonwealth Expert Team – CET) señaló problemas con relación a la integridad de las urnas, a la presencia en las mesas de votación de montones de carnés de elector y de boletines de voto doblados, así como a retrasos entre el fin de las operaciones de voto y el inicio del recuento. Igual que con ocasión de las elecciones presidenciales de 2010, su preocupación más importante fue el procedimiento de consolidación, a partir de las mesas electorales, de los centros y distritos de compilación hasta la oficina nacional: “Puesto que el voto no ha podido ser trazado a través del proceso completo de tabulación, el CET estima que la credibilidad de los resultados queda comprometida” (20). También la embajada de los EEUU señaló “irregularidades y aspectos inquietantes que potencialmente cuestionan la integridad del voto”. Como los observadores de la embajada vieron rechazado su acceso a los colegios electorales y a los centros de consolidación tanto en el ámbito de los distritos como en el nacional, fueron “incapaces de comparar los resultados de las mesas electorales con los de los niveles de distrito y nacional, haciendo imposible la verificación adecuada del recuento final de los votos y de la tasa de participación” (21). Aunque las embajadas de la Unión Europea no redactaron un informe (público), compartieron estas preocupaciones. Constataron que el procedimiento de consolidación no era transparente, que los resultados oficiales no se correspondían con observaciones hechas sobre el terreno y que las diferencias de resultados entre distritos eran notablemente limitadas y estadísticamente sospechosas (22).

Las observaciones de la Commonwealth, EEUU y UE sugieren, todas ellas, que la manipulación de los resultados a nivel nacional, tal y como señalaba también en 2008 la observación de la UE, se produjo nuevamente en 2013; realidad que evidentemente convierte la elección en fútil. El diario del régimen, sin duda sin quererlo, confirmó la naturaleza no pertinente del ejercicio: “los ruandeses se han levantado temprano, han ido a votar, han expresado su voto pacíficamente y al mediodía la mayoría de los electores se ocupaban de sus trabajos habituales” (23). En resumen, una rutina sin importancia real.

2.3. ¿Tercer mandato para Kagame?

El año pasado habíamos indicado que Kagame había puesto fin al debate sobre la cuestión de un tercer mandato presidencial, sin embargo prohibido por el artículo 101 de la constitución, cuando destituyó al ministro de Justicia Tharcisse Karugarama, que había expresado la opinión de que el presidente debía abandonar el poder en el año 2017 a fin de respetar la primacía del derecho (24). La idea del tercer mandato fue haciendo su camino. Según Great Lakes Voice, un equipo puesto en pie en el seno del FPR habría decidido que la constitución fuera enmendada y que debían prepararse las mentes por medio de una campaña de prensa. Las visitas realizadas por Kagame a través del país mostrarían concretamente que los ciudadanos insistían en que permaneciera en el poder (25). Cuando Kagame afirmó que “respetará la constitución que esté en vigor en 2017 tal y como el pueblo ruandés haya decidido” (26), dejó entrever claramente una revisión constitucional. El periódico del régimen apoyó la idea: frente a la “petición de los ciudadanos” que desean que Kagame siga siendo presidente, “está plenamente justificado enmendar la constitución” (27). Como siempre, el régimen encontró un relevo exterior para “legitimar” sus intenciones (28), esta vez en Frederick Golooba-Mutevi, convertido (con otro ugandés, Andrew Mwenda) en apoyo permanente (29). Afirmó haber entrevistado a numerosos ruandeses (sin decir ni una palabra sobre la metodología de su “sondeo”) que estaban “seriamente inquietos por que el país iría peor sin Kagame al volante. Ven un peligro en un cambio a la cabeza del país” (30).

