INTRODUCCIÓN
El año 2015 ha sido el más agitado desde el fin de la guerra civil. A lo largo del año y durante el primer trimestre de 2016, Burundi ha vivido una crisis multidimensional que ha afectado profundamente a las instituciones del Estado, al contrato social entre el Estado y sus ciudadanos, así como al bienestar de estos últimos. Esta crónica adopta una estructura algo diferente a la de ediciones anteriores. El análisis de los principales desarrollos durante el periodo estudiado es presentado en función de las diferentes dimensiones de la crisis. Ésta era – y en algunos aspectos sigue siendo – a la vez electoral, institucional, de seguridad, humanitaria, socio-económica [1] y una crisis de las relaciones internacionales de Burundi. Cada capítulo aborda una de estas dimensiones – que a vez se entremezclan o recortan – de la crisis. Antes de abordar estos diferentes aspectos, conviene señalar que la crisis no ha derivado (al menos por ahora) en un derrumbe del Estado.
El periodo estudiado ha dado lugar a protestas generalizadas, lo cual simboliza un meta-combate que ha caracterizado a la crisis: el generado en torno a la verdad de los acontecimientos, de sus causas, de las responsabilidades y de las vías de salida. En un contexto en el que la verdad se fundamenta raramente en el establecimiento de los hechos a través de un proceso suficientemente legítimo, ella se construye sobre la base de un combate en el ámbito de las percepciones y del framing de los acontecimientos. En consecuencia, la verdad se ha convertido en una baza importante de la crisis. Es muestra de ello la inversión de energía y de tiempo de los diferentes actores – algunos de ellos dotados de una gran capacidad de comunicación y otros apoyados en la intimidación – en la construcción y propagación de ‘su’ verdad a través de los medios sociales nacionales e internacionales. Por parte del gobierno y de los diferentes actores de la oposición, se han emitido múltiples verdades a lo largo de la crisis; por otra parte, algunos actores han dado pruebas de un oportunismo y “flexibilidad” notables [2] en este campo de batalla constituido por una verdadera “guerra de comunicados [3]. Frente a este combate, esta crónica no tiene la ambición de aportar la ‘verdadera verdad’ de la crisis burundesa; intenta, en la medida de lo posible, presentar los diferentes puntos de vista e interpretaciones opuestas.
Antes de hacer un recorrido por las diferentes dimensiones de la crisis, conviene señalar que en mayo de 2016, se celebró una segunda vuelta de diálogo político en Arusha, cinco meses después de un primer encuentro convocado por el mediador de la Comunidad del Este-africano (CEA), el presidente ugandés Museveni en Kampala. Esta segunda vuelta, bajo la presidencia del antiguo presidente tanzano Mkapa, facilitador designado por la CEA para apoyar al mediador, no ha derivado en un resultado, sino más bien ha confirmado el desacuerdo relativo a los participantes y a la agenda del diálogo.
CRISIS ELECTORAL
Inmediatamente después de las elecciones generales de 2010 [4], el gobierno y el partido CNDD-FDD (Consejo nacional para la defensa de la democracia-Fuerzas para la defensa de la democracia) invitaron a la oposición a preparar las elecciones de 2015. Cinco años más tarde, el antiguo ministro de Asuntos exteriores, Laurent Kavakure, constató que una oposición radical jamás quiso otra cosa sino “la recuperación del poder en favor de las instituciones de transición y fuera de cualquier competición electoral, tal era su temor ante la popularidad y el carisma del presidente saliente”[5]. Este análisis difería del realizado por el secretario general de la ONU que declaró que: “Hasta el mes de marzo de 2015, la evolución de la situación política permitía esperar que las elecciones generales podrían celebrarse en un clima apaciguado. Los actores políticos proseguían su diálogo, se había adoptado un marco jurídico y político por consenso cara a las elecciones y la violencia política se atenuaba” [6]. Y seguía en lo concerniente al nombramiento del Presidente Nkurunziza como candidato del partido CNDD-FDD a las elecciones presidenciales: “La cuestión de su tercer mandato ha sembrado la discordia, poniendo en peligro la unidad del país [7]. En esta crónica no vamos a volver sobre este desencadenante [8] de la crisis. El nombramiento – contestado tanto en el interior del partido presidencial como en la calle – del presidente Nkurunziza fue objeto de análisis en el Anuario anterior. La crisis política burundesa va mucho más allá que una crisis por el tercer mandato. El caso es que, incluso después de la reelección del Presidente Nkurunziza y su juramento el 20 de agosto de 2015, la cuestión del mandato presidencial sigue siendo el mayor obstáculo en la resolución de la crisis por la vía del diálogo. En primer lugar, algunos actores políticos de la oposición consideran que se trata de un presidente y de un gobierno ‘de facto’. En segundo lugar, aunque el presidente nuevamente elegido ha declarado que su tercer mandato será igualmente el último, muchos observadores no están convencidos de ello. Las reuniones provinciales de la Comisión nacional para el diálogo inter-burundés – notablemente convergentes en sus recomendaciones – han alimentado sospechas de una próxima eventual revisión de la Constitución, incluyendo en ella lo relativo a la limitación del número de mandatos presidenciales.
A petición de varios actores nacionales e internacionales [9], las elecciones generales fueron aplazadas, sin dar lugar sin embargo a que la duración del mandato de las diferentes instituciones elegidas en 2010 se sobrepase. En vísperas del proceso electoral, ante la constatación de que la situación no era propicia para la celebración de unas elecciones libres, regulares y creíbles, varios partidos y organizaciones políticas informaron al presidente de la Comisión electoral nacional independiente (CENI) que boicoteaban las elecciones, mientras algunos de entre ellos – concretamente Charles Nditije (ala UPRONA no reconocida) y Agathon Rwasa (ala FNL no reconocida) – ya habían introducido sus listas de candidatos [10]. Varias misiones de observación electoral (entre otras la de la UE [11] y de varias ONG internacionales como AWEPA) se retiraron. Otras misiones observaron todo el proceso electoral, elecciones municipales y legislativas del 29 de junio de 2015 y senatoriales del 24 de julio, pasando por las elecciones presidenciales del 21 de julio. En su declaración preliminar tras las elecciones legislativas y municipales, la misión de observación electoral de las Naciones Unidas (MENUB) “concluyó que el entorno no era propicio para la celebración de elecciones libres, creíbles e inclusivas. La MENUB señala que preocupaciones idénticas han sido expresadas claramente por la Unión Africana (UA), La Comunidad de Estados de África del Este (CEA) y la Conferencia internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL)”[12].
Sin sorpresa alguna, las elecciones dieron lugar a una victoria del partido CNDD-FDD. En las elecciones municipales, el CNDD-FDD obtuvo el 69,28%, seguido por la coalición Abigenga Mizero (compuesta por dos alas no reconocidas de UPRONA, presidida por Nditije y del FNL, presidida por Rwasa) con el 17,38% [13], a pesar de que en el último momento se retiraron [14]. En la Asamblea nacional, después de un proceso de cooptación, el CNDD-FDD obtuvo 86 escaños de 121, seguido por la coalición Abigenga Mizero con 30 [15]. En la elección presidencial, Pierre Nkurunziza obtuvo 69,40% de los sufragios, seguido por Agathon Rwasa con el 18,98%. En el Senado, el CNDD-FDD obtuvo 33 escaños de 36 (sin contar los senadores twa cooptados y los antiguos Jefes de Estado).
