“El gobierno de Liberia debe aprender algunas duras lecciones acerca de la renegociación de la Compañía más grande del mundo planta de caucho”, según la organización Global Witness y la Fundación Save My Future, SAMFU.
En un comunicado emitido sobre el análisis de la renegociación del contrato entre Firestone y el gobierno de Liberia, los grupos afirman que el análisis recomienda algunas acciones para que el gobierno de Liberia tenga en cuenta en futuras negociaciones.
Según el comunicado, el contrato fue firmado en primer lugar por el gobierno de transición de Liberia, en 2005, compuesto por antiguos enemigos en la guerra, a pesar del hecho de que al anterior le quedaban todavía 20 años de vigencia.
“entonces el actual gobierno de Liberia lo canceló en 2006, lo revisó, y finalmente los ratificó en 2008, después de tan sólo dos días de consultas públicas a las dos cámaras legislativas.
El grupo asegura que lo preocupante en el nuevo contrato es que la compañía matriz de Firestone en los Estados Unidos, ya no forma parte del contrato, y esto significa que si el contrato se rompe, será mucho más difícil para el gobierno de Liberia buscar una reparación por parte de la compañía matriz.
Los grupos señalan que el nuevo contrato contiene una clausula de confidencialidad que da tanto a la compañía como al gobierno un ámbito considerable para mantener en secreto determinada información, y aquí se podría incluir los pagos al gobierno.
“Esto va en contra de las mejores prácticas establecidas por iniciativas internacionales como la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas, de la cual Liberia es país signatario”, señala el comunicado.
“los pagos efectuados por las compañías de recursos naturales a los gobiernos deberían ser transparentes para asegurar que los beneficios generados se utilizan para crear un desarrollo sostenible en Liberia.
“Esto es una gran victoria de Firestone”, asegura Seema Joshi, de Global Witness, y añade que la capacidad del gobierno de regular el asunto para interés público ha quedado muy restringida.
“El gobierno no puede alterar la tasa de impuestos o los alquileres que se cobran a la compañía. Es imposible imaginar a un gobierno con poder de negociar mostrándose de acuerdo con esto”, insiste Joshi.
Además señalan en el análisis que la tercera parte de los derechos no está reconocida en el contrato. Por tanto, la gente local como los empleados y sus familias no tienen ningún derecho para demandar a la compañía que cumpla sus obligaciones contractuales, como el abastecimiento de agua, cuidados médicos y educación gratuita.
“El gobierno de Liberia necesita aprender algunas lecciones de la debilidad de este contrato, para asegurar un mayor beneficio para sus ciudadanos en futuras negociaciones de contratos”, asegura Robert Nyahn, de SAMFU.
Por su parte, Firestone asegura que esta es una situación en la que todos ganan y asegura que es beneficioso tanto para el gobierno de Liberia, como para los empleados como para Firestone.
(The Inquirier, 17-11-08)