2.4. Escuadrones de la muerte

El régimen siguió hostigando a los opositores, tanto en el interior como en el exterior del país. Uganda y Suráfrica fueron los lugares más peligrosos para quienes habían abandonado el país y expresaban públicamente su disidencia. Las intimidaciones, secuestros, “desapariciones” y asesinatos señalados en los precedentes Anuarios han continuado, incluso después de que el régimen haya sido “pillado” con las manos en la masa y de que la comunidad internacional haya desaprobado esas prácticas (31). A primeros de junio de 2013, 16 universitarios ruandeses, temerosos de ser detenidos tras haber protestado contra los resultados de los exámenes, buscaron asilo en Uganda, donde posteriormente fueron intimidados por la embajada de Ruanda en Kampala (32). El antiguo escolta de Kagame, Innocent Kalisa, fue secuestrado en agosto en Kampala, seguido días después por otro escolta, Joël Mutabazi, que había sido objeto de una tentativa de asesinato en 2012 y de otra de secuestro poco antes. Estos hombres habían criticado públicamente los abusos en el ámbito de los derechos humanos en Ruanda. Mutabazi, acusado de colaborar con las FDLR y el RNC y de estar implicado en actos terroristas en Ruanda (33), fue extraditado el 25 de octubre a Kigali sobre la base de un falso mandato de arresto de Interpol (34). En su vuelta a Ruanda fue detenido en un lugar secreto, sin contacto con el mundo exterior y sin acceso a un abogado (35). A primeros de septiembre, dos oficiales del ejército ruandés, que se hacían pasar por refugiados, fueron detenidos en Kampala por haber secuestrado y torturado a un solicitante de asilo. En enero de 2014, Ruanda pidió la extradición de otros siete refugiados. En febrero, dos de esos hombres, uno de ellos antiguo oficial de las FRD, “desaparecieron”, pero The New Times afirmó que, temiendo ser detenidos y extraditados, habían huido a Tanzania, donde proseguían realizando “sus actividades subversivas” (36). Nueva desaparición en febrero: se trató esta vez de Andrew Muhanguzi, refugiado desde 2011 tras haber huido de Kigali a causa de las actividades periodísticas de su hermano, Jean-Bosco Gasasira, en Suecia (37). En la mañana del 1 de enero de 2014, Patrick Karegeya fue encontrado estrangulado en una habitación del hotel en Johanesburgo. Antiguo jefe de los servicios secretos exteriores, había ingresado en el campo opositor y fue uno de los fundadores del RNC, partido muy crítico con el régimen (ver Anuarios anteriores). En noviembre de 2013 había presentado un aplastante testimonio contra Kagame, acusándole concretamente de haber mandado asesinar a Habyarimana y a otros opositores (38). En una carta fechada el 28 de diciembre de 2013, apenas unos días antes de su muerte, dirigida a la Fellowship Foundation, fundación conocida sobre todo como organizadora del National Prayer Breakfast, muy influyente en EEUU, reiteraba sus muy graves acusaciones y solicitaba la ayuda de la fundación para un cambio democrático, concretamente para la organización de una conferencia prevista para marzo de 2014. Aunque nada concreto pruebe a primera vista la responsabilidad de Kigali en el asesinato, el régimen ruandés fue señalado con el dedo. Las acusaciones son comprensibles, a la luz de tentativas anteriores contra otro dirigente del RNC en Suráfrica, Kayumba Nyamwasa, y a la luz de grabaciones de comunicaciones telefónicas desde 2011 que muestran que el general Nziza y el coronel Munyuza pusieron en marcha dispositivos para asesinar concretamente a Karegeya (39). El gobierno ruandés no lo desmintió en realidad y algunos oficiales reivindicaron prácticamente el crimen. El ministro de Defensa, James Kabarebe, calificando a Karegeya de “basura”, afirmó que “quien ha optado por vivir como un perro muere como un perro (40)”. Kagame dijo que “quien mina Ruanda debe esperarse a tener consecuencias serias. (…) Traicionar su país y desearle el mal debe costar caro (…) Sólo es cuestión de tiempo que quienes atacan a Ruanda hagan frente a las consecuencias de sus actos, allá donde estén (41)”; la ministra de Asuntos exteriores, Louise Mushikiwabo, hizo saber por twitter que “lo que sucede a los enemigos (del gobierno) no debería impedirle dormir”. El Departamento de Estado americano no solo condenó el asesinato, sino que se mostró “turbado por una sucesión de asesinatos de exiliados ruandeses que parecen tener una motivación política y por los comentarios del presidente Kagame sobre las ‘consecuencias’ para quienes traicionan Ruanda (42)”. En el Reino Unido, el partido laborista, pidió que se suspendiera la ayuda directa a Ruanda en tanto no se aclarara si el régimen ruandés estaba o no implicado en “esta especie de bandidaje político”. (43) Mientras el gobierno surafricano se abstenía de hacer comentarios en tanto durase la investigación policial, el incidente – que no es el primero ni el último – evidentemente no era como para mejorar las ya difíciles relaciones (ver infra) entre los dos países. (44) Solo el 23 de enero, Kagame, probablemente ante las condenas internacionales, desmintió su implicación: “Ruanda no ha matado a esa persona (…) Pero añado que habría deseado que Ruanda lo hubiera hecho. Lo deseo de verdad”. No obstante, persiste la ambigüedad, ya que compara la muerte de Karegeya al asesinato de Osama Bin Laden: «El presidente y todo el mundo en los EEUU lo han celebrado» (45). Otro opositor en Sudáfrica, el general Kayumba Nyamwasa, que ya había sido objeto de varias tentativas de asesinato, fue de nuevo víctima de un ataque el 4 de marzo. Para Sudáfrica fue la gota que colmó el vaso: el 7 de marzo, tras evocar “los vínculos entre estos diplomáticos y las actividades criminales”, expulsó a tres diplomáticos ruandeses y a uno burundés; Ruanda, como respuesta, expulsó a seis diplomáticos sudafricanos y los dos países estuvieron al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas. (46) El 11 de marzo, el presidente de la comisión de Asuntos exteriores de la Cámara de Representantes norteamericana, haciendo referencia a los asuntos Karegeya y Kayumba, envió una carta a John Kerry. Argumentaba que “tolerar la violenta retórica del presidente Kagame y los asesinatos de disidentes en el extranjero dará alas al régimen” y pedía que “se reevaluaran los compromisos de los EEUU con Ruanda”. Tras evocar el aniversario del genocidio, advirtió que “los amigos de Ruanda deben evitar ignorar de nuevo las señales de alarma, las disfunciones políticas y la represión”. La polémica se relanzó en mayo cuando informaciones concretas y detalladas sobre los escuadrones de la muerte del régimen ruandés fueron presentadas en un diario canadiense (47). El ministro ruandés de Justicia calificó de “camelo” las revelaciones de Globe and Mails (48), pero unos días después, Sudáfrica expulsó a dos agregados de defensa después de que los servicios hubieran “identificado a los implicados en el ataque (contra la residencia de Kayumba Nyamwasa) como oficiales de los servicios secretos de la embajada de Ruanda” (49).

