La reciente denuncia de ataques armados en tres localidades del norte de Burkina Faso (Djibo, Arbinda y Kelbo) por parte de fuerzas locales [1] evidencia el agravamiento de una crisis multidimensional que combina violencia yihadista, enfrentamientos intercomunitarios y un Estado colapsado. Estos ataques, atribuidos a grupos armados no identificados, reflejan la incapacidad del gobierno y de la comunidad internacional para contener una espiral de violencia que ya ha desplazado a más de 2 millones de personas (ACNUR, 2024).
Burkina Faso se ha convertido en el nuevo epicentro de la violencia en el Sahel tras el repliegue francés y el fracaso de las estrategias antiterroristas regionales. Desde 2015, el país ha pasado de ser un territorio estable a un campo de batalla donde operan grupos yihadistas como Ansarul Islam, el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) y la rama de Al-Qaeda (JNIM), que compiten por el control de rutas de tráfico y zonas rurales [2]. A estos se suman las milicias de autodefensa, como los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), acusados de ejecuciones extrajudiciales [3], así como los intereses extranjeros, con la creciente presencia militar de Rusia (a través del Grupo Wagner) y Turquía, mientras Occidente reduce su influencia (AFP, 2024). Un dato alarmante es que el 40 % del territorio burkinés está fuera del control del Estado (UNSG Report, 2024).
Los ataques en Djibo, Arbinda y Kelbo presentan patrones distintos pero responden a una lógica de terror contra los civiles. En Djibo, ciudad sitiada desde 2022, el ataque (con al menos 50 muertos) podría haber sido una represalia por la resistencia civil a los yihadistas. En Arbinda, se repite el modus operandi del EIGS, con ataques selectivos contra funcionarios locales y escuelas. En Kelbo, la masacre muestra características de limpieza étnica (mayoría fulani), lo que sugiere la participación de las milicias progubernamentales. Un patrón común es que ningún grupo ha reclamado la responsabilidad de los ataques, táctica que evita la presión internacional.
Las consecuencias van más allá de las cifras de muertos. Burkina Faso supera ya a Malí en el número de desplazados internos, con 1.9 millones de personas (10 % de su población) (ACNUR, 2024). Además, el 60 % de las zonas afectadas son inaccesibles para ONGs (OCHA, 2025), exacerbando la inseguridad alimentaria. El colapso educativo es otro drama, con cerca de 6.000 escuelas cerradas y medio millón de niños sin escolarizar (UNICEF, 2024).
La comunidad internacional ha optado por estrategias ineficaces. La retirada militar de Francia y la UE ha dejado un vacío de seguridad sin capacidades locales efectivas. En el ámbito diplomático, el Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado por tensiones entre Rusia y Occidente. A esto se suma la ayuda insuficiente: solo el 30 % de los fondos humanitarios para 2024 han sido cubiertos (Financial Tracking Service, 2025).
Burkina Faso encarna el fracaso de las estrategias antiterroristas globales. Para evitar una catástrofe mayor podrían ser requeridos varias tipos de acciones tales como la presión sobre los actores externos como Rusia, Marruecos y Emiratos, acusados de financiar mercenarios; un mayor diálogo con los actores locales, incluyendo líderes tradicionales y organizaciones de la sociedad civil; así como la creación de un nuevo marco legal internacional que obligue a rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad en el Sahel. Es posible que sin poner en marcha estas medidas la región podría seguir sumida en un ciclo de violencia sin fin.
Javier Moisés Rentería
Notas:
[1] Europa Press. (2025, 5 de abril). Residentes locales denuncian masacres en tres poblaciones del norte de Burkina Faso.
[2] International Crisis Group. (2023). Burkina Faso: Avoiding the Abyss (Report N°345).
[3] Human Rights Watch. (2024). Burkina Faso: Army and Militia Atrocities Against Civilians.
[CIDAF-UCM]