CRISIS INSTITUCIONAL
La crisis política más grave desde las primeras elecciones post-conflicto no ha producido un vacío institucional. El parlamento y el senado eligieron sus respectivas mesas y se han ido reuniendo en sesiones habituales. El gobierno puesto en pie por el presidente Nkurunziza es multiétnico y respeta las cuotas de género, conforme a lo establecido en la Constitución. Tal y como requiere el artículo 124, los dos vicepresidentes, Gaston Sindimwo y Joseph Butore, pertenecen a grupos étnicos y a partidos políticos diferentes [16]. A parte del hecho de que Sindimwo pertenece a un partido, el UPRONA, que no forma parte del gobierno, se ha planteado otro problema en la composición del gobierno de coalición. Este problema está directamente ligado a la fragmentación de los partidos políticos que se ha acelerado de nuevo como consecuencia de la crisis electoral. Cinco ministros del gobierno pertenecen a la franja no reconocida del FNL, presidida por Agathon Rwasa, él mismo vicepresidente de la asamblea nacional. Sin embargo, el artículo 129 de la Constitución establece que los miembros del gobierno provienen “de los partidos políticos que hubieran reunido más de una veintena de votos y que lo desearan”. En lugar de reconocer el ala de Rwasa como ‘verdadero’ partido FNL, el gobierno hizo un llamamiento al Tribunal constitucional que, el 17 de agosto de 2015, dictó una resolución políticamente favorable al gobierno estableciendo que las palabras “partidos políticos” no debían ser interpretadas en un sentido estricto y que el gobierno está abierto a todas las “fuerzas políticas” presentes en la asamblea con al menos una veintena de votos” [17].
Los problemas de la afiliación política de Sindimwo y Rwasa ilustran un problema (preexistente [18]) cuya amplitud se ha hecho todavía más importante: la fragmentación de los partidos políticos. Comparado con el paisaje político más o menos bipolar en las elecciones de 1993 y en el momento de la firma del Acuerdo de Arusha en agosto de 2000 (en torno a FRODEBU y a UPRONA), el número de partidos políticos, de tendencias en el interior de cada uno de ellos, de actores políticos no reconocidos y de coaliciones ad hoc, ha dado lugar a un paisaje político muy fragmentado. Frecuentemente, un proceso electoral lleva consigo una reconfiguración del paisaje político y una reducción del número de partidos; sin embargo no ha sido el caso en Burundi. El anuncio de un diálogo (a ves llamado ‘conversaciones’ o ‘negociaciones’) sin duda tiene a aumentar más el número de organizaciones políticas deseosas de obtener un sitio en torno a la mesa, como la historia reciente de Burundi lo ha demostrado.
En lo que concierne al CNDD-FDD, está dividido en adelante en tres alas: CNDD-FDD presidido por Pascal Nyabenda, presidente al mismo tiempo de la asamblea nacional; el CNDD-FDD llamado ‘prendado del respeto a la ley (ala de Radjabu/Nzobonimpa); los contestatarios opuestos al tercer mandato del presidente Nkurunziza reunidos en su mayoría en el partido PPD Girijambo creado en febrero de 2016 por Léonidas Hatungimana, antiguo portavoz del presidente Nkurunziza. El FNL está dividido en al menos cuatro alas: el FNL presidido por Jacques Bigirimana, reconocido oficialmente pero que no está representado ni en el parlamento ni en el gobierno [19]; el FNL llamado ‘independiente’ presidido por Agathon Rwasa, no reconocido pero presente en el gobierno; el FNL Iragi rya Gahutu presidido por Pasteur Habimana, antiguo portavoz de Rwasa y, por fin, el FNL del coronel Aloys Nzabampena, movimiento armado con base en el este de la RDC. Último ejemplo en esta lista no exhaustiva – sin olvidar el UPRONA que sigue dividido en dos alas – es el FRODEBU, dividido en tres partes. Se trata, en primer lugar, del FRODEBU acreditado presidido por Léonce Ngendakumana, que está ausente de las instituciones elegidas. Está luego el FRODEBU Nyakuri, creado en 2008 con el apoyo activo del CNDD-FDD y presidido por Jean Minani. Este último, opuesto al tercer mandato, ha sido elegido presidente del movimiento de coalición CNARED (Consejo nacional en favor del respeto del Acuerdoi de Arusha para la paz y la reconciliación en Burundi y la restauración del Estado de derecho, puesto en pie en julio de 2015 [20]), antes de ser destituido a la cabeza del FRODEBU Nyakuri por Kela Nibizi en mayo de 2016 [21]. Entre otros motivos, a causa de esta fragmentación del paisaje político, cualquier tentativa de diálogo político es a priori complicada, aunque solo fuera por la dificultad en fijar quienes deben participar. Queda al menos claro que el diálogo político para poner término a la crisis no puede tener lugar en el marco de las instituciones ‘habituales’ previstas en la Constitución. Mientras el gobierno se dice dispuesto a dialogar con la sedicente oposición que, según el gobierno “ocupa más del 90% de espacio político opositor en Burundi” [22], rechaza cualquier diálogo con la oposición radical, reunida en parte en el CNADER, que “teledirige los ataques violentos contra las instituciones y contra los apacibles ciudadanos a partir de su país de acogida en el extranjero [23]”.
Otras instituciones han perdido igualmente gran parte de su legitimidad durante la crisis. Conviene señalar concretamente a la CENI y al Tribunal constitucional. Estas dos instituciones han tenido que hacer frente a defecciones por parte de ‘disidentes’ internos que han tomado el camino del exilio y se ve difícilmente cómo, en su composición actual, pueden formar parte de un compromiso negociado. La oficina del Defensor del pueblo ha estado muy inactiva a causa de la prolongada ausencia – oficialmente por motivos de salud, pero, según una opinión ampliamente compartida, por razones políticas inconfesables, del Ombudsman Mohamed Rukara [24]. Además, y es todavía más importante, se plantea el problema de la incertidumbre en lo relativo al marco institucional futuro. Concretamente, ¿cuál va a ser el futuro del Acuerdo de Arusha firmado en 2000 y de la Constitución del 18 de marzo de 2005, basada en gran parte en dicho Acuerdo? Varios actores y observadores burundeses e internacionales estiman que el mantenimiento de lo logrado gracias al Acuerdo constituye una de las bazas – entre otras cosas – más importantes de la crisis- Con ocasión de decimoquinto aniversario de la firma del Acuerdo, el Secretario general de las Naciones Unidas declaró que “nunca el espíritu del Acuerdo de Arusha habrá sido tan puesto en cuestión como en los cinco últimos meses” [25]. En su resolución del 12 de noviembre de 2015, el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas subrayó que la crisis “corre el peligro de poner en cuestión gravemente los notables progresos realizados gracias al Acuerdo” y “que es de la máxima importancia respetar la letra y el espíritu” del Acuerdo de Arusha “que ha permitido a Burundi conocer una década de paz” [25]. Esta adhesión a la letra y espíritu del Acuerdo de Arusha [26] es compartido por numerosos actores internacionales. Estos últimos no son sin embargo claros en sus declaraciones sobre las consecuencias de esta postura con relación al tercer mandato del Presidente Nkurunziza, del que la corte constitucional ha afirmado claramente que es contrario al Acuerdo (a la vez que añade que la Constitución ha retomado mal el Acuerdo en este punto) [28]. Mientras tanto, otras voces se pronuncian a favor de una revisión de la Constitución. Con ocasión de los encuentros provinciales de la Comisión nacional para el diálogo interburundés [29], numerosos intervinientes pidieron que para reforzar la democracia en Burundi el pueblo debía ser libre de elegir al jefe de Estado sin restricción alguna relativa al número de mandatos presidenciales. Esta reforma debería formar parte de una revisión de la Constitución que podría también afectar a algunas disposiciones basadas en el Acuerdo de Arusha [30]. Ligado probablemente a las peticiones formuladas en las reuniones de la CNDI, la oficina encargada de la comunicación en la presidencia ha anunciado que el diálogo inter-burundés concluirá en “un pacto sobre la democracia, un instrumento que vendrá a añadirse a la Carta de la Unidad nacional adoptada en referéndum el 5 de febrero de 1991, al Acuerdo de Arusha de 2000 y al Acuerdo global de alto el fuego de 2003” [31]. Este anuncio, confirmado por medio de entrevistas en varias embajadas en Bujumbura para comprobar la opinión internacional con relación a una eventual revisión de la Constitución, no es de naturaleza a tranquilizar a los diferentes protagonistas.
