Tras cuatro años de inercia electoral y un proceso de democratización atascado, la RDC prepara sus segundas elecciones en un clima de urgencia y de calendario resbaladizo. Los partidos de la oposición tratan de unirse, hasta ahora sin éxito, y al contrario que en 2006, la comunidad internacional no pilota el proceso electoral. Las autoridades congoleñas se enfrentan a un dilema: respetar los plazos electorales o hundirse en un periodo de inconstitucionalidad del poder. El único medio de salir de esta situación consiste en acelerar la preparación de los escrutinios y negociar el calendario electoral de socorro y un acuerdo político para un periodo de transición inevitable.
Garantizar elecciones transparentes e inclusivas y un proceso electoral seguro, es una prioridad que exige un compromiso fuerte por parte de la Naciones Unidas. Si no se tomasen esas medidas, los socios internacionales deberían descomprometerse del proceso para no avalar algo profundamente viciado.
Lejos de significar una consolidación democrática, las elecciones en el mejor de los casos constituyen un problema logístico y en el peor, una nueva causa de desestabilización; tanto más cuanto que el país sigue sin estar completamente restablecido de la guerra que ha marcado el fin de la época de Mobutu y su desenlace.
El partido del presidente Joseph Kabila ya ha entrado en campaña, mientras la oposición busca “su campeón” para la carrera presidencial. Los motivos para la inquietud no sólo son logísticos. A primeros de año un cambio constitucional, suprimiendo la segunda vuelta ha transformado la competición favoreciendo al presidente saliente. Pueden darse otros cambios en el mismo sentido en provecho del partido dominante. Las intimidaciones contra los opositores han comenzado. A pesar de la integración de algunos grupos armados en las fuerzas gubernamentales congoleñas, la inseguridad es lo que prevalece en los Kivus, mientras se producen incidentes no explicados, incluso un intento de golpe de Estado, en el oeste.
Los preparativos técnicos van con retraso. No están preparados ni la ley electoral, ni la lista de electores ni el presupuesto. La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), puesta en pie con un año de retraso, ha iniciado una verdadera carrera contra reloj. La inscripción de los electores ya está siendo controvertida, la financiación del ciclo electoral está incompleta y el calendario electoral, que solo respeta parcialmente los plazos constitucionales, es problemático.
El protagonismo de la comunidad internacional es mucho más limitado que en 2006, cuando organizó, financió y garantizó todo el proceso electoral. No obstante, provee todavía el 40% de la financiación, aporta una asistencia técnica y mantiene alrededor de 17.000 soldados de la ONU en el país. Teniendo en cuenta el riesgo de ilegitimidad de las elecciones, de fraudes y de violencias, la comunidad internacional no debería quedarse en segundo plano, sino, más bien, hacer comprender a los políticos congoleños que un aplazamiento de las elecciones sería preferible a unas elecciones hechas a prisa y corriendo.
La comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU y el conjunto de los donantes de fondos, debería hacer presión claramente sobre las autoridades congoleñas para que pongan en marcha las medidas esenciales y apliquen los mismos estándares que en 2006. Desde esta perspectiva, es preciso un aumento del compromiso político así como el nombramiento de un Enviado especial por parte de los EEUU, Francia y la UE; el Representante especial del secretario general de la ONU (RSSG) tiene que ejercer un rol esencial. Todo ello a fin de no encontrase atrapados en la trampa de un proceso sesgado que podría derrapar en violencia, a semejanza del que recientemente ha experimentado Costa de Marfil. La asistencia financiera y técnica debería ser otorgada en función de un seguimiento constante y preciso de la libertad de hacer campaña electoral, del respeto al pluralismo político, del acceso a los media nacionales, del dialogo de las autoridades con la CENI, así como de las oportunidades para la Sociedad Civil de llevar a cabo libremente su propio monitoring del proceso electoral.
Los políticos congoleños y la comunidad internacional deberían, ya desde ahora, anticipar la posibilidad bien real de que el plazo constitucional del 5 de diciembre no pueda ser respetado. Negociar un acuerdo con la oposición, establecer un nuevo plazo para la organización de las elecciones y limitar las responsabilidades del gobierno a los asuntos corrientes durante el periodo de transición no garantizarán elecciones libres y transparentes. Sin embargo, ello permitiría evitar que un eventual aplazamiento inconstitucional de las elecciones abra una crisis de legitimidad.
RECOMENDACIONES
Al Gobierno congoleño:
1) Que todos los funcionarios presten juramento de neutralidad y lo respeten.
