La violencia policial, la persecución, las detenciones arbitrarias y las violaciones cometidas en una operación de seguridad destinada a expulsar de Congo-Brazzaville a decenas de miles de ciudadanos de la República Democrática del Congo el año pasado fueron parte de una serie de ataques generalizados que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
La organización pide que se paralicen todos los planes actuales de expulsión masiva de extranjeros de la República del Congo y que se permita el regreso de todas las personas expulsadas ilegalmente si así lo desean.
Operation Mbata ya Bakolo: Mass expulsions of foreign nationals in the Republic of Congo documenta una serie de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad congoleñas y otros entre abril y septiembre del pasado año. Durante este periodo, al menos 179.000 ciudadanos de la RDC, muchos de ellos refugiados y solicitantes de asilo, fueron detenidos arbitrariamente y obligados a salir de la República del Congo (Congo-Brazzaville).
“La operación ‘Mbata ya Bakolo’ se caracterizó por ataques generalizados que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad”, afirmó Evie Francq, investigadora sobre la RDC de Amnistía Internacional.
“Nuestra investigación incluye numerosos testimonios que muestran que, en el apresuramiento por detener a ciudadanos de la RDC, la policía usó a menudo la fuerza excesiva, practicó detenciones arbitrarias, extorsionó dinero y bienes, destruyó propiedades y, en algunos casos, incluso violó a mujeres y niñas. Hasta la fecha, parece que no se ha realizado ninguna investigación o enjuiciamiento criminal. La República del Congo tiene la clara obligación de llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales de los crímenes de derecho internacional.”
Expulsiones masivas
La operación “Mbata ya Bakolo” (“bofetada de los ancianos” en lengua lingala) fue una respuesta de seguridad en gran escala al aumento percibido de la delincuencia, del que las autoridades de la República del Congo culpaban a miembros de kuluna (bandas de delincuentes) de la vecina RDC. Oficialmente, la operación estaba dirigida contra los “migrantes ilegales”, pero en la práctica, el objetivo fueron los ciudadanos de la RDC, con independencia de su condición migratoria.
Durante la operación, llevada a cabo entre abril y septiembre de 2014, las devoluciones forzosas de solicitantes de asilo y refugiados fueron habituales, lo que conculca el derecho internacional. Se produjeron expulsiones en todo el país, y se registraron llegadas de ciudadanos de la RDC en 33 puestos fronterizos. En Brazzaville, tras detener arbitrariamente a los ciudadanos de la RDC, la policía los llevaba al puerto conocido como The Beach (La Playa), el principal punto de la ciudad para cruzar la frontera hacia Kinshasa, en la RDC, en la otra orilla del río Congo.
Jacqueline (nombre ficticio), ciudadana de la RDC que vivía en Brazzaville desde 2009, contó a Amnistía Internacional la arbitrariedad con que se hicieron las redadas:
“El viernes 2 de mayo [de 2014] estábamos en casa, en el barrio de Moungali de Brazzaville, cuando llegaron a nuestra casa el jefe del barrio y la policía. Nos dijeron que todos los que eran de la RDC tenían que marcharse […] Somos legales en Brazzaville, pero se negaron incluso a mirar nuestros documentos de identidad. Tomamos algo de ropa y nos obligaron a subir a un barco a Kinshasa. Estoy aquí ahora con cuatro niños y vivimos en la calle. Ahora estamos abandonados. Estamos en peligro aquí.”
Casi la mitad de las 112 personas a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que habían sido detenidas arbitrariamente, algunas varias veces, durante la operación.
El miedo a la violencia policial y a la creciente xenofobia indujo a muchas otras personas a volver a la RDC por iniciativa propia. Marie (nombre ficticio), ciudadana de la RDC de 35 años, habló a Amnistía Internacional de las condiciones inhumanas de hacinamiento en The Beach mientras esperaban a salir hacia la RDC:
“Estuve dos días en The Beach antes de salir [a la RDC]. En esos dos días hubo niños que murieron e incluso mujeres dando a luz en el lugar. Yo misma vi un parto. El bebé murió de asfixia. Dormía fuera con mis cuatro hijos y había mucha gente. La policía los aplastaba y empujaba. Y aunque el barco era gratuito, nos pidieron dinero para dejarnos subir. Le di 40 dólares estadounidenses a un policía para subir al barco.”
Violencia y violaciones
Además de extorsionar a ciudadanos de la RDC dinero o pertenencias, los sobrevivientes también contaron que las fuerzas de seguridad de la República del Congo emplearon la violencia física, incluida la violación, para humillarlos e intimidarlos.
Una madre de 21 años explicó cómo seis policías entraron en su casa a las 3 de la mañana y la violaron mientras estaba sola en la vivienda con su hija de cuatro años:
“Me quitaron la ropa y empezaron a violarme uno a uno. Cuando me opuse y traté de resistirme, me dijeron que iban a enseñarme cómo un brazzavillense trata a un zaireño [ciudadano de la RDC]: como a un perro. Uno de ellos me ató un brazo y el otro me hirió con un instrumento.”
Amnistía Internacional también documentó la violación de otras cuatro personas, una de ellas una niña de cinco años.
Xenofobia contra ciudadanos de la RDC
La policía de la República del Congo hizo un uso considerable de los medios de comunicación para difundir la operación “Mbata ya Bakolo”, interviniendo en la radio y la televisión y usando megáfonos para animar a la población en general a detectar la presencia de “hogares de delincuentes”. Algunos artistas compusieron canciones que incitaban a la discriminación e incluían letras como: “los ngala [extranjeros o ciudadanos de la RDC] ya están marchándose a su casa, salvemos nuestros puestos de trabajo y dejemos que se marchen.”
Como consecuencia, la xenofobia fue generalizada y los ciudadanos de la RDC sufrieron amenazas, acoso y hostigamiento por parte de sus vecinos y de la gente en la calle. Perdieron sus trabajos y la capacidad para mantenerse y mantener a sus familias. Algunos se vieron obligados a dormir en la calle tras ser desahuciados de sus casas después de que la policía impusiera una multa de 600 dólares estadounidenses a los arrendadores que tuvieran “arrendatarios ilegales”.
Una solicitante de asilo de la RDC, madre de nueve hijos, dijo a Amnistía Internacional:
“Me amenazaron en el mercado diciendo: ‘Vamos a ocuparnos de ti, ya verás.’ Los vecinos dicen que están hartos de nosotros, nos tiran piedras y cortaron el suministro eléctrico de la casa. Nuestros hijos han dejado de ir a la escuela porque tenemos miedo de que se los lleven y los envíen de vuelta a Kinshasa.”
“Ante esta xenofobia extendida alimentada por las autoridades, muchos ciudadanos de la RDC pensaron que no tenían más elección que marcharse de la República del Congo. El gobierno ha calificado estas salidas de ‘voluntarias’, pero en realidad son expulsiones disfrazadas y una violación del derecho internacional. Las autoridades deben poner fin a toda la discriminación oficial y abordar urgentemente las actitudes xenófobas en la sociedad en general”, manifestó Evie Francq.
Nuevo objetivo: los ciudadanos del África Occidental
A Amnistía Internacional le alarma también una nueva oleada de arrestos, detenciones y expulsiones, dirigidos ahora contra ciudadanos del África Occidental, que se inició el 14 de mayo de 2015 en la ciudad de Pointe-Noire.
“El gobierno de la República del Congo debe acabar inmediatamente con esta nueva fase de la operación y garantizar que no se repetirán las expulsiones masivas del año pasado”, concluyó Evie Francq.
Más información
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Fuente Amnistía Internacional