Igualmente, se ha manifestado una crisis institucional que afecta a uno de los pilares principales del poder compartido burundés [32], en el seno de las fuerzas de defensa y de seguridad. Volveremos más adelante sobre los atentados contra varios altos responsables del ejército, a veces ex-FDD, a veces ex-FAB (Fuerzas armadas burundesas, ejército nacional antes y durante la guerra civil, mayoritariamente tutsi sobre todo en los escalafones superiores). Según el ministro de defensa, estos atentados “no tienen otro objetivo que el de destruir la cohesión en el seno de la FDN, resultado de una integración lograda desde 2005” [33]. Si bien la amplitud de la división interna es difícil de evaluar, es claro que numerosos disidentes (tanto e -FAB como ex-FDD) han desertado o permanecen activos en el seno del ejército, pero son sospechosos de colaborar con el enemigo, lo cual, según algunos observadores, explica un importante número de traslados de militares y policías (sobre todo ex-FAB) de Bujumbura al interior del país. Los efectos positivos de la participación de la FDN en operaciones de mantenimiento de la paz, concretamente en Somalia (operación AMISOM), en el plano de la socialización interétnica de los miembros de las dos antiguas fuerzas enemigas [34], están cada vez más en peligro a causa de la crisis [35].
CRISIS DE SEGURIDAD
Como consecuencia de la crisis electoral, varios movimientos rebeldes han anunciado una lucha armada contra el gobierno burundés [36]. RED-TABARA (Resistencia en favor de un Estado de derecho), movimiento armado “viejo de más de cuatro años”, se ha manifestado a través de comunicados a partir de enero de 2016. A menudo es considerado como “ligado al MSD” [37], a pesar del desmentido del presidente de este partido, Alexis Sinduhije, y apoyado sobre todo por jóvenes de la capital. Algunos comunicados muestran cierta rivalidad entre el RED-TABARA y el FOREBU (Fuerzas republicanas de Burundi) [38]. Este último, cuya creación se anunció a finales de 2015 por el teniente-coronel Edouard Nshimirimana, que había desertado del ejército en septiembre, es asociado generalmente al general Godefroid Niyombare, que huyó del país tras el fracaso del golpe de Estado del 13 de mayo de 2015. Hay que añadir igualmente el Movimiento de la Resistencia Popular (MPR-Abarundi) y, desde febrero de 2016, la Unión de Patriotas por la Revolución (UPR). Ninguno de estos movimientos ha podido demostrar una capacidad militar negativa suficientemente importante como para ser tomados en serio por la mediación internacional.
No es fácil calificar el conflicto actual al que Burundi hace frente. No se trata de una guerra civil, ni – a pesar de los anuncios hechos por los movimientos citados anteriormente – de un verdadero conflicto armado interno caracterizado por confrontaciones entre movimientos rebeldes y fuerzas del orden regulares. A finales de mayo de 2016, se trata más bien de una guerrilla urbana “de baja intensidad, pero con un potencial de crecimiento nada despreciable” [39]. Hay una cuestión importante y muy controvertida en los debates en las redes sociales y en las conferencias con relación a la crisis: ¿está en vías de preparación un genocidio contra la minoría tutsi? En enero de 2016, el movimiento MORENA (Movimiento republicano por el renacimiento de la nación, creado en diciembre de 2015 por el antiguo decano del colegio de abogados Isidore Rufyikiri) consideraba que el genocidio estaba ya en marcha [40]. International Crisis Group constata un sentimiento de miedo y victimización creciente en el seno de la comunidad étnica tutsi: “Al mismo tiempo que reconocen el carácter pluriétnico de la oposición, algunos tutsi subrayan la diferencia de trato por parte de la fuerzas de seguridad y su prejuicio étnico [41]”.
Si bien la violencia es sin duda alguna en gran parte de inspiración política, no hay que excluir que en un contexto de ataques, a menudo no reivindicados, una parte de la violencia es debida a actividades esencialmente criminales y a arreglos de cuentas no-políticos. Ello constituye, por otra parte, el argumento habitualmente presentado por las autoridades para explicar que el restablecimiento del orden y el retorno a la normalidad anunciados en repetidas ocasiones no se hayan consolidado todavía [42].
