Informe de International Crisis Group: Afrique N°165 16 nov. 2010
SINTESIS Y RECOMENDACIONES
El plan de resolución del conflicto en el Kivu, que consiste en privilegiar la solución militar, se ha demostrado que es un fracaso. Dos años después del inicio del acercamiento entre el presidente congoleño Joseph Kabila y su homólogo ruandés, los soldados gubernamentales siguen enfrentándose con los milicianos por el control de las tierras y de las zonas mineras. Aunque ninguna de las partes tiene realmente capacidad para ganar, ambas tienen recursos suficientes para prolongar la lucha. Al mismo tiempo, los civiles sufren violencias extremas y la situación humanitaria se deteriora. Las tensiones étnicas se han agravado ante planes de repatriación de decenas de miles de refugiados congoleños que huyeron a Ruanda durante los años 1990. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha observado cómo se degradaba la situación en el este del Congo, sin oponerse a las decisiones de Kagame y de Kabila.
Una estrategia basada en los compromisos presidenciales mantenidos en secreto no permitirá traer la paz al Kivu: el enfoque actual debe ser reevaluado y ampliado para implicar a todas las comunidades locales y preparar el futuro de la región, instaurando un diálogo transparente, concretamente con los países vecinos.
Durante el verano de 2008, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), un grupo rebelde congoleños dirigido entonces por el tutsi Laurent Nkunda y apoyado oficialmente por Ruanda, se retiró de un proceso de negociaciones iniciadas con el gobierno de la RDC. Esta nueva crisis que estalla en el Kivu-Norte desestabiliza las autoridades congoleñas y la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, llamada entonces MONUC. La comunidad internacional, preocupada por las consecuencias de una conquista de Goma, capital del Kivu-Norte, por parte del CNDP, multiplicó las iniciativas para evitar una escalada de la violencia que habría podido conducir a una confrontación entre Ruanda y la RDC.
En noviembre de 2008, para poner fin a la crisis de seguridad y política, el Presidente Kabila tiende la mano a su adversario tradicional, el presidente ruandés Paul Kagame. Sin recurrir a los mecanismos formales de mediación privilegiados por la comunidad internacional, los dos jefes de Estado negociaron rápidamente un acuerdo cuyo contenido sigue siendo secreto. La iniciativa congoleña sorprendió a la mayoría de los socios internacionales de la región de los Grandes Lagos. Sin embargo, estos últimos se quedaron aliviados cuando las discusiones sobre una intervención multinacional para estabilizar el Kivu acabaron bruscamente.
En el marco de su plan de resolución del conflicto en el Kivu, Kabila y Kagame trabajaron en adelante en la puesta en marcha de compromisos bilaterales. Ello implicó dos concesiones de importancia para Kabila. En primer lugar, se comprometió a responder a las exigencias políticas del CNDP que le ha causado las mayores dificultades en el pasado. En segundo lugar, aceptó lanzar operaciones militares que servían más a los intereses de quienes las llevan a cabo que lo que aportan como real protección de las poblaciones. El éxito de este plan, concretamente sus aspectos políticos y económicos, depende de la reacción de la población del Kivu ante la redistribución del poder a escala local y de la capacidad del ejército nacional congoleño (FARDC) para alcanzar los objetivos militares fijados por Kinshasa.
Las condiciones del acercamiento entre la RDC y Ruanda han modificado las relaciones de poder en las provincias del Norte y del Sur-Kivu. El general Nkunda fue detenido en enero de 2009 y sustituido por Bosco Ntaganda, un presunto criminal de guerra contra el que la Corte Penal Internacional ha emitido un mandato de arresto en 2006. El CNDP, fundado en su origen para defender los intereses de la comunidad tutsi, ha quedado integrado en el ejército nacional y se ha convertido en un importante componente del mismo. Su pliego de condiciones está en el centro del acuerdo concluido entre el gobierno congoleño y los grupos armados del Kivu. La nueva influencia adquirida por el CNDP inquieta al resto de comunidades que temen que ello les perjudique en las elecciones de 2011-2012.
Los límites del enfoque político-militar actual están claros. A pesar de tres operaciones sucesivas llevadas a cabo por el ejército congoleño, la situación humanitaria se deteriora en el Kivu y los actos de extrema violencia se multiplican. Las mujeres y las jóvenes sufren las consecuencias de la impunidad general y del entorno altamente militarizado, en el que la práctica de la violación es endémica. La población es víctima a la vez de las represalias de los rebeldes y de las violaciones impunes de los derechos humanos cometidas por los soldados congoleños.