2) Transferir inmediatamente fondos a la CENI.
3) Pagar a los agentes de la policía.
A la mayoría y a la oposición:
4) Negociar un nuevo calendario electoral ante la eventualidad muy probable de un aplazamiento de las elecciones y negociar un acuerdo de transición que establezca un nuevo plaza electoral para esas elecciones y limite la acción del gobierno a la gestión de los asuntos corrientes durante este periodo de transición.
5) Firmar solemnemente en una ceremonia pública un código de buena conducta, promoviendo el respeto de las libertades públicas, prohibiendo los llamamientos al odio, obligando a los candidatos a contestar los resultados únicamente por las vías legales y prohibiendo todo acto de violencia contra los candidatos vencidos y sus militantes.
6) Establecer un comité de vigilancia de la aplicación de este código, compuesto por representantes de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, misión de la ONU (MONUSCO), que evaluarán conjuntamente el respeto del código de buena conducta.
7) Crear un comité inter-partidos para establecer un diálogo entre las formaciones políticas durante todo el proceso electoral.
A la Comisión electoral nacional independiente (CENI):
8) Garantizar la transparencia de las elecciones:
a) publicando las listas de electores en las circunscripciones y en Internet; auditarla y publicitar ampliamente el procedimiento de contestación de las listas electorales.
b) garantizando la libertad de acceso de los observadores internacionales, de la sociedad civil y de los observadores de los partidos en los centros de registro, centros de voto y centros de recuento de resultados.
c) haciendo públicos los resultados inmediatamente después del recuento de los votos en los centros y en Internet.
d) creando un comité permanente de consulta entre el CENI y los partidos políticos.
e) reprimiendo de manera sistemática cualquier acto de corrupción.
f) aceptando una auditoria financiera por una auditoria internacional de prestigio después de las elecciones.
g) estableciendo un procedimiento estandarizado para contestar los resultados, alargando el periodo para la contestación y publicando los resultados por centro de voto.
Al Parlamento:
9) Garantizar que el proceso electoral favorece la participación del conjunto de electores y de tendencias políticas:
a) dando el derecho al voto a la diáspora.
b) limitando las fianzas de candidatura de tal modo que no exceda el doble de las cantidades exigidas en 2006 y haciendo que esta cantidad sea reembolsable para los candidatos que hayan obtenido un resultado superior al 10% de los votos.
c) no estableciendo nuevos criterios de elegibilidad para los candidatos a las presidenciales.
d) haciendo obligatoria la presentación de las cuentas de la campaña.
A la Sociedad civil:
10) Hacer el seguimiento del conjunto de proceso electoral y aumentar la participación ciudadana:
a) organizando plataformas provinciales
b) estableciendo un centro de contabilidad de los resultados
c) llevando a cabo campañas de educación cívica antes del escrutinio y haciendo un estudio sobre la satisfacción de los electores con el apoyo técnico y financiero de los socios internacionales.
A la comunidad internacional y especialmente a las Naciones Unidas, Unión Africana, Unión Europea y a los países financiadores de las elecciones:
11) Insistir ante las autoridades congoleñas para que sean puestas en práctica las medidas esenciales para garantizar la transparencia y la participación del conjunto de los electores y de las tendencias políticas en el proceso electoral, sin lo cual los socios internacionales se desentenderán totalmente de este proceso.
12) Apoyar técnicamente y financieramente una campaña de educación cívica y de las formaciones para los representantes de los partidos políticos.
13) Evaluar el proceso electoral:
a) enviando misiones amplias de observación.
b) auditando el fondo común gestionado por el PNUD.
c) nombrando enviados especiales para la región de los Grandes Lagos.
14) Reforzar el rol de las Naciones Unidas en el proceso electoral y apoyar la seguridad en las elecciones:
a) dando un mandato claramente a la misión de la ONU en RDC para que ejerza una función de buenos oficios en previsión de dificultades pre y postelectorales. Para ello, un equipo de expertos debería asistir al RSSG y ser desplegado en las oficinas de la misión de la ONU a través de la RDC.
b) dando un mandato claro a la misión de la ONU para que dé alertas precoces sobre tensiones electorales y planifique escenarios de seguridad.
c) formando a policías congoleños en el mantenimiento del orden público.
d) desplegando tropas en el oeste del país.
Kinshasa/Nairobi/Bruxelles, 5 de mayo de 2011.
(Rapport Afrique nº 175, Internacional Crisis Group 09-05-2011)
Traducido por Ramón Arozarena.