Nos llevaría muy lejos tratar de hacer un inventario exhaustivo de los numerosos atentados y asesinatos selectivos contra personalidades políticas y militares. No obstante, una breve mirada sobre ello ofrece una idea del perfil diversificado de los objetivos seleccionados por la violencia. Tanto desde el lado de la oposición como del lado de las autoridades, se observa un plan de eliminación sistemática llamado ‘kamwe kamwe” (uno a uno). La visión macabra consiguiente permite creer, al menos, en una combinación de violencia planificada y de violencia de revancha también seleccionada. El 2 de agosto de 2015, el antiguo jefe del Servicio nacional de información, tenor del régimen de Nkurunziza y uno de los fundadores del movimiento armado CNDD-FDD, general Adolphe Nshimirimana, fue asesinado en Bujumbura. El 3 de agosto, Pierre-Claver Mbonimpa, célebre defensor de los derechos humanos, fue herido gravemente por balas; como para matarlo varias veces, perderá a su yerno en octubre y a un hijo en noviembre. Dos semanas más tarde, el 15 de agosto de 2015, el coronel retirado y antiguo jefe de Estado-mayor, general Jean Bikomagu (tutsi ex-FAB) fue asesinado. El 8 de septiembre de 2015, Patrice Gahungu, portavoz del partido UPD ( Unión por la paz y la democracia) fue asesinado. El 11 de septiembre de 2015, el general Prime Niyongabo (hutu ex-FDD), jefe de Estado-mayor del ejército, escapó a un atentado en Bujumbura. El 27 de noviembre, Zénon Ndaruvukanye, dipurado del CNDD-FDD y antiguo gobernador de la provincia de Bujumbura rural, escapó igualmente a un atentado. El 29 de noviembre, el mayor Salvator Katihabwa es asesinado en un bar que pertenecía al marido de la primera vicepresidenta del Senado, Spès-Caritas Njebarikanuye (CNDD-FDD). Según la web Ikiribo, cercana al gobierno, a finales de 2015, se desmontó en el último minuto una tentativa de asesinato del general Alain Guillaume Bunyoni, otro tener del régimen Nkurunziza [43]. El 22 de marzo, el teniente-coronel Darius Ikurakure (hutu exFDD) fue asesinado en el recinto del estado-mayor general. El mismo día, al atardecer, le mayor Didier Muhimpundu (tutsi exFAB) fue asesinado. El 20 de abril de 2016, el coronel Emmanuel Buzubona (hutu exFDD9 y su conductor fueron asesinados. El 24, el ministro Martin Nivyabandi (tutsi, CNDD-FDD) y su esposa escaparon a un atentado. Al día siguiente, el general de brigada Athanase Kararuza (tutsi exFAB) fue asesinado. El 25 de mayo, el coronel Lucien Rufyiri (tutsi exFAB) fue asesinado. La lista está lejos de ser exhaustiva. Todos estos crímenes han tenido lugar en Bujumbura. Otros atentados y asesinatos, más esporádicos, han tenido lugar igualmente en las provincias, en el interior del país. Si bien el gobierno ha negado generalmente el impacto sobre la seguridad de la crisis, fuera de algunos barrios contestatarios, algunas declaraciones demuestran claramente la dificultad que tiene en garantizar la seguridad en todo el territorio [44].
CRISIS HUMANITARIA
A esta lista de personalidades víctimas de la violencia se añaden centenares de víctimas ‘desconocidas’. El número de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones [45], de asesinatos como consecuencia de ataques con granadas, de detenciones arbitrarias, de torturas, ha sido muy elevado a lo largo de la crisis. Nos llevaría demasiado lejos tratar de presentar un inventario de todo ello. El lector encontrará más información en los informes publicados por organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales de derechos humanos [46]. El 11 de diciembre de 2015, tres campos militares fueron atacados por individuos armados. Los enfrentamientos habrían causado al menos 87 muertos, entre los asaltantes y en las fuerzas del orden [47]. Hay que añadir a este balance un número de desaparecidos como consecuencia de las detenciones efectuadas el día siguiente, 12 de diciembre, sobre todo en los barrios ‘contestatarios’ de Bujumbura, apuntando sobre todo a jóvenes supuestamente aliados con los insurgentes. Se trataba de uno de los acontecimientos más graves desde la puesta en pie del nuevo gobierno, que tuvo un impacto importante en las reacciones diplomáticas y en el ámbito de la Unión africana (ver infra).
El número de refugiados no ha cesado de aumentar. Según las cifras del Alto Comisariado para los refugiados de la ONU, a finales de junio de 2015, cerca de 143.000 burundeses habían huido desde finales de abril. En enero de 2016, el número había alcanzado la cifra de 241.000. A principios de junio de 2016, 265.000 burundeses había abandonado el país, principalmente hacia Tanzania (139.000), Ruanda (78.000), Uganda (24.000) y la RDC (22.000) [48]. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos humanitarios de la ONU, hay que añadir en torno a 100.000 desplazados en el interior del país [49].
En el contexto de crisis que atraviesa Burundi, las investigaciones sobre el terreno por parte de los actores locales no-gubernamentales se han hecho cada vez más difíciles de llevar a cabo. Publicar los resultados de ellas se ha convertido en más arriesgado todavía. Muchas violaciones – que se cometen en un contexto de discursos del odio cada vez más extendidos en todo el territorio [50] – permanecen, en consecuencia, desconocidas. Por parte oficial, cada incidente de importancia va seguido por el anuncio de una investigación judicial, cuyos resultados generalmente son inexistentes o desconocidos o muy contestados. A nivel internacional, las violaciones de derechos humanos en Burundi han sido objeto de especial atención – el impacto sobre el terreno es, sin embargo, incierto. La Unión africana (UA) ha enviado unos treinta observadores de derechos humanos, cuyos términos de referencia y modus operandi han sido objeto de debates entre la UA y el gobierno. Una misión para el establecimiento de los hechos de la Comisión africana de derechos humanos y de los pueblos visitó Burundi en diciembre [51]. En las Naciones Unidas, el Consejo de derechos humanos se reunió en sesión extraordinaria consagrada a Burundi. En una resolución adoptada el 17 de diciembre de 2015, el Consejo decidió enviar una misión de expertos independientes para que hicieran un informe [52]. Un año después de la designación del candidato del CNDD-FDD a las elecciones presidenciales, el 25 de abril de 2016, la oficina del fiscal de la Corte penal internacional ha anunciado la apertura de un examen preliminar en lo relativo a la situación que prevalece en Burundi desde abril 2015 [53]
CRISIS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
En su “Crónica de una crisis anunciada”, Willy Nindorera, evocó un ballet diplomático sin precedentes; numerosas personalidades de alto nivel, provenientes de numerosos países y organizaciones desfilaron por Burund [54]. Desde entonces, Burundi ha seguido siendo objeto de una intensa actividad diplomática en un contexto caracterizado, en parte, por una crisis de relaciones internacionales con sus socios ‘tradicionales’ y por acercamientos entre Burundi y algunos nuevos socios bilaterales (africanos y otros). Según una visión pro-gubernamental de la crisis que atraviesa Burundi, ésta no es debida al problema del tercer mandato, sino más bien a “un complot occidental” [55], apoyado por Ruanda, que tiene como objetivo sustituir el régimen en Burundi, como sucedió en Libia e Irak [56]. Hacemos un breve recorrido de las relaciones entre Burundi, la Unión africana, Ruanda, la Unión europea y Bélgica. Señalemos antes que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por segunda vez en un año, visitó Burundi en enero de 2016 y que este Consejo adoptó dos resoluciones en noviembre de 2015 y en abril de 2016. Mientras que en el plano diplomático ello es prueba de inquietud por parte de la comunidad internacional, el gobierno ha puesto de relieve las dos resoluciones para justificar su rechazo del diálogo con interlocutores que hace uso de la violencia [57].