El grupo rebelde hutu ruandés, las FDLR, resisten a las campañas de desarme forzado y firman alianzas con las milicias congoleñas que rechazan integrarse en el ejército nacional. Las FDLR han sido expulsadas de numerosos lugares mineros cuyo control tenían, pero esas minas siguen sin estar bajo el control de una autoridad legítima. Los disidentes ugandeses, ruandeses y burundesas buscan activamente apoyos en el Kivu y tratan de crear coaliciones armadas transfronterizas. Como respuesta, los signos de interferencias regionales en los asuntos del Kivu se multiplican.
La integración rápida de antiguos rebeldes, entre ellos la de presuntos criminales de guerra, en el seno del ejército nacional y su participación en operaciones militares mal planificadas, no han contribuido a resolver los conflictos en el este del Congo. Los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas a través de una puesta en marcha de una nueva política de condicionalidad ligada al apoyo de los cascos azules no han influido en el comportamiento de las tropas congoleñas. La credibilidad de la MONUC – bautizada MONUSCO en julio de 2010 – se ha visto afectada seriamente a causa de su incapacidad de proteger eficazmente a la población civil.
Durante este tiempo, las luchas por el poder en el ámbito local han comprometido todavía más el restablecimiento de un Estado de derecho en los Kivu. Los conflictos relativos a la propiedad de la tierra y las tensiones intercomunitarias se multiplicaron, exacerbados por los ciclos repetidos de desplazamientos de población. Siguen subsistiendo contradicciones entre el derecho consuetudinario y el derecho moderno y por ello los jefes tradicionales se oponen a las autoridades administrativas, que buscan poner en práctica el programa del CNDP. Las instituciones políticas provinciales se desgarran sobre un fondo de acusaciones de corrupción, lo que produce una crisis de la gobernanza local. A pesar de la intensificación de intercambios comerciales en las grandes ciudades fronterizas y del relanzamiento de las instituciones económicas regionales, sigue siendo incierto un desarrollo económico a largo plazo.
Estos factores, combinados, aumentan el riesgo de desintegración del ejército nacional, de enfrentamientos intercomunitarios y de desestabilización regional, por medio de la interferencia de actores extranjeros. Si el enfoque actual no es revisado y ampliado para incluir en él todas las comunidades de manera transparente, y si un nuevo impulso internacional no es inyectado, la población seguirá soportando el fracaso de las tentativas de establecer la soberanía del Estado en los Kivu.
RECOMENDACIONES
Al gobierno congoleño, a la MONUSCO y a los socios internacionales de la RDC
1. Suspender las operaciones militares ofensivas en el Kivu a la espera del despliegue de batallones formados por EEUU, China, Bélgica, Sudáfrica y Angola y:
a) desplegar estos batallones congoleños, en un primer momento, en los territorios de Masisi y Rutshuru a fin de garantizar la seguridad de la población, mientras el acuerdo del 23 de marzo de 2009 entre el gobierno y los grupos armados se pone en pleno funcionamiento; y ejercer presiones militares sobre las FDLR, gracias a un seguimiento y apoyo a estos batallones por parte de los socios internacionales;
b) focalizar inmediatamente los medios militares de la MONUSCO en la protección de las poblaciones; ayudar al ejército nacional en el control de los territorios abandonados por las FDLR; recuperar la confianza de la población congoleña, garantizando que las reglas del compromiso sean activamente puestas en marcha y prosiguiendo en los esfuerzos por detener a Bosco Ntaganda; y
c) lanzar una operación de integración repensada, combinada con un nuevo programa de desarme, desmovilización y reintegración /DDR) bajo control internacional, a fin de tratar el caso de todos los soldados que se hayan unido al ejército nacional desde enero de 2008, entre ellos los ex-CNDP y los rebeldes congoleños asociados a las FDLR; comenzar a reducir las tropas presentes en el Kivu de 60.000 a 21.000 soldados, de conformidad con el plan gubernamental de reforma del ejército de enero de 2010.