El fin violento que conocen los refugiados se enmarca directamente en la línea que el poder ha adoptado al respecto. Un documento de 2009 distingue dos tipos de diáspora. Por un lado, están los (se sobreentiende que tutsi) que “huyeron entre 1959 y 1994””, y por otra parte quienes huyeron (se sobreentiende que hutu, y más recientemente también tutsi) que han roto con el régimen: “Esta parte de esta población está agrupada en grupos armados y políticamente subversivos, así como en asociaciones sociales, culturales y presuntamente de defensa de los derechos humanos, mientras otros actúan individualmente para difundir la ideología genocida y sensibilizar a otros miembros de la diáspora contra las políticas y programas de gobierno cuyo objetivo es el desarrollo nacional” (50). Estos últimos son “anti-ruandeses” y excluidos de la nación, tanto física como discursivamente (51). El refugiado “ideal” es presentado como un ciudadano responsable que regresa voluntariamente para ayudar a reconstruir la nación ruandesa, mientras que el refugiado “anti-ruandés” es el que se queda en el exterior para provecho propio, es genocida que teme la persecución judicial o es “un duro” que difunde “desinformación a fin de empañar la imagen de Ruanda (52). Puesto que no forman parte de la comunidad nacional, éstos no tienen derecho a la compasión y es legítimo eliminarlos si constituyen una amenaza.

1 En el origen de este acontecimiento se encuentra el joven artista hutu Edouard Bamporiki que había pedido públicamente perdón por el genocidio cometido por su etnia. Este gesto personal había sido animado por personalidades políticas, concretamente por medio de la creación de “Art For Peace”, una ONG creada por Bamporiki y apoyada política y financieramente por el poder (KABALISA, P. et al., “Le programme ‘Ndi Umunyarwanda’ : une opportunité d’expression vraie pour les Rwandais”, Pax Christi Wallonie-Bruxelles, mars 2014, p. 3).

52 Idem. P. 25

Amberes, mayo de 2014

* Este texto de Filip Reyntjens, profesor de la Universidad de Amberes, forma parte del volumen « L’AFRIQUE DES GRANDS LACS, Annuaire 2013-2014, Éditions L’Harmattan ». Obra colectiva de la que el autor es uno de los coordinadores.

[Traducción, Ramón Arozarena, agosto de 2014]