Unos días después de los violentos acontecimientos del 11 y 12 de diciembre de 2015, el Consejo de paz y seguridad (CPS) de la Unión africana (en una reunión de los embajadores de los Estados miembros) adoptaron una decisión histórica sobre la situación en Burundi. Con el fin de prevenir un deterior de la situación de seguridad y para contribuir a la protección de la población civil, el CPS decidió autorizar el despliegue de una misión africana de prevención y protección en Burundi (MAPROBU). La MAPROBU tendría un efectivo inicial que podría alcanzar hasta 5.000 personas con personal militar y policial [58]. Esta decisión es histórica ya que, por primera vez, se había decidido que en caso de no-aceptación del despliegue de la MAPROBU por parte del gobierno burundés, la PSC recomendaba a la conferencia de jefes de Estado de la UA que impusiera el envío de una presencia militar africana sobre la base del artículo 4(h) (“responsabilidad para proteger”) del Acta constitutiva de la UA. El 21 de diciembre, el parlamento burundés – asamblea general y senado reunidos en congreso – se reunió para debatir sobre la cuestión y para rechazar el envío de tropas extranjeras a Burundi. En su carta del 23 de diciembre, el ministro de Asuntos exteriores informó a la UA que “el gobierno de la República de Burundi considera injusto, inconstitucional e inapropiado el despliegue de la MAPROBU y no accede a la decisión del Consejo de Paz y Seguridad” y que “si el Consejo de Paz y Seguridad debía enviar una misión de prevención y protección, es en Ruanda, origen de la amenaza, en donde debería desplegarla” [59]. Con ocasión de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UA celebrada el 30 y 31 de enero de 2016, la decisión del CPS (que, a la vista de la no-aceptación por el gobierno, se había convertido solo en una recomendación a la cumbre) no fue ratificada [60].
Como ya se ha indicado antes, el gobierno percibe a Ruanda como el verdadero origen de la crisis de Burundi. Las malas relaciones diplomáticas entre los dos países constituyen un factor de riesgo para la paz en el ámbito regional y un enorme desafío para el funcionamiento de la Comunidad del Este Africano [61]. En Mayo de 2016, la oficina encargada de la comunicación en la presidencia publicó un memorándum de lo que es percibido como actos de agresión. Bastante paradójicamente, el memorándum acusa a Ruanda de querer poner fin al “modelo consensuado burundés surgido de los Acuerdos de Arusha firmados en 2000 y del Acuerdo de Alto el fuego global de 2003 que han definido la hoja de ruta en el reparto del poder entre los componentes étnicos [62]”, lo que corresponde al reproche principal formulado por la oposición burundesa contra el gobierno burundés (ver supra). Ruandeses considerados como espías del régimen de Kigali han sido detenidos y/o expulsados. Cuatro meses después de su detención, el antiguo ministro ruandés Jacques Bihozagara (FPR), murió en la cárcel de Mpimba, el 30 de marzo de 2016, lo que ha sido considerado por Ruanda como una de las múltiples provocaciones [63]. Burundi, con el apoyo de pruebas, acusa a Ruanda no solo de acoger a una gran parte de la diáspora (periodistas, opositores políticos, militares desertores, etc.) sino sobre todo de apoyar activamente a los nuevos movimientos rebeldes, ofreciendo entrenamiento y armas a los refugiados burundeses[64]. Burundi ha alertado al mecanismo conjunto de verificación ampliado de la Conferencia internacional sobre la región de los grandes lagos (CIRGL) para que se lleven a cabo investigaciones sobre la implicación ruandesa en la desestabilización de Burundi [65].
La cooperación para el desarrollo entre Burundi – y los otros países ACP – y la Unión europea (UE) está reglamentada por el Acuerdo de Cotonou. En octubre de 2014 y mayo de 2015, tuvieron lugar en Bujumbura varias sesiones se diálogo intenso. Después de la elecciones – que la UE no observó como consecuencia de la retirada definitiva de su misión de observación (ver supra) – la UE constató que los elementos esenciales incluidos en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonou no eran respetados por Burundi. Ello dio lugar a la apertura de consultas que tuvieron lugar en Bruselas el 8 de diciembre de 2015. Tres meses más tarde, la UE anunció “medidas apropiadas” conforme al artículo 96 del Acuerdo. Para poder normalizar la cooperación, se esperan compromisos en cuatro dominios. Para cada compromiso se identificaron indicadores. Se trata (i) de un acuerdo político sobre un plan de salida de la crisis, siendo el identificador “la celebración de un diálogo político inclusivo que reúna a todos los componentes de la vida política según las modalidades enunciadas por la mediación internacional y en el respeto de la decisión presente, que desemboque en un plan de salida de la crisis o en una solución consensuada y pacífica a la crisis, en el respeto a los Acuerdos de Arusha, con el objetivo de retornar al Estado de derecho y a una gobernanza inclusiva [66], (ii) de medidas de apaciguamiento i apertura del espacio político (incluyendo la libertad de ejercicio de la profesión de periodista con plena garantía), (iii) de medidas ligadas a ciertos dossiers judiciales, y (iv) de la puesta en práctica del plan de salida de la crisis. El gobierno tomó nota de la decisión, que, según él, corría el peligro de animar a los terroristas, los cuales podían interpretarla como una recompensa a su empresa criminal [67].
Fuera de estas medidas apropiadas previstas en el Acuerdo de Cotonou, el 1 de octubre, la UE ya había adoptado sanciones (restricciones en materia de desplazamiento y congelación de haberes) contra cuatro burundeses cuyas acciones comprometían la democracia y obstaculizaban la búsqueda de una solución política. Se trataba de Godefroid Bizimana, director general adjunto de la policía nacional, Gervais Ndirakobuga, alias Ndakugarika, jefe de la oficina de administración presidencial encargado de las cuestiones ligadas a la policía nacional, Mathias Joseph Niyonzima, alias Kazungu, agente del Servicio nacional de información y, por parte de la oposición, Léonard Ngendakumana, responsable de actos de violencia, concretamente de ataques con granadas [68].
Las relaciones diplomáticas entre Burundi y Bélgica se han deteriorado mucho en el transcurso del año 2015. El 3 de octubre, Bélgica decidió detener definitivamente la cooperación policial con Burundi, a la espera del resultado de las consultas bajo el Acuerdo de Cotonou y la Unión europea para suspender varios programas de cooperación gestionados por personas próximas a las autoridades burundesas “o que podrían fácilmente ser objeto de recuperación política”, a la vez que anunciaba un nuevo programa en favor de los derechos humanos, del buen gobierno y de los medios libres [69]. La reacción por parte del gobierno no se hizo esperar. Por medio de una nota verbal del 8 de octubre, Burundi invitó a Bélgica a que accediera a sustituir al embajador Marc Gedopt como consecuencia de la degradación de la confianza que Burundi había depositado en él. Dos días más tarde, se organizó ante la embajada belga una gran manifestación anti-belga en Bujumbura. De nuevo, dos días más tarde, Burundi pidió a Bélgica la extradición de doce ciudadanos burundeses buscados por la justicia en el marco del dossier ligado a la tentativa de golpe de Estado del 13 de marzo de 2015. Posteriormente, varios comunicados del CNDD-FDD acusaron a Bélgica y “a ciertos medios políticos colonialistas belgas” de injerencia en los asuntos internos del país y de neocolonialismo e invitaron a Bélgica a “comparecer ante el pueblo burundés para pedirle perdón e indemnizarlo” [70]. Según el CNDD-FDD, Bélgica quería sustraerse de la Comisión Verdad y Reconciliación, cuando “Bélgica no puede esconderse indefinidamente detrás de las atrocidades cometidas en Burundi desde la colonización, apoyándose siempre en los burundeses que han vendido su corazón para desestabilizar su país natal [71]”.