Al gobierno congoleño y al CNDP:
2. Poner en ejecución el acuerdo del 23 de marzo, concretamente:
a) renovando el mandato del Comité Nacional de Seguridad (CNS) que ha expirado en mayo de 2010, de manera que los socios internacionales puedan apoyar y seguir las actividades del CNS rindiendo regularmente cuentas de la puesta en ejecución de los compromisos tomados por cada parte; reemprender las discusiones sobre el reconocimiento de los grados de los oficiales de los otros grupos armados que se han integrado en las FARDC;
b) nombrando a personalidades del CNDP en las instituciones provinciales del Kivu-Norte, a cambio del desmantelamiento efectivo de las estructuras administrativas y fiscales paralelas del CNDP, bajo la vigilancia de la MONUSCO, que rendirá cuentas al CNS; deteniendo a Bosco Ntaganda.
c) confiando a los batallones del ejército nacional, formados por los socios extranjeros y la MONUSCO, la responsabilidad de asegurar la seguridad en los territorios de Masisi y Rutshuru;
d) impulsando que las tropas participantes en la operación “Amani Leo” se adhieran a un nuevo programa DDR, de suerte que todos los ex-CNDP se integren plenamente en el ejército nacional o en la policía o reinsertados en la vida civil; y
e) adquiriendo el compromiso de no implicarse en las actividades políticas y militares de disidentes extranjeros, entre ellas las del general ruandés Faustin Kayumba Nyambwasa.
A los gobiernos congoleño, ruandés y ugandés y al ACNUR
3) Supervisar y garantizar un entorno estable para el retorno de los refugiados al Kivu, concretamente:
a) procediendo, en acuerdo con el ACNUR, a un censo de refugiados sin-papeles que han regresado al Kivu desde el verano de 2009; lanzando un proceso de verificación de su nacionalidad y distribuyendo, sobre esta base, carnés de electores antes de las elecciones; relanzando el mecanismo de verificación conjunta RDC-Ruanda-Uganda, para contener la inmigración clandestina en los Kivu.
b) comenzando la repatriación de los refugiados de Ruanda y Uganda según las condiciones del ACNUR, incluyendo los retornos voluntarios y la seguridad de las zonas de regreso; los comités locales permanentes de conciliación deberían decidir sobre la base de criterios claros si las condiciones de seguridad están garantizadas para poder autorizar los retornos; las zonas consideradas por la MONUSCO como bajo control de una administración paralela no deberían formar parte de las zonas de potenciales retornos.
Al Gobierno congoleño:
4. Reforzar las capacidades de las instituciones a fin de favorecer la reconciliación intercomunitaria y la gestión de las diferencias, concretamente:
a) desarrollando competencias para gestionar los conflictos relativos a la propiedad de la tierra, incluyendo la creación de una comisión encargada de examinar los títulos de propiedad; reforzando Starec – la organización gubernamental congoleña encargada de los programas de estabilización – para que se convierta en un mecanismo permanente de resolución de conflictos; poniendo en práctica las resoluciones sobre la paz y la seguridad de la conferencia de Goma de 2008; dedicando los recursos adecuados, reclutando el personal suplementario por medio de un proceso de reclutamiento transparente;
b) reforzando los poderes de las instituciones provinciales, otorgándoles los recursos y la autoridad necesarios para responder a las necesidades locales; creando un marco legal y administrativo que permita tratar las cuestiones de la representación política de las minorías étnicas así como las incoherencias entre los derechos consuetudinario y moderno, y
c) organizando la celebración de una mesa redonda con las comunidades locales, las autoridades provinciales y los dirigentes nacionales, para definir reglas claras relativas a la atribución de puestos en el seno de la administración provincial; estableciendo un proceso consensuado para alejar las comunidades locales de los grupos armados; adoptando un código de conducta sobre el ejercicio de las actividades políticas en el Kivu.
A los presidentes congoleño, ruandés, ugandés y burundés:
5. Organizar una cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL) para:
a) Iniciar bajo la presidencia del Banco Africano de Desarrollo (BAD), discusiones políticas a nivel de jefes de Estado sobre cuestiones económicas, sobre temas relativos a la propiedad de la tierra, sobre movimientos de población, todo ello con el objetivo de crear una visión común mutuamente benéfica para el futuro de la región de los Grandes Lagos;
b) trabajar concertadamente para analizar el conjunto de las historias dramáticas de la región, de manera a favorecer la reconciliación entre congoleños y ruandeses;
c) adquirir el compromiso de no interferir en los esfuerzos legítimos de consolidación del Estado en el este del Congo.
Nairobi/Bruselas, 16 de noviembre de 2010
Traducción de Ramón Arozarena.