CONCLUSIÓN
El periodo cubierto por esta crónica es uno de los más accidentados de la historia post-colonial de Burundi. La crisis – que es objeto de dos lecturas diametralmente opuestas en cuanto a sus causas, sus dinámicas y su impacto – tiene importantes consecuencias en los ámbitos que hemos recorrido brevemente. Cabe temer que Burundi no pueda rehacerse rápidamente. Si bien algunos actores políticos – de la antigua y nueva oposición – siguen rechazando ‘el hecho consumado’ del tercer mandato, que, a ojos del gobierno, es innegociable, otros actores dirigen su mirada hacia el próximo maratón electoral que debería celebrarse normalmente en 2020. Será preciso un milagro para que éste se logre, esto es, organizar un proceso suficientemente inclusivo y cuyo resultado sea ampliamente aceptado. En el año 2000, Arusha (y la mediación de Mandela) produjo un milagro. A mediados de 2016, nada permite augurar que Arusha II (y la mediación de Museveni y Mkapa) pueda hacer lo mismo.
Amberes, junio de 2016
[Traducción, Ramón Arozarena]
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* Este texto forma parte de la obra “L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire de 2015-2016» (Ed. L’Harmattan). El autor es profesor de la Universidad de Amberes.
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Notas:
1.- Esta dimensión no es abordada en la presente Crónica política. En cuanto a las relaciones entre el Estado y los medios, remitimos al lector al capítulo de Marie Soleil Frère y Anke Fiedler en este mismo Anuario.
2.- Como ejemplo, conviene señalar el caso de Festus Ntanyungu. El 28 de marzo de 2015, tomó la palabra como portavoz de los descontentos, los opositores al tercermandato del presidente Nkurunziza en el seno de su partido (www.rfi.fr/emission/20150328-burundi-festus-ntanyungu-cndd-fdd-nkurunziza-pas-mandat-nom-paix, web visitada el 23 mayo 2015). Cierto tiempo después, tras haberse unido a las filas del gobierno y de la dirección del partido, proclamó otro tipo de verdad como secretario ejecutivo de la CNDI (Commisión nacional para el diálogo inter-burundés).
3.- VIRCOULON, T., «A l’intérieur de la crise burundaise (II) – quand Whatsapp remplace la radio», 13 mai 2016, http://blog.crisisgroup.org/africa/central-african-republic/2016/05/13/a-linterieur-de-la-crise-burundaise-ii-quand-whatsapp-remplace-la-radio/, web visitada el 13 de mayo de 2016.
4.- Ver sobre esta cuestión VANDEGINSTE, S., «Power-sharing as a fragile safety valve in times of electoral turmoil : the costs and benefits of Burundi’s 2010 elections», Journal of Modern African Studies, Vol. 49, N° 2, 2011, p. 315-335.
5.- KAVAKURE, L ., Burundi. La démocratie à l’épreuve. Août 2010 – août 2015, Bujumbura, Presses Lavigerie, 2015, p. 10.
6.- NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, Rapport du Secrétaire général sur la Mission électorale des Nations Unies au Burundi, S/2015/510, 7 julio 2015, párrafo 59.
7.- Ibidem, párrafo 60.
8.- Tal es el término utilizado igualmente por la Misión sobre el establecimiento de los hechos de la Comisión africana de derechos humanos y de los pueblos (UNION AFRICAINE, Rapport de la Délégation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur sa mission d’établissement des faits au Burundi. 7 au 13 décembre 2015, mayo 2016, p. 40).
9.- Ver entre otros, EAST AFRICAN COMMUNITY, Report of the Emergency Summit of the EAC Heads of State on the Situation in Burundi, 31 Mayo 2015, p.10.
10.- Carta del 23 de junio de 2015 (www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d’observation%20et%20analyses/opposition%20250615.pdf, web visitada el 23 mayo 2016)
11.- Comunicados de prensa del 28 de mayo de 2015 (suspensión del despliegue) y del 29 de junio de 2015 (retirada definitiva).
12.- MENUB, Déclaration préliminaire, Bujumbura, 2 julio 2015, p. 2. Cabe señalar no obstante que en una declaración conjunta del 30 de junio, los embajadores de Tanzania, Uganda, Kenia y Suráfrica felicitaron al gobierno, a la CENI y al pueblo burundés por el éxito de las elecciones municipales y lesgislativas(www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d’observation%20et%20analyses/African%20HOM%20Declaration%20300615.pdf, web visitada visité el 23 mayo 2015).
13.- REPUBLIQUE DU BURUNDI. CENI, Rapport général sur le processus électoral de 2015, Bujumbura, diciembre 2015, p. 91.
14.- Esta retirada no fue reconocida por la CENI.
15.- REPUBLIQUE DU BURUNDI. CENI, op. cit., p. 93. Le 17 mars 2016, la Cour Constitutionnelle a statué que huit députés de la coalition Abigenga Mizero étaient déchus de leur mandat de député, pour cause d’absences injustifiées à l’Assemblée nationale (COUR CONSTITUTIONNELLE, RCCB 325. Arrêt, 17 mars 2016).
16.- Sin embargo no es seguro que el nombramiento de Gaston Sindimwo como primer vicepresidente sea conforme al artículo 123, que exige que los vicepresidentes “sean designados de entre los elegidos”. Sindimwo no era candidato en las elecciones legislativas. En las municipales, habría sido candidato en el nuevo municipio de Mukaza /alcaldía de Bujumbura) por UPRONA, pero nos ha sido imposivblle a pesar de los esfuerzos, verificar su fue elegido. A nuestras preguntas al respecto, el portavoz de la CENI, Prosper Ntaorwamiye nos ha contestado que Wello no podçía ser de otro modo”, sin que nos diera los resultados de las elecciones en Mukaza (comunicación personal por mail del 25 de agosto de 2015), lo cual no hace sino reforzar la duda en cuanto a su elección. Si no fue elegido, el decreto de su nombramiento sería contrario a la Constitución.
17.- COUR CONSTITUTIONNELLE, RCCB 312. Arrêt, 17 août 2015, p. 7.
18.- Sobre este tema, ver NTIBANTUNGANYA, S., Décomposition, recomposition du paysage politique et transition politique inachevée, 25 janvier 2007 (www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Partis%20poltiques/Analyse_Sylvestre_Ntibantunganya_0107.pdf, web visitada el 24 mayo 2016).
19.- Hay que señalar no obstante que el presidente Bigirimana ha sido recompensado por su leal oposición al CNDD-FDD con su nombramiento como director general de l’Office du Thé por el decreto del 8 de septiembre de 2015. En el mismo sentido, otros opositores leales han sido recompensados. Por medio de otros dos decreto, en la misma fecha, Jean de Dieu Mutabazi fue nombrado director general de la autoridad reguladora del café y Concilie Nibigira nombrada diractora general de la mutua de la función pública.
20.- El CNARED sufre importantes divisiones internas. Algunas organizaciones de la sociedad civil que al principio formaban parte de la coalición la han abandonado, mientras que otros actores políticos de la oposición – en primer lugan el ala del CNDD-FDD diriigida por Hussein Radjabu – no se han adehrido nunca o bien han dimitido.
21.- Minani está acusado por su propio partido de haber participado activamente en el golpe de estado fallido del 13 de mayo (Déclaration des membres du parti Sahwanya Frodebu Nyakuri Iragi Rya Ndadaye dans la conférence de presse du 29 avril 2016, p. 1).
22.- REPRESENTATION PERMANENTE DU BURUNDI, Intervención del Embajador Albert Shingiro sobre la situación en Burundi New York, 14 diciembre 2015 (www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2673/files/Burundi%20DPP/conflit/gob/GOB141215.pdf, web visitada el 13 de mayo 2016).
23.- Ibidem.
24.- La Asamblea nacional estudió las posibilidades de poner fin al mandato del Defensor (ASSEMBLEE NATIONALE, Discours prononcé par le Président de l’Assemblée nationale à l’occasion de l’ouverture solennelle de la session parlementaire ordinaire de février 2016, 1er février 2016, p. 25).
25.- NATIONS UNIES, Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur le Burundi, New York, 28 agosto 2015.
26.- NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, Résolution 2248, S/RES/2248/2015, 12 noviembre 2015. Un llamamiento similar al respeto de la letra y espíritu del Acuerdo quedó integrado en la resolución 2279 del y de abril de 2016.
27.- Cabe señalar no obstante que en su mensaje de 26 de mayo de 2016, el portavoz del Secretario general subraya que un diálogo verdaderamente inclusivo debe basarse en «les principes» de l’Accord d’Arusha (ONU, Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur le Burundi, New York, 26 mayo 2016).
28.- COUR CONSTITUTIONNELLE, RCCB 303. Arrêt, 4 mai 2015, p. 4; VANDEGINSTE, S., «Droit et pouvoir au Burundi : un commentaire sur l’arrêt du 4 mai 2015 de la Cour constitutionnelle dans l’affaire RCCB 303», in : REYNTJENS, F. et al. (eds.), L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2014-2015, Anvers, University Press Antwerp, 2015, p. 39-62.
29.- La evaluación del Acuerdo de Arusha forma parte de la misiones de la CNDI, puesta en pie en septiembre de 2015 (Décret du 23 septembre 2015 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de dialogue interburundais, article 9) presidida por Monseñor Justin Nzoyisaba, representante legal de la Iglesia metodista unida.
30.- Señalar que desde comienzos de 2016, miembros del Secretariado de East African Community participan en las sesiones de la CNDI. En marzo de 2016, ha sido nombrado un nuevo secretario de EAC, Libérat Mfumukeko, burundés cercano al gobierno. Juega un rol muy activo en la mediación y facilitación regional dirigida por Y. Museveni (mediador) et B. Mkapa (facilitador). Ello podría constituir un anuncio de la convergencia de dos diálogos, concretamente una imposición de las demandas provenientes supuestamente de la base en el diálogo externo.
31.- BUREAU CHARGE DE LA COMMUNICATION A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, Mémorandum. Actes d’Agression du Rwanda contre le Burundi, Bujumbura, mayo 2016, p. 25 (lo que está en negrilla se ha retomado del original).
32.- Ver con relación a este tema, VANDEGINSTE, S., Arusha at 15: reflections on power-sharing, peace and transition in Burundi, IOB Discussion paper 2015.01, Anvers, febrero 2015.
33.- MINISTERE DE LA DEFENSE, Communiqué de presse du MNDAC, Bujumbura, 25 abril 2016.
34.- SAMII, C., «Perils or Promise of Ethnic Integration? Evidence from a Hard Case in Burundi», American Political Science Review, Vol. 107, N° 3, 2013, p. 558-573.
35.- Algunas organizaciones de la sociedad civil han exigido la retirada del ejército burundés de las operaciones de mantenimiento de la paz. Ver, entre otros, MOUVEMENT CITOYEN HALTE AU TROISIEME MANDAT, Mémorandum de la société civile burundaise adressé à l’Union Africaine, les Nations Unies, l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique concernant la participation des troupes burundaises à l’AMISOM, Bujumbura, 23 mayo 2016.
36.- Conviene recordar que entre las elecciones de 2010 y 2015, otros movimientos rebeldes (Fronabu-Tabara y F.R.D.-Abanyagihugu) ya habían anunciado una lucha armada. Ver sobre esta cuestión, KAVAKURE, L., op. cit., p. 48-72.
37.- INTERNATIONAL CRISIS GROUP, op. cit., p. 19. El Jefe de Estado-Mayor del RED-TABARA, Melchiade Biremba, es un antiguo miembro del partido MSD (Movimiento por la Solidaridad y el Desarrollo) (entrevista con Remi Carayol en Jeune Afrique, 23 febrero 2016).
38.- RED-TABARA, Communiqué de presse contre la superchérie du FOREBU, 6 febrero 2016.
39.- INTERNATIONAL CRISIS GROUP, op. cit., p. 24. Por ello, el future de la crisis de seguridad es muy incierto. Su solución negociada por medio del diálogo político no es imposible, pero es poco probable a corto plazo. El statu quo – y la inseguridad que genera – puede durar mucho más allá del proceso electoral que se supone tendrá lugar en 2020. No hay que excluir otro escenario, como ha quedado demostrado en el ataque a campos militares el 11 de diciembre de 2015 y la siguiente brutal represión, que sería un desencadenante étnicamente sensible – por ejemplo un atentado contra la vida del presidente Nkurunziza o un enfrentamiento con el ejército ruandés – ; lo cual correría el riesgo de intensificar la crisis de seguridad y pondría en llamas al país.
40.- MORENA, Communiqué de presse, 14 janvier 2016.
41.- INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Burundi : anatomie du troisième mandat, Bruxelles, 20 de mayo de 2016, p. 13.
42.- MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE, Communiqué de presse sur la criminalité récente, Bujumbura, 29 mayo 2016. Antes, el gobierno había calificado los atentados y asesinatos como actos terroristas perpetrados por elementos del movimiento golpistaAuparavant, (REPUBLIQUE DU BURUNDI, Réunion du Conseil National de Sécurité. Communiqué de presse, Bujumbura, 21 diciembre 2015, p. 2).
43.- «Du plan ‘kamwe kamwe’ contre les officiers hutu à leur diabolisation, une opération médiatique sophistiquée», Ikiriho, 19 abril 2016, p. 2.
44.- El 1 de junio de 2016, por ejemplo, el Presidente Nkurunziza ha lanzado un ultimatum a los “malhechores” activos en el municipio de Mugamba (al sur del país) dándoles quince días para rendirse y para entregar las armas («Le Président :’Vous avez 15 jours pour vous rendre’», IWACU, 2 junio 2016) (http://www.iwacu-burundi.org/le-president-vous-avez-15-jours-pour-vous-rendre/, web visitada el 3 de junio de 2016).
45.- Algunas desapariciones van seguidas de peticiones de rescate dirigidas a los miembros de las familia de la víctima, lo que significa un peligro de ‘privatización’ y de ‘comercialización de las violaciones de los derechos humanos.
46.- Ver entre otros: COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L’HOMME, Rapport Annuel. Edition 2015, Bujumbura, 2016; los boletines de SOS Torture (consultar en:https://www.uantwerpen.be/en/rg/iob/centre-great-lakes/dpp-burundi/conflit-arm-/organisations-non-go/, web visitada el 7 junio 2016); HUMAN RIGHTS WATCH, Burundi: les enlèvements et les meurtres sèment la peur, 25 febrero 2016 ; COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, Rapport de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur sa mission d’établissement des faits au Burundi. 7 au 13 décembre 2015, Addis-Abeba, mayo 2016 ; AMNESTY INTERNATIONAL , Burundi: suspected mass graves of victims of 11 December violence, Londres, enero 2016.
47.- COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L’HOMME, op. cit., p. 45.
48.- http://data.unhcr.org/burundi/regional.php#_ga=1.199008111.1394668873.1464946794 (web visitada el 3 de junio 2016).
49.- OCHA, Burundi: Humanitarian Snapshot, 3 Junio 2016 (http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/snapshot_burundi_20160605.pdf, web visitada el 6 de junio 2016).
50.- Intercambios con investigadores locales.
51.- COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, op. cit.
52.- NATIONS UNIES, CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Rapport du Conseil des droits de l’homme sur sa vingt-quatrième session ordinaire, A/HRC/S-24/2, 9 mayo 2016, p. 6.
53.- COUR PENALE INTERNATIONALE, Declaración de la Fiscal de la Corte penal internacional, Sra. Fatou Bensouda, a propósito del examen preliminar iniciado en el marco de la situación en Burundi (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-25-04-2016&ln=fr, visitada el 2 junio 2016).
54.- NINDORERA, W., “Chronique d’une crise annoncée”, dans: REYNTJENS. F. et al., op. cit., p. 7.
55.- Entre el 11 y 14 de abril de 2016, la web Burundi-24, cercana al gobierno , reconstruyó, en seis etapas, este complot y concluyó que el conflicto en Burundi «est entre l’Occident (plus dans la moindre mesure le Rwanda) et le pouvoir de Nkurunziza. […] Faut-il alors négocier avec les Occidentaux? Ou faut-il résister?» (http://www.burundi-24.com/analyse/conclusion-que-faire-face-%C3%A0-ces-multiples-complots-des-occidentaux-contre-le-pouvoir-dehttp://www.burundi-24.com/analyse/conclusion-que-faire-face-%C3%A0-ces-multiples-complots-des-occidentaux-contre-le-pouvoir-de, web visitada el 3 de junio de 2016, suspendida a finales de junio).
56.- En un twit del 6 de junio de 2016, el representante permanente de Burundi en la UNO clarificó lo que, según él, constituye la verdadera motivación de este cambio de régimen en Bujumbura: : «Le changement de régime au #Burundi visait en amont la RDC. @pnkurunziza a refusé de cautionner l’invasion de la #RDC en vue de sa partition»
57.- El Consejo de seguridad efectivamente pide que haya “un diálogo inter-burundés verdadero e iclusivo que incluya a todas las partes implicadas pacíficas concernidas” (NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, Résolution 2248 (2015), S/RES/2248, 12 noviembre 2015, párrafo 3).
58.- UNION AFRICAINE, CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE, Communiqué, PSC/PR/COMM.(DLXV), 17 diciembre 2015, p. 4.
59.- MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, Lettre à Mme la Présidente de la Commission de l’Union africaine, 23 février 2015, p. 2 (https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2673/files/Burundi%20DPP/conflit/gob/GOB231215.pdf, web visitada el 6 de junio 2016).
60.- Otro elemento de la decisión del CPS, que, a nuestro entender, no fue llevado a la práctica fue el establecimiento de una lista de actores burundeses que debían ser objeto de sanciones (UNION AFRICAINE, CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE, op. cit., p.6).
61.- Para una perspectiva ruandesa de la tensión entre los dos países, ver la crónica política de Ruanda de Filip Reytjens en este Anuario.
62.- BUREAU CHARGE DE LA COMMUNICATION A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, op. cit., p. 3. Hay que añadir varios comunicados del CNDD-FDD así como declaraciones de dignatarios burundeses. El título del comunicado del 26 de marzo de 2016 es muy expresivo: «Paul Kagame veut exporter le génocide au Burundi».
63.- “Editorial: Burundi’s provocation must be condemned”, The New Times, 31 March 2016.
64.- UNITED NATIONS, SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 1533(2004) CONCERNING THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, Letter dated 15 January 2016 from the Coordinator of the Group of Experts on the DRC addressed to the Chair of the Committee, 15 enero 2016, p. 3-4.
65.- CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA REGION DES GRANDS LACS, Final Communiqué, 25 septiembre 2015, p. 3.
66.- CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE ET COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE, Lettre au Président Pierre Nkurunziza, Bruxelles, 14 mars 2016, Annexe, p. 2 (https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2673/files/Burundi%20DPP/conflit/oig/EU140316lettre.pdf, web visitada el 7 de junio 2016).
67.- REPUBLIQUE DU BURUNDI, Communiqué du gouvernement, 15 marzo 2016, p. 1 (https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2673/files/Burundi%20DPP/conflit/gob/GOB150316.pdf, web visitada el 7 de junio 2016).
68.- CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, Décision 2015/1763, 1 de octubre 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-EN/TXT/?uri=CELEX:32015D1763&from=EN, web visitada el 7 de junio 2016). Las mismas personas fueron objeto de sanciones adoptadas por Suiza en noviembre. Igualmente, fueron impuestas sanciones individuales impuestas por EEUU en noviembre y diciembre de 2015 y en junio de 2016. Fueron objeto de sanciones americanas: Alain Guillaume Bunyoni (ministro de la seguridad pública); Godefroid Bizimana; Godefroid Niyombare y Cyrille Ndayirukiye (los dos líderes principales de la tentativa de golpe de Estado del 13 de mayo de 2015); Gervais Ndirakobuca, Leonard Ngendakumana, Mathias Joseph Niyonzima, Alexis Sinduhije (presidente fundador del partido MSD, sancionado por haber apoyado activamente la rebelión armada en Burundi – https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl0310.aspx, web visitada el 7 de junio 2016), Marius Ngendabanka (comandante de la primera región militar), Edouard Nshimirimana (FOREBU) e Ignace Sibomana (Jefe de la información militar). En lo relativo a las sanciones americanas en el ámbito de la cooperación, desde el 1 de enero de 2016, Burundi ya no es beneficiario del African Growth and Opportunity (AGOA).
69.- http://www.decroo.belgium.be/fr/la-coop%C3%A9ration-belge-au-d%C3%A9veloppement-suspend-une-s%C3%A9rie-d%E2%80%99interventions-au-burundi-et-arr%C3%AAte, web visitada el 7 de junio 2016.
70.- CNDD-FDD, Communiqué n° 38/2015, 28 octubre 2015. Louis Michel, antiguo ministro de asuntos extranjeros, era apuntado especialmente en el comunicado.
71.- CNDD-FDD, Déclaration du Président du CNDD-FDD Pascal Nyabenda, 10 noviembre 2015. Ver también CNDD-FDD, Communiqué n°42 /2015, 19 noviembre 2015 y Communiqué n°43/2015, 24 noviembre 2015.
** Desde África Fundación Sur deseamos agradecer el esfuerzo de Ramón Arozarena por dar a conocer a conocer la actualidad de Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo a través de su trabajo desinteresado de traducción al castellano de la obra de investigación coordinada por el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Amberes, Filip Reyntjens.
[Fundación Sur]